El Gobierno salva a los despedidos de este año del castigo que quiere imponer a la jubilación anticipada

La nueva reforma de las pensiones penaliza más a las personas con sueldos altos que se jubilen anticipadamente, como en los ERE de la banca

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ultima una reforma de las pensiones que reducirá la prestación inicial para los que se jubilen anticipadamente. Busca que la edad efectiva de jubilación se acerque a la fijada por ley. No obstante, Escrivá ha pactado con los agentes sociales que se salven los ERE de este año y no se les aplique esta reforma: los despidos de 2021 tendrán una cláusula de salvaguardia para que en ningún caso sufran un recorte mayor de la pensión cuando se jubilen antes de tiempo. Solo de grandes empresas hay en marcha expedientes que afectan a más de 35.000 trabajadores en sectores como la banca, el comercio y la automoción.

Varias personas con una pancarta en la que se lee: "Todos Somos Caixabank, no ERE", durante una concentración contra los despidos en la entidad, en las Torres Kio de Plaza de Castilla de Madrid, el 20 de mayo.

El acuerdo en pensiones está todavía pendiente del ajuste fino y de la redacción de los textos legales, que se cerrará probablemente la semana que viene en las negociaciones entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos. Sin embargo, fuentes conocedoras señalan que ya está consensuada una cláusula de salvaguardia para proteger a los trabajadores cuyos contratos se extingan este año y que puedan verse afectados más adelante por los nuevos coeficientes reductores al jubilarse antes. E incluso avanzan que la tabla de coeficientes reductores se suavizará de tal modo que, para las personas que accedan involuntariamente mes a mes, las reducciones sean menores de lo que había ahora. Y esto se presupone que abarcará a más trabajadores.

En la jubilación anticipada voluntaria se combinarán mayores penalizaciones con mejoras respecto a lo que había antes. E incluso para los que se empeora habrá cláusulas asegurando que solo se toquen colectivos con margen de maniobra y, en todo caso, habrá un periodo amplio de transición hasta la entrada en vigor plena de la norma.

Así, para el que se jubila estando en el trabajo con 63 años se penaliza más. Pero con 63 años y unos pocos meses ya puede mejorar la penalización dependiendo de los años cotizados. Con menos de 38 años y medio cotizados, a alguien que anticipa su retiro 24 meses le descontaban un 16%. Ahora será un 21%. En cambio, si ha cotizado más de 44 años y medio, la penalización será la misma.

En general, con los nuevos coeficientes, las jubilaciones voluntarias se penalizan más cuando quedan unos pocos meses para retirarse. Solo habrá recortes mayores que en la actualidad para los que anticipan la jubilación 23 o 24 meses antes de la edad legal, asegura una fuente de las negociaciones. La idea es conseguir retrasar la jubilación unos meses. En consecuencia, la reforma no va a suponer mucho ajuste, salvo para las bases máximas de cotización. Escrivá planteaba que las pensiones máximas apenas sufrían un recorte por jubilarse antes, debido a que la disminución se hacía sobre la base de cotización, que es más alta que la pensión máxima. Ahora se hará sobre la prestación y la reducción por tanto será mucho mayor. Con la legislación actual, si la adelantan dos años se reduce un 4%; con el nuevo esquema será un 21% si han cotizado menos de 38 años y medio.

ERE de sueldos altos

La pandemia y la digitalización están acelerando este año los ajustes de plantilla. Hasta el momento, según el recuento de EL PAÍS, las grandes empresas han anunciado estos meses expedientes de regulación de empleo que afectan a más de 35.000 trabajadores, de ellos 18.000 de la banca, un sector muy perjudicado por los bajos tipos y la digitalización y que cuenta con sueldos altos. Aquí se incluyen, entre otros, 7.800 de Caixabank, 3.500 del Santander y 3.400 del BBVA. También hay empresas como El Corte Inglés, con unos 3.200; Nissan, unos 2.500; Endesa, con 1.200, o Airbus con 1.000.

La casuística es muy variada dependiendo de la edad. Pero lo normal es que el asalariado primero agote los dos años de paro en los que el Estado le mantiene la cotización. Luego, cuando termina la prestación por desempleo, el trabajador firma un convenio especial con la Seguridad Social para poder seguir abonando la cotización, y normalmente ese acuerdo lo financia la empresa. Ya con 63 años se puede jubilar aplicando coeficientes reductores. Y si se acumulan 38 años cotizados se puede mantener el 100% de la prestación jubilándose a los 65 años y los meses que correspondan según va aumentando la edad legal de jubilación por la reforma de 2011. Con la legislación antigua, los coeficientes reductores para la voluntaria estaban entre el 13% y el 16% si el empleado se jubilaba dos años antes. Ahora se situarán entre el 13% y el 21%, dependiendo de los años cotizados.

Vía: https://elpais.com/economia