Sánchez prolongará el paro industrial si las muertes continúan en ascenso

  • El Ejecutivo puede afrontar una oleada de demandas por su gestión
  • El presidente cambió de opinión en 24 horas, tras aplazar la decisión el viernes
  • Los empresarios piden que el Estado asuma el 75% del permiso retribuido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prolongará el parón de la industria si el ritmo de muertes por el coronavirus sigue en ascenso. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiso ayer pronunciarse sobre esta posibilidad, pero dejó claro que la intención del Ejecutivo es primar la vida de las personas por encima de los intereses particulares, una declaración que ha escocido en el ámbito empresarial, que considera que está cumpliendo sobradamente las recomendaciones sanitarias. Los empresarios, además, piden al Gobierno que asuma los costes del cierre.

Sánchez además ha dado un giro copernicano en su decisión de paralizar la industria en apenas 24 horas. La presión del número de muertes en nuestro país -que ya casi duplican las registradas en China con 6.528 casos frente a 3.304 del gigante asiático – y el creciente número de demandas judiciales por su gestión le ha llevado a cambiar de opinión y dar el cerrojazo a la industria. Sánchez votó en contra de una propuesta similar en el Congreso el miércoles y el viernes no aprobó el primer borrador de esta medida.

Este sábado por la mañana, tras alcanzarse un récord de fallecidos, que ayer domingo volvió a superarse, Sánchez tomó la decisión de paralizar la industria con un permiso económico retribuido desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril. El presidente convocó otro Consejo de Ministros y retrasó la reunión con los presidentes autonómicos para adelantarse a una medida que se esperaba que fuera estudiada este martes.

El parón industrial contaba con el apoyo de los ministros de Unidas Podemos, así como de los sindicatos, pero con el rechazo de casi todo los ministros económicos, a excepción del titular de Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que consideraban, al igual que las patronales, que el daño a la economía puede resultar muy difícil de recuperar, pero que ayer recibió la aprobación del Gobierno.

Las patronales rechazan la medida que sí tiene el apoyo de sindicatos

El Consejo de Ministros ha servido para aprobar una decisión que a lo largo de la semana ha suscitado el rechazo de muchas organizaciones. La primera en mostrarlo claramente fue Foment del Treballpero posteriormente lo hicieron CEOE y Cepyme.

La discusión sobre un cierre de actividad fue constante a lo largo de la semana, con el creciente número de casos infectados y el descontrolado aumento de fallecidos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, mantuvo un encuentro por vía telemática con los responsables de la CEOE para analizar los pasos que se podían dar en esta línea. Los industriales, en especial Confemetal, se oponían y pedían otro tipo de medidas de apoyo económico.

La Alianza para la competitividad de la industria, que aglutina a cerca de la mitad del PIB bruto español, emitió un comunicado en el que pedía seguir trabajando y que abarca a sectores tan potentes como el automóvil, las petroleras, el papel, la química, la alimentación, el ce-mento o la siderugia. Otros sectores, como el azulejero, iban incluso más allá y reclamaban la aplicación de medidas excepcionales para hacer frente a esta crisis.

Reclaman al Gobierno que compense el 75% del permiso retribuido por el parón

Los empresarios y los autónomos expresaron su malestar por el cierre masivo de compañías y alertaron de las consecuencias que tendrá para el empleo y la economía. Aunque comprenden las medidas de confinamiento para evitar los contagios, y ofrecen total colaboración, mostraron su malestar por las formas y también por el fondo de la iniciativa, además de reclamar nuevas ayudas para mitigar los efectos de las mismas.

Foment del Treball propuso que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable en caso de que las empresas no tengan la liquidez necesaria y durante el periodo que duren las limitaciones de movilidad a actividades no esenciales.

En un comunicado, insistió en que el Gobierno debe tomar nuevas medidas fiscales y criticó «la improvisación y precipitación» de las aprobadas este fin de semana, sin proporcionar el margen suficiente a las empresas para organizar y atender todas sus obligaciones con empleados, proveedores y clientes.

Para la patronal que preside Josep Sánchez Llibre, «difícilmente se podrá contar con la contribución de las empresas si, a la vez, no se acompañan medidas excepcionales, urgentes y temporales que promuevan la liquidez de las empresas» para que puedan afrontar los costes por la parada de la actividad y la caída de la facturación.

Foment del Treball reiteró que las compañías requieren la suspensión del pago del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones sociales, «porque eso representa capacidad de tesorería y liquidez».

Por su parte, La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme) señalaron que el parón hasta el 9 de abril va a generar un «enorme impacto sin precedentes» en la economía y reivindicaron que se acompañe de otras que eviten «una destrucción masiva de tejido empresarial y del empleo de manera definitiva». En un comunicado, las patronales alertaron de que el parón anunciado este pasado sábado ante la pandemia del coronavirus, «puede llevar a una crisis más profunda de la economía que podría llegar a ser social».

Desde el colectivo de los autónomos, su asociación ATA se pronunció en los mismos términos. Las medidas limitan «definitivamente» la movilidad en muchos sectores y «no aportan compensaciones a sus pérdidas», por lo que todo esto «llevará a los profesionales a la ruina».

La decisión ha sido tomada de manera unilateral y sin consenso, denuncia CEIM

ATA expuso que las empresas han acatado las propuestas sanitarias para acabar con el coronavirus, pero considera que reducir la movilidad aún más «va a ser una medida que va a generar un enorme impacto sin precedentes», especialmente en sectores como el industrial, a lo que la asociación suma el «desconcierto» entre los autónomos por las dudas de si pueden o no ejercer su actividad.

«Los autónomos están al límite y están esperando al martes -último día del mes- para que se les pase la cuota de autónomos y los seguros sociales de sus trabajadores», a pesar de tener «la cuenta a cero» y estar «sin posibilidad de hacer nada», lamentó.

«Somos conscientes de que hay que quedarse en casa, pero igual que se asegura el sustento del trabajador, deberían mirar por el mantenimiento de la actividad que crea ese puesto de trabajo. No pueden abandonarnos más», subrayó el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Las valoraciones de otras asociaciones regionales o sectoriales, por lo general, fueron similares. Los empresarios madrileños, agrupados en CEIM, recalcaron «la preocupación y malestar por la manera en que se ha llevado a cabo la decisión y la forma de trasladar a las los efectos de la misma», que «ha sido tomada, una vez más, de forma unilateral, sin el conocimiento y consenso previo»»

Los sindicatos, por su parte, reclamaban el cierre y, de hecho, así lo aplaudieron tras la aprobación por parte del Gobierno.

El Partido Popular ha asegurado que la medida llega tarde y Vox se queja de que no lo hubiera llevado al Congreso, dando otro golpe a la soberanía española. Desde hacía semanas, los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco o el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, habían pedido el cierre de toda actividad no esencial. El PNV, por su parte, está en contra de esta medida, que afecta notablemente a su industria. Ciudadanos pide claridad y garantías y Másmadrid considera que llega tarde.

Las UCI de seis comunidades autónomas están al límite

La decisión de Sánchez se produce en un momento de gran complicación de la crisis del coronavirus en España. Las UCI de seis comunidades autónomas están al límite y otras tres están creciendo rápidamente, tal y como ya predijo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades hace dos semanas sin tener en cuenta los problemas que se están registrando por falta de material y el número de infectados creciente entre los sanitarios por esta ausencia de medios.

Los problemas para el Gobierno, además, no dejan de crecer, ya que la gestión del presidente está ya en los juzgados. Las demandas presentadas crecen, con tres despachos encabezando estos movimientos: Lex Abogacía, Navarro & Larraiba Asociados y el polémico abogado Víctor Valladares, que ha presentado las primeras denuncias contra Pedro Sánchez.

Vía: https://www.eleconomista.es