La norma busca la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan. Quedó paralizada en la anterior legislatura con el adelanto electoral
Estatuto del Becario: ¿Qué es el “becariazo” y por qué el mundo académico está en contra?
El Ministerio de Trabajo ha reactivado la tramitación del proyecto de ley del Estatuto del Becario, que pretende dotar de derechos al colectivo y que quedó paralizado en la anterior legislatura con el adelanto electoral.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmó en junio de 2023 con los sindicatos UGT y CCOO el acuerdo para el estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, el conocido como estatuto del becario.
El acuerdo, del que se descolgó la patronal CEOE al considerar que no era adecuado sacar adelante una normativa con las Cortes disueltas, quedó pendiente de aprobarse por la diputación permanente del Congreso tras el adelanto electoral, algo que nunca ocurrió.
Además, el hecho de que el estatuto no contase con el beneplácito, no solo de la patronal, sino de los propios centros de formación llevó a hablar de “becariazo”. Desde las empresas y los centros de formación advierten de que la norma hará disminuir drásticamente la oferta de prácticas y dificultará aún más la inserción laboral de los estudiantes.
¿Qué busca regular?
La norma, cuya consulta pública previa se ha abierto ahora, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas, el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.
Los sectores implicados, como rectores, empresas o asociaciones de alumnos, han criticado la parálisis de esta normativa y la falta de diálogo desde el Gobierno. Ahora, podrán hacer aportaciones desde este miércoles y hasta el próximo 16 de octubre. Los sindicatos venían reclamando desde hace tiempo la aprobación de esta norma.
Proteger al becario y evitar el fraude
Según el texto sometido a consulta, esta norma busca proteger al becario, pero también evitar la eventual utilización de las prácticas formativas no laborales para encubrir fraudulentamente contratación laboral.
Un comportamiento que, además, supone “un fraude no solo para los derechos de las personas trabajadoras, sino también para los propios recursos del sistema de Seguridad Social”, apunta el texto.
