- Dará margen a la negociación colectiva y reforzará la protección de datos
- Díaz confía en que el presidente del Gobierno cumpla el acuerdo de coalición
El Ministerio de Trabajo seguirá adelante con el real decreto para reformar el registro de los tiempos de trabajo en empresas y administraciones del Sector Público pese al informe desfavorable emitido hace unos días por el Consejo de Estado. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz explican que realizarán retoques mínimos sobre el texto analizado por el órgano consultivo del Gobierno y los diferentes ministerios económicos para dar más margen a la negociación colectiva y reforzar la protección de datos.
La cartera de Sumar busca blindarse así frente al recurso en los tribunales que la patronal CEOE ya ha advertido que presentará tan pronto como se apruebe esta nueva normativa, que se canaliza a través de un real decreto en lugar de una ley, que a diferencia de esta fórmula sí tendría que ser votada en el Congreso de los Diputados. Si bien admiten que no tienen las garantías de que el informe desfavorable de este órgano no vaya a pesar en la resolución judicial, no creen que vaya a obstaculizar su aprobación.
Desde el Ministerio de Trabajo expresan su confianza en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga un apoyo firme a estos cambios, con los que buscan acabar con las horas extraordinarias no remuneradas. En el área de Sumar recuerdan que el propio acuerdo de coalición hacía mención a este refuerzo del registro para hacerlo digital y entienden que el líder del Ejecutivo mantendrá el respaldo que ya expresó a la decaída ley para reducir la jornada a 37,5 horas que contenía parte de esta reforma.
Los informes del Consejo de Estado no son vinculantes, por lo que Moncloa no está obligada a seguir su criterio que en este caso era manifiestamente contrario a la aprobación del real decreto. Es por ello que Trabajo confía en que el documento vuelva al Consejo de Ministros en cuestión de semanas para esta vez ser aprobado, tras una primera ocasión en septiembre en la que se decretó su tramitación urgente en el seno del Gobierno. Confían en hacerlo a través de la figura de “oído” al consejo asesor que aseguran que ya se ha usado hasta en 14 ocasiones.
Trabajo, en cambio, no plantea hacer cambios sobre la entrada en vigor de la norma que había sido cuestionada por los ministerios de Economía y Transformación Digital, puesto que entiende que la norma ya da margen suficiente. El real decreto se acoge a la fórmula tipo de 20 días después de la publicación en el BOE, pero salva las obligaciones referentes al registro de jornada y de seguridad para las que se concede un margen de seis meses desde la aprobación de los requisitos técnicos (aún por concretar).
Tampoco contempla aprobar por el momento ayudas específicas para las pymes que tengan que implementar este registro, ni concederles más plazo para su aplicación, como venía demandando Economía. Las fuentes consultadas entienden que sería discriminatorio diferenciar entre los derechos que tienen los trabajadores de las empresas más grandes de los de las pequeñas y descartan hacer cambios en este sentido, alegando que lo que busca el departamento de Carlos Cuerpo es retrasar durante años esta obligación. El texto sí deja la puerta abierta a que el Gobierno apruebe “medidas de acompañamiento” o “líneas de ayuda económica” para este objetivo.
Fuentes del ministerio de Trabajo han reiterado su disconformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado, que cuenta con un voto de carácter particular, que entienden que no tiene bases jurídicas sólidas y que se limita a elevar a un lenguaje formal las críticas vertidas por CEOE y el Ministerio de Economía a lo largo de los últimos meses. En este sentido, desde el entorno de Díaz defienden que esta esfera busca favorecer a las empresas que vulneran la ley actual de 2019 y que compiten deslealmente.
La organización empresarial que preside Antonio Garamendi ha expresado su satisfacción con el dictamen conocido este lunes. “El dictamen del Consejo de Estado recoge de manera muy amplia y, en algunos casos de forma literal, la mayoría de las alegaciones presentadas por CEOE y Cepyme a este proyecto” celebran desde la patronal. Estos comentarios estaban centrados en la vulneración de la reserva de ley (al intentar hacer los cambios por real decreto) y los problemas sobre protección de datos, los dos aspectos sobre los que se sostiene el criterio negativo del Consejo.
Los representantes de las empresas también ahondaron en el “desplazamiento de la negociación colectiva” sobre el que el Ministerio de Trabajo plantea hacer ahora algunos cambios, dado que la ley reserva actualmente a la negociación de convenios o acuerdos de empresa los criterios específicos sobre el registro horario. Desde CEOE, apelan a la “responsabilidad institucional” para que Díaz respete las consideraciones del Consejo de Estado, pese a la negativa expresada este martes por la ministra.
