El colectivo, con unos 1.500 socios y más de 8.000 camiones, opta por recurrir por la vía administrativa los reales decretos de 1994 y 2000 antes de acudir al Tribunal Supremo
La Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) presentará una reclamación de nulidad por la vía administrativa contra los dos reales decretos que extendieron la concesión de la AP-9 a Audasa: uno aprobado en 1994 por el Gobierno de Felipe González y otro en el año 2000, bajo el Ejecutivo de José María Aznar.
Este movimiento constituye un paso previo a una posible impugnación ante el Tribunal Supremo (TS), tal como ya avanzó también la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer). No obstante, desde Apetamcor consideran que comenzar por la vía administrativa “podría ofrecer más garantías jurídicas”.
Así lo explicaron este martes en rueda de prensa en Santiago la secretaria general de Apetamcor, Myriam Otero; su gerente, Natalia Blanco; y el abogado Xoán Antón Pérez Lema, quien dirige el proceso legal en nombre de la asociación.
El recurso, respaldado por un colectivo de unos 1.500 socios y más de 8.000 camiones, persigue que sea el propio Gobierno central quien declare la nulidad de ambas prórrogas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del reciente ultimátum lanzado por Bruselas a España en relación con la ampliación de la concesión hasta 2048, aprobada durante el mandato de Aznar.
15:13h
La Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) presentará una reclamación de nulidad por la vía administrativa contra los dos reales decretos que extendieron la concesión de la AP-9 a Audasa: uno aprobado en 1994 por el Gobierno de Felipe González y otro en el año 2000, bajo el Ejecutivo de José María Aznar.
Transportistas gallegos solicitarán al Supremo reclamar la nulidad de las prórrogas de la AP-9
Este movimiento constituye un paso previo a una posible impugnación ante el Tribunal Supremo (TS), tal como ya avanzó también la Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer). No obstante, desde Apetamcor consideran que comenzar por la vía administrativa “podría ofrecer más garantías jurídicas”.
Así lo explicaron este martes en rueda de prensa en Santiago la secretaria general de Apetamcor, Myriam Otero; su gerente, Natalia Blanco; y el abogado Xoán Antón Pérez Lema, quien dirige el proceso legal en nombre de la asociación.
El recurso, respaldado por un colectivo de unos 1.500 socios y más de 8.000 camiones, persigue que sea el propio Gobierno central quien declare la nulidad de ambas prórrogas, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del reciente ultimátum lanzado por Bruselas a España en relación con la ampliación de la concesión hasta 2048, aprobada durante el mandato de Aznar.
Según recoge Europa Press, para Pérez Lema ambas extensiones del contrato con Audasa, realizadas a cambio de ciertas obras en la infraestructura, alteraron de forma sustancial el régimen concesional y se llevaron a cabo sin un procedimiento abierto de licitación, contraviniendo los principios de competencia.
A pesar de que esta exigencia de concurrencia se recoge en directivas más recientes que las prórrogas (1994 y 2000), el TJUE sostiene que su fundamento ya estaba presente en los tratados fundacionales de la Comunidad Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), a los que España se adhirió en 1986.
El abogado añadió que, en casos como este, donde hay posibilidad razonable de concurrencia, la ausencia de licitación abierta invalida las prórrogas, como ya resolvió el TJUE en otros precedentes, como uno relativo a la recogida de residuos en Italia.
“Obligación de limpiar actos nulos”
Con todos estos argumentos, Pérez Lema defendió que la Administración General del Estado tiene la obligación legal de anular actos administrativos nulos, a través de un procedimiento que debería pasar por el Consejo de Estado.
Este proceso implicaría una rescisión de la concesión, con derecho a indemnización para Audasa, pero sin incluir el lucro cesante. Esto la diferencia claramente de un “rescate” de la autopista para su gestión pública, en el que sí se contemplaría esa compensación. Según la Xunta, este rescate costaría más de 2.300 millones de euros, aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a estimar que podría superar los 4.000 millones.
Apetamcor: no se trata de un rescate
Desde Apetamcor rechazan hablar de rescate, ya que asumirlo implicaría reconocer la validez de las prórrogas. Por eso insisten en que la vía adecuada es reclamar su nulidad por cauces administrativos. Si esta vía es rechazada o desestimada —en un plazo de hasta seis meses—, la asociación acudirá “con todo” al Supremo.
“Es un paso firme bien fundamentado. (…) No es ningún gesto de cara a la galería. Es una acción legal, una estrategia basada en el derecho interno y en la jurisprudencia del TJUE”, ha asegurado la gerente de Apetamcor, según recoge Europa Press.
En este contexto, Apetamcor recomienda a los profesionales del transporte conservar todos los comprobantes de peajes de la AP-9, ya que podrían ser clave para este procedimiento o para futuras reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial. Estas podrían abarcar desde agosto de 2013 —si se anulan ambas prórrogas— o desde agosto de 2023 —si solo se invalida la aprobada por Aznar—. Según sus cálculos, cada camión gasta una media de 50 euros diarios en peajes en esta autopista.
