Aprueba la norma que busca rebajar los días de pago y reducir la morosidad
El Gobierno activó este martes el real decreto que impondrá la factura electrónica obligatoria para empresas y autónomos. La medida busca rebajar los días medios de pago —en torno a los 80 en España, muy por encima de los 60 días que establece la Ley de Morosidad y la media comunitaria— y que, a juicio del Ejecutivo, lastra el crecimiento y la competitividad del tejido productivo.
Sobre el papel, la trazabilidad que permitirá cada fase de la nueva factura —emisión, aceptación y pago— corregirá un problema que afecta especialmente a pymes y autónomos: la falta de liquidez provocada por retrasos sistemáticos en los abonos.
«Apenas el 20 % de las grandes empresas de nuestro país pagan a tiempo, según los datos de la Comisión Europea», destaca el Ejecutivo.
Implantación progresiva
La implantación de esta medida será progresiva atendiendo al tamaño de las pymes: un año para aquellas que tengan una facturación superior a los ocho millones de euros, y dos años para el resto. Las empresas podrán gestionar sus facturas electrónicas a través de plataformas privadas —que deberán estar interconectadas entre sí— o a través de la solución pública y gratuita que está desarrollando la Agencia Tributaria.
Paralelo al Verifactu de la AEAT
Este plazo comenzará a computarse, según avanzó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a partir de la publicación de la orden ministerial de Hacienda, prevista antes del 1 de julio del 2026.
No hay que confundir la obligación de facturar electrónicamente para luchar contra la morosidad que impulsa este departamento a partir de la Ley Crea y Crece, con Verifactu. Este último es el sistema de la Agencia Tributaria, que forma parte de la ley antifraude, y que busca combatir la economía sumergida y garantizar la transparencia en la facturación y cuya entrada en vigor se pospuso a diciembre del 2027.
