El Gobierno incumple de nuevo y no lo aprobará en septiembre, pero trabaja para sacarlo adelante si logra el aval del Consejo de Estado
No fue en julio y tampoco será en septiembre. El Gobierno vuelve a fallar a una de las promesas realizadas a los sindicatos —y a la ciudadanía— y retrasa una vez más —y ya van varias veces— la aprobación del nuevo registro horario, que supondrá una vuelta de tuerca al ya implantado al exigir a todas las empresas y autónomos llevar un control digital (no valdrán ya las anotaciones a lápiz), objetivo, fiable y exhaustivo de las horas que hacen sus trabajadores, así como detallar las horas extras y la forma en la que se les abona, las pausas, las vacaciones, los tiempos de guardia o desconexión… y que todos estos datos puedan ser fiscalizados de inmediato y en cualquier momento del día —o de la noche— de forma telemática por la Inspección de Trabajo y por los representantes de los trabajadores.
Pero esta vez la causa del nuevo retraso no se sitúa en el Ministerio de Economía. No hay conflicto dentro del Gobierno, según ha podido confirmar este periódico con fuentes cercanas a Moncloa. En este caso ambos vicepresidentes, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, han dejado atrás los momentos de tensión vividos (cuando Díaz llegó incluso a acusar al ministro de Economía de oponerse «a todas las cosas buenas de este país») y trabajan de forma conjunta para ultimar cambios en el texto acordado con los sindicatos que logren el aval del Consejo de Estado, que emitió un demoledor informe en el que desaconsejaba al Ejecutivo poner en marcha este endurecimiento del registro horario.
«No procede aprobar el real decreto proyectado», concluía el organismo dirigido por la exministra socialista Carmen Calvo en el dictamen hecho público a finales de marzo, lo que cayó como un jarro de agua fría sobre Yolanda Díaz, que diseñó esta salida de poner coto al tiempo de trabajo a través de un endurecimiento del registro horario vía reglamento, tras el varapalo que sufrió en el Congreso su medida estrella, la reducción de jornada a 37,5 horas.
Nuevas obligaciones y cargas
El Consejo de Estado, que comparte el fin de la norma de terminar con las horas extras no pagadas, cuestiona la forma de tramitarlo; es decir, que se haga a través de un reglamento que sortea así el Parlamento, ya que considera que «no se limita a complementar o desarrollar lo preceptuado en la ley» ya vigente, «sino que impone nuevas obligaciones y cargas a los empresarios y trabajadores, rebasando así el ámbito propio de la potestad reglamentaria». Se trata del mismo argumento utilizado por la CEOE, que denuncia que esta medida debe hacerse a través de un proyecto de ley y ha advertido de que, de ver la luz, acudirá a los tribunales.
Y esto es lo que quiere evitar el Ejecutivo: aprobar la norma y que en unos días o semanas los jueces se lo tumben y quede sin efecto. Y para que esto no suceda, consideran que tener el visto bueno del Consejo de Estado, aunque no sea necesario (porque no es preceptivo), les allanaría el camino ante la justicia.
«La llave del registro de jornada la tiene Carmen Calvo», reconocen fuentes conocedoras de la negociación a este periódico, que señalan que están afinando el texto desde el punto de vista legal, trabajando de la mano de la Abogacía del Estado, para «que salga con todas las garantías de efectividad». Uno de los aspectos con el que se muestra especialmente crítico el Consejo de Estado es que no garantiza la protección de datos de los trabajadores y puede chocar con la ley, tal y como también han advertido desde la patronal.
La incógnita será si el nuevo reglamento incorporará ayudas para que los sectores y empresas puedan llevar a cabo la implantación del registro digital, puesto que el Consejo de Estado cuantifica un coste de 55,4 euros al año por trabajador. «Este sistema digital ha de comprarse pagando la licencia, conectarse a una red y ser accesible de forma constante», explica el órgano consultivo, que estima un impacto «inicial» de 867 millones de euros anuales. De igual forma, falta por saber si se habilitará un plazo de tiempo de al menos unos meses para su aplicación, dos medidas que también el vicepresidente Cuerpo ha defendido introducir.
Habrá que esperar también a la reacción de los sindicatos, que han amenazado en repetidas veces con bloquear toda negociación con el Gobierno si no lo aprueba con carácter inmediato. Y siguen esperando.
