- Los pactos abarcan desde el Estatuto del Becario hasta los permisos por fallecimiento
Los sindicatos dieron a comienzos de mes un ultimátum al Ministerio de Trabajo, demandaban la aprobación de la reforma del registro de la jornada laboral este mismo mes, tras meses esperando una reforma que solo necesita el visto bueno del Consejo de Ministros. Si bien, este no es el único acuerdo suscrito con CCOO y UGT que sigue pendiente de aprobación tiempo después de su formalización e incluso presentación en público. elEconomista.es ha recopilado otros cuatro aspectos que siguen sin fecha de salida.
Yolanda Díaz llegó al Ministerio de Trabajo en febrero de 2020 con el diálogo social como bandera de su gestión al frente de la cartera en el área laboral. Las reuniones más que frecuentes entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos dieron fruto en esos años a una veintena de acuerdos a tres, siendo la reforma laboral el más importante de todos ellos. No obstante, tras las elecciones de 2023 a las que la ministra del ramo se presentó con la reducción de jornada como principal eslogan, la relación entre las partes se tensó y los acuerdos pasaron a ser a dos.
La ausencia de la firma de la patronal en estos textos complica su tramitación parlamentaria, algo de lo que tanto los representantes de los sindicatos como el Gobierno era consciente desde la derrota de la reforma del subsidio por desempleo. Los sindicatos comenzaron a lanzar advertencias de que no firmarían nada que no tuviera visos de ser aprobado, depositando en Trabajo la responsabilidad de atar los apoyos parlamentarios. Si bien, la oposición de los empresarios también ha frenado estas iniciativas dentro del Consejo de Ministros, algo que explica gran parte de estos retrasos.
Dentro de los asuntos pendientes, la aprobación del Estatuto del Becario es el que acumula mayor retraso al ser suscrito en 2023, a las puertas de las elecciones generales. CCOO y UGTya habían llegado a un acuerdo al respecto (mucho más restrictivo) casi un año antes, sin embargo, Trabajo decidió reabrir la mesa para intentar sumar aCEOE. El texto no gustó a la parte socialista del Gobierno y tres años más tarde, sigue sin haberse aprobado. El Ejecutivo envió al Congreso de los Diputados en marzo. Este texto no ha avanzado desde entonces, ya que no cuentan con los apoyos suficientes para sacarlo adelante.
No obstante, la materia que más preocupa a los sindicatos es el retraso en la aprobación de los cambios que tienen que ver con el SMI. En concreto, con la posibilidad que tienen las empresas de recortar o eliminar los pluses que recibía el trabajador para acoplarse al nuevo mínimo legal sin experimentar un mayor incremento de los costes laborales. Es un compromiso que el Gobierno ya había asumido en los dos años anteriores, pero que en la última negociación para elevar el salario más bajo a 1.221 euros al mes reflejaron por escrito. El pacto además contó con la firma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que consideran más grave.
La intención de Trabajo es incluir esta reforma en la transposición de la directiva de salarios mínimos, si bien, los empresarios denunciaron que de hacerse el cambio a través de un reglamento se vulneraría el Estatuto de los Trabajadores, una preocupación que hicieron llegar al Ministerio de Economía, que se mostró sensible a sus preocupaciones.
El cuarto de los asuntos que están en esta lista de pendientes, en cambio, surgió por interés del propio Ministerio de Trabajo. Se trata de la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar de los dos días (ampliables a cuatro) que existen hoy en día hasta 10, la creación de un permiso remunerado por cuidados paliativos de 15 días y de otro de un día para las personas que sean elegidas como acompañantes por una persona que se somete a una eutanasia. Por la naturaleza de los cambios, estos tienen que materializarse a través de una ley, por lo que el Gobierno tendría que encarar la ausencia de respaldo en el Parlamento a un acuerdo ampliamente cuestionado por la patronal.
La intención del Ejecutivo era llevar este Proyecto de Ley a la Cámara Baja pese a la falta de apoyos, con el ánimo de “retratar” a los partidos que votasen en contra, estrategia que ya empleó con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. No obstante, los agentes sociales no tienen ninguna novedad al respecto desde que se anunció un acuerdo al respecto en diciembre de 2025. Los tiempos de tramitación de una figura legal de este tipo son extensos, superan de media el año, por lo que parece complicado que esta reforma pueda salir a la luz antes de las elecciones. Si bien, CCOO y UGT creen que no es prioritario.
También necesita este mimbre parlamentario la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un pacto que solo suscribieron los sindicatos pese a que CEOE y Cepyme habían estado haciendo aportaciones durante casi dos años. El Gobierno valoró la posibilidad de sacar algunos de los elementos que no requieren de una ley mediante un Real Decreto, pero los cambios de fondo necesitarían superar el trámite del Congreso de los Diputados. Esta modificación se centraba en incorporar los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental a los planes de prevención de las compañías, así como incorporar los problemas asociados al cambio climático y a la transición digital, pero el no de CEOE pesa en su contra.
Intenta aprobar el registro el martes
A lo largo de las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha transmitido su intención de aprobar la reforma del registro de la jornada laboral en Consejo de Ministros antes de agosto, tal y como le habían reclamado CCOO y UGT. Desde la cartera que encabeza Yolanda Díaz trasladan que siguen los trabajos para intentar que pueda llegar a la reunión de los ministros el martes y si no, lo volverían a intentar la próxima semana, el último Consejo que está previsto celebrar antes del parón veraniego.
Esta modificación, con la que se busca que las empresas queden obligadas a anotar los horarios de entrada y salida de sus trabajadores de forma digital, diferenciar si son horas extraordinairas o registrar las interrupciones que hagan los empleados de su desconexión digital para atender a una llamada, formó parte del decaído Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral. Es por ello que no se ha habido una negociación expresa sobre este texto. No obstante, elGobierno sí tuvo que reclamar el informe del Consejo de Estado, órgano asesor cuyos apuntes no son vinculantes pero que el Ejecutivo suele tener en cuenta antes de lanzar una iniciativa.
El documento elaborado por el órgano que lidera Carmen Calvo fue “no favorable” y que tenía que hacerse por ley. Un criterio que se fundamentó en los informes remitidos por varios ministerios de corte socialista, especialmente en los tres textos entregados por el Ministerio de Economía. Carlos Cuerpo demandaba más flexibilidad en la entrada en vigor de esta nueva obligación para las empresas, ayudas para llevar a cabo este proceso y una memoria detallada sobre el impacto económico de este cambio.
Con todo, este no fue el único departamento que hizo comentarios en contra. Transformación Digital y Función Pública también expresó sus dudas sobre el impacto económico que tendría implementar esta nueva metodología en el personal público. La Agencia de Protección de Datos criticó la falta de detalle sobre el tratamiento de la información que se iba a recopilar y el sistema concreto que se iba a exigir, que se dejaba para la aprobación de los requisitos técnicos.
Vía:El cuarto de los asuntos que están en esta lista de pendientes, en cambio, surgió por interés del propio Ministerio de Trabajo. Se trata de la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar de los dos días (ampliables a cuatro) que existen hoy en día hasta 10, la creación de un permiso remunerado por cuidados paliativos de 15 días y de otro de un día para las personas que sean elegidas como acompañantes por una persona que se somete a una eutanasia. Por la naturaleza de los cambios, estos tienen que materializarse a través de una ley, por lo que el Gobierno tendría que encarar la ausencia de respaldo en el Parlamento a un acuerdo ampliamente cuestionado por la patronal.
La intención del Ejecutivo era llevar este Proyecto de Ley a la Cámara Baja pese a la falta de apoyos, con el ánimo de “retratar” a los partidos que votasen en contra, estrategia que ya empleó con la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana. No obstante, los agentes sociales no tienen ninguna novedad al respecto desde que se anunció un acuerdo al respecto en diciembre de 2025. Los tiempos de tramitación de una figura legal de este tipo son extensos, superan de media el año, por lo que parece complicado que esta reforma pueda salir a la luz antes de las elecciones. Si bien, CCOO y UGT creen que no es prioritario.
También necesita este mimbre parlamentario la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un pacto que solo suscribieron los sindicatos pese a que CEOE y Cepyme habían estado haciendo aportaciones durante casi dos años. El Gobierno valoró la posibilidad de sacar algunos de los elementos que no requieren de una ley mediante un Real Decreto, pero los cambios de fondo necesitarían superar el trámite del Congreso de los Diputados. Esta modificación se centraba en incorporar los riesgos psicosociales y los problemas de salud mental a los planes de prevención de las compañías, así como incorporar los problemas asociados al cambio climático y a la transición digital, pero el no de CEOE pesa en su contra.
Intenta aprobar el registro el martes
A lo largo de las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha transmitido su intención de aprobar la reforma del registro de la jornada laboral en Consejo de Ministros antes de agosto, tal y como le habían reclamado CCOO y UGT. Desde la cartera que encabeza Yolanda Díaz trasladan que siguen los trabajos para intentar que pueda llegar a la reunión de los ministros el martes y si no, lo volverían a intentar la próxima semana, el último Consejo que está previsto celebrar antes del parón veraniego.
Esta modificación, con la que se busca que las empresas queden obligadas a anotar los horarios de entrada y salida de sus trabajadores de forma digital, diferenciar si son horas extraordinairas o registrar las interrupciones que hagan los empleados de su desconexión digital para atender a una llamada, formó parte del decaído Proyecto de Ley para reducir la jornada laboral. Es por ello que no se ha habido una negociación expresa sobre este texto. No obstante, elGobierno sí tuvo que reclamar el informe del Consejo de Estado, órgano asesor cuyos apuntes no son vinculantes pero que el Ejecutivo suele tener en cuenta antes de lanzar una iniciativa.
El documento elaborado por el órgano que lidera Carmen Calvo fue “no favorable” y que tenía que hacerse por ley. Un criterio que se fundamentó en los informes remitidos por varios ministerios de corte socialista, especialmente en los tres textos entregados por el Ministerio de Economía. Carlos Cuerpo demandaba más flexibilidad en la entrada en vigor de esta nueva obligación para las empresas, ayudas para llevar a cabo este proceso y una memoria detallada sobre el impacto económico de este cambio.
Con todo, este no fue el único departamento que hizo comentarios en contra. Transformación Digital y Función Pública también expresó sus dudas sobre el impacto económico que tendría implementar esta nueva metodología en el personal público. La Agencia de Protección de Datos criticó la falta de detalle sobre el tratamiento de la información que se iba a recopilar y el sistema concreto que se iba a exigir, que se dejaba para la aprobación de los requisitos técnicos.
