El Estado ingresa un 20% más por el impuestos de hidrocarburos, cerca de 2.000 millones más hasta febrero, por encima de los 1.684 millones de euros perdidos con la rebaja de los impuestos de la electricidad
La polémica en torno a la adopción de medidas para hacer frente al impacto de la guerra está dividiendo a la clase política entre los proclives a rebajar los impuestos y el Gobierno y sus socios que se oponen a seguir disminuyendo los tributos. En medio de esta desavenencia los datos hasta el mes de febrero revelan que lo que está ingresando el Estado con el impuesto de hidrocaburos en pleno alza de los carburantes supera al coste de la extensión de la rebaja de impuestos de la luz.
La inflación está haciendo mella en el bolsillo de los españoles y en la cuenta de resultados de miles de empresas de múltiples sectores afectados por la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania, lo que está poniendo en la picota al Gobierno ante su actuación mediante el plan de choque para paliar los efectos, aunque el Estado se está viendo beneficiado en algo de la alta inflación: la recaudación está disparada.
En los dos primeros meses del año, marcados de lleno por la alta inflación, la recaudación tributaria se ha incrementado ni más ni menos que un 21,4%, hasta los 42.359 millones de euros, a pesar del impacto negativo de la extensión de las rebaja de impuestos de la luz, y después de haber cerrado un 2021 con récord recaudatorio de 223.382 millones de euros, tras repuntar un 15%.
Según se desprende del informe de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria, el Gobierno admite que parte de la mejora recaudatoria procede de esta tendencia inflacionista de los últimos meses, ya que en lo referido a los ingresos del IVA señala que «tanto en las declaraciones mensuales como en las trimestrales, y al margen de elementos puntuales, la intensidad que muestran todas las variables relacionadas con estos ingresos, como ventas, compras, gasto, refleja la aceleración de los precios y la mejora de la actividad en la parte final de 2021″.
Suben notablemente los ingresos de todos los grandes impuestos, tanto directos, como el IRPF(+9,4%, hasta 20.690 millones) o Sociedades por las menores devoluciones; como los indirectos, como el IVA (+20,5%, hasta 19.468 millones) y los Impuestos Especiales (+8,5%, hasta 3.194 millones).
Casi 2.000 millones de ingresos por el impuestos de hidrocarburos
Dentro de los impuestos especiales, el informe de la Agencia Tributaria muestra que el Estado ha disparado un 20,2% los ingresos por le impuestos de hidrocarburos, hasta alcanzar ya 1.936 millones de euros en pleno alza del precio de la gasolina y el gasóil. No obstante, hay que recordar que la recaudación de este tributo está en un 58% cedida a las administraciones territoriales. Así, del total, las administraciones territoriales han recibido 1.338 millones, mientras que el Estado se ha quedado con 598 millones.
La Agencia Tributaria recuerda que el año pasado esta figura acusó particularmente los efectos de la tormenta Filomena, de ahí el resultado en febrero, pero el nivel fue muy bajo, el menor desde mayo de 2021. «Las fuertes subidas de precios que están experimentado todos los productos es la causa fundamental de la atonía del consumo», añade.
Este nada despreciable aumento de la recaudación supera al coste que ha supuesto en los dos primeros meses del año la extensión de la rebaja de impuestos para abaratar la luz, que ha conllevado 1.684 millones de euros, 647 millones por la rebaja de tipos (332 por la bajada del tipo del IVA desde el 21% al 10% a, básicamente, los consumos domésticos, y 315 millones por la
disminución del tipo desde el 5,11% hasta el 0,5% en el Impuesto sobre la Electricidad) y 1.037 millones debidos a la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
Si se tiene el cuenta todo el periodo desde que estas tres medidas se pusieron en marcha, el impacto acumulado alcanza los 3.289 millones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifró el pasado jueves en la rueda de prensa de presentación de la ejecución presupuestaria de 2021 en unos 3.000 millones de euros el coste de la extensión de esta rebaja de impuestos hasta el 30 de junio, en el marco del plan de choque aprobado para hacer frente al impacto de la guerra, que podría alcanzar hasta los 12.000 millones en caso de extenderse la rebaja fiscal a todo el ejercicio.
Y todo ello con unos precios tanto de la electricidad (+80%) como de los combustibles (+25%) disparados como consecuencia de la guerra de Ucrania y el encarecimiento del gas, que de momento continuarán disparados hasta que el Gobierno adopte el límite al precio del gas y de la electricidad en el mercado mayorista una vez autorice Bruselas las medidas, y a expensas de lo que suceda finalmente con el alza del precio de venta del gas de Argelia a España tras el cambio de postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el Sáhara.
Margen fiscal con caducidad para prorrogar medidas
Por el momento el Gobierno cuenta con colchón presupuestario suficiente para afrontar el plan de choque de impacto contra la guerra al menos en el primer semestre y espera reconducir la inflación para no tener que prolongar mucho más las medidas, ya que aunque Montero afirma que el Gobierno está «en condiciones» de cumplir con el objetivo de reducir el déficit público al 5% del PIB, fuentes de Moncloa avisan ya de que una posible prolongación de las medidas o recrudecimiento de la crisis podría comprometer el margen existente y repercutir en las ya de por sí desajustadas cuentas públicas.
En concreto, Hacienda se vale del margen fiscal de alrededor de 19.500 millones de euros logrados con el menor déficit de 2021, ya que el año pasado cerró en 81.521 millones, el 6,76% del PIB, por debajo del 8,4% que estimaba el Ejecutivo, lo que le permitirá tener un colchón fiscal’ suficiente para hacer frente a los los 6.000 millones en ayudas directas y rebaja de impuestos, que tendrán reflejo a modo de mayor gasto o menores ingresos en los Presupuestos Generale, así como la línea de créditos de avales del ICO por 10.000 millones
Entre las medidas más destacada del plan de choque figuran una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos, un alza del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.
Algunas de las grandes partidas son las referidas a la bonificación del combustible, con un impacto presupuestario de 1.423 millones, o el acuerdo de ayudas para los transportistas por 1.000 millones, o las ayudas de 362 millones a agricultura y ganadería y 68 millones a la pesca.
A ello se suma el impacto presupuestario de 7.000 millones que el Gobierno estima que supondrá la bajada de impuestos de la luz hasta el 30 junio, que podría alcanzar hasta los 12.000 millones este año. Se prorroga la bajada del IVA del 21% al 10%, la suspensión del impuesto sobre generación del 7% y la bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%, así como la ampliación del bono social y del recorte temporal a los beneficios extraordinarios de las centrales de generación de gas no emisoras, y una reducción del 80% durante 2022 a más de 600 consumidores electrointensivos, entre otras.
Es decir, a los 16.000 millones de euros se podrían añadir hasta otros 12.000 millones, y un porcentaje mayor con el paquete de medidas energéticas pendiente de adopción a la espera de las decisiones de Bruselas, Todo ello podría suponer un impacto presupuestario de cerca de 30.000 millones de euros, unos tres puntos de PIB, por lo que apenas quedaría margen para el segundo trimestre, aunque todo dependerá de la recaudación que se ve beneficiada por la inflación.
Además, el alto IPC disparará la partida de las pensiones en unos 10.000 millones de euros en 2023 al revalorizarse con arreglo a la inflación. Sin embargo desde el Gobierno insisten en que las pensiones seguirán indexadas al IPC y que este gasto extra por el plan de choque no precisará de recortes ni a priori cambios en las previsiones económicas. En cuanto al aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social recogido en el plan de choque para algunos sectores para un periodo de tres meses, desde el Gobierno sostienen que su efecto sobre las finanzas públicas es «moderado».
