- El número de trabajadores afectados crece un 30% respecto al pasado marzo
- La falta de acuerdo entre CEOE, CCOO y UGT eleva la conflictividad
Una vez superada la crisis de precios que desató la invasión rusa de Ucrania en 2022, la relación entre los trabajadores y las empresas se había movido en un clima de calma generado por el acuerdo que alcanzaron CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en el que se emplazaron a subir los salarios al menos un 3% al año. La caducidad de este texto, conocido como AENC, se ha traducido en un repunte de la conflictividad laboral por el que se han cuadriplicado las solicitudes de huelga, según ha podido saber elEconomista.es.
En los tres primeros meses han llegado al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) hasta 29 convocatorias de huelga, cuatro veces más que las anotadas en los tres primeros meses de 2025 (7) y lo que representa un incremento interanual del 300%. Junto a las solicitudes crece el número de trabajadores afectados por estos procesos, que ascienden a 152.543, un 30% más que en las convocatorias del año pasado, como consecuencia de los problemas surgidos en la negociación de los convenios colectivos.
A lo largo de los últimos años, tanto la patronal como los sindicatos habían destacado el papel que estaba jugando este acuerdo marco que se firma a nivel nacional y fija unas pautas de negociación para todos los sectores y territorios a la hora de mantener la paz social en el ámbito privado, frente a la tensión registrada en las administraciones públicas. No obstante, han consumido el primer trimestre de 2026 sin ponerse de acuerdo para iniciar formalmente las conversaciones que permitan renovar el AENC.
Estas desavenencias se han trasladado a las mesas de negociación, según los datos consultados por este periódico y que recogen las solicitudes impulsadas hasta el 23 de marzo. Las discrepancias en la negociación (11), el incumplimiento de la normativa (8) y los salarios (4) motivan la convocatoria de la gran parte de movilizaciones impulsadas por los representantes de los trabajadores desde el mes de enero.
En el caso de las huelgas a escala nacional, los convocantes realizan una petición de mediación previa en el SIMA, la fundación que crearon CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para resolver de forma extrajudicial los conflictos laborales. En ese escrito, la representación de los trabajadores detalla por qué quiere llevar a cabo esta protesta y tras ello, se busca llegar a un acuerdo en un plazo de 72 horas tras el que se puede dar formalmente el preaviso a la empresa y a la autoridad laboral de que se va a convocar una huelga.
Este freno o bloqueo en la negociación colectiva también se deja entrever en la estadística de Convenios Colectivos que publica el Ministerio de Trabajo. A pesar de que los primeros meses del año no son los más representativos, los datos provisionales de febrero recogen que solo se han registro 28 pactos este año, frente a los 36 de 2025 o los 42 consolidados en 2024 para la misma fecha, lo que muestra una cierta ralentización en el número de convenios enviados al Registro y Depósito de Convenios Colectivos (REGCON).
CEOE señala a la propuesta del Gobierno para reducir la jornada a 37,5 horas como punto de inflexión en las conversaciones entre los representantes de las empresas, al comparar el dato de febrero con el de 2023 “antes de los planteamientos sobre reducción de jornada que ralentizaron la negociación colectiva”.
La propuesta de Yolanda Díaz fue acordada con los sindicatos, lo que la patronal consideró como una traición al AENC (en el que habían decidido no abordar esta materia) y usó como pretexto para alejar la posibilidad de sentarse a renovarlo. CCOO y UGT publicaron en enero sus demandas para el acuerdo que abarcaría hasta 2028 y denuncian no haber tenido contestación.
Fuentes empresariales y sindicales reconocen que en los últimos meses se han producido contactos discretos entre las organizaciones, de hecho, en el entorno empresarial apuntaron a que existía un cierto acercamiento que dinamitó la presentación de las líneas principales de los sindicatos.
Desde las organizaciones sindicales, se concluía que CEOE estaba en una posición de “negativa a todo” de tinte político y daban por sentado que la constitución de la mesa de negociación se desplazaría hasta la segunda parte del año. Todo ello antes del estallido del conflicto en Irán ha vuelto a sembrar la incertidumbre sobre la evolución de los precios y en consecuencia, sobre las referencias que se deben pactar para los salarios.
La semana pasada, la organización de Antonio Garamendi celebró una reunión a puerta cerrada para explorar el sentir del órgano de dirección sobre la renovación del AENC y medir las opciones de poder llegar a un acuerdo en un momento convulso en el plano económico y también político. Las fuentes consultadas aprecian margen para alcanzar un acuerdo que vaya más allá de las subidas salariales y amplíe el perímetro de negociación, como ya hizo el firmado en 2023.
Este V AENC, que caducó en el mes de diciembre sentó las bases para acuerdos del diálogo social como los protocolos LGTBI o el uso de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el tratamiento de las bajas de carácter común. En estas conversaciones, tanto los representantes de los trabajadores como los empresarios esperan que este marco vuelva a crecer. Los sindicatos demandan entrar en las consecuencias de las transiciones digital y ecológica para incrementar el control sobre el uso de la IA.
