La Unión Europea mandó en julio a España, Bulgaria, Grecia y Rumanía un requerimiento, pues son los únicos estados miembros que todavía no aplican esta directiva
España incumple desde enero de este año la directiva europea que obliga a los estados miembros a eximir a los autónomos y pymes que facturen hasta 85.000 euros anuales del deber de incluir el IVA en sus facturas. Es decir, ni pagarlo, ni repercutirlo ni deducirlo. O, si el Gobierno lo cree oportuno, ofrecerles a los autónomos otro régimen especial que reduzca su carga burocrática.
En España, según los datos disponibles de la Agencia Tributaria, hay unos 2,5 millones de declarantes, entre autónomos y empresas, con facturaciones inferiores a esos 85.000 euros y organizaciones como ATA estiman que alrededor de medio millón de trabajadores por cuenta propia estarían interesados en dejar el IVA al margen de su actividad.
La Unión Europea ya mandó este pasado mes de julio a España, Bulgaria, Grecia y Rumanía un requerimiento para instarles a cumplir con la obligación de transponer esta directiva, pues son los únicos estados miembros que todavía no aplican esta directiva y que debieren hacerlo desde el 1 de enero de 2025. Este es un paso previo a “remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”, según informó la Comisión Europea en un comunicado.
Durante los últimos días el colectivo de los trabajadores autónomos se ha ubicado en el centro del debate mediático, azuzado el mismo por las negociaciones que mantiene la ministra de Inclusión, Elma Saiz, con los agentes sociales para definir cuáles serán las cuotas que los afiliados al RETA pagarán a partir del año que viene.
Tras el fuerte rechazo que generó la primera oferta que puso encima de la mesa la ministra a tal efecto, el presidente del PP, Albert Núñez Feijóo, quiso meter baza este pasado domingo y recuperó una de las propuestas que ya avanzó hace meses en su plan de reforma del trabajo autónomo: que los autoempleados que facturen 85.000 euros al año o menos estén exentos de incluir el IVA en sus facturas. O lo que es lo mismo, cumplir con la directiva europea que España desobedece desde hace 10 meses y que en 2022 el PSOE ya trató de pactar, sin éxito, con los agentes sociales.
Fuentes consultadas del Ministerio de Hacienda afirman que la intención del Gobierno es transponer la directiva antes de finalizar el año. Y abrir la posibilidad de suprimir el IVA franquiciado es una opción encima de la mesa para cumplir con la obligación, pero no la única. Tampoco que ese umbral de 85.000 euros sea finalmente de 85.000 euros, ya que la directiva deja la puerta abierta a los estados a rebajarla y, en España, una parte minoritaria de los agentes sociales apostaban por no llegar a 85.000 euros.
Número de declarantes autónomos y empresas
Tramos de Base imponible en miles de euros/año
Por ejemplo, Alemania, Finlandia, Suecia, Portugal, Grecia o Chipre han optado por cantidades sustancialmente inferiores. No en vano, cuando Hacienda ya estudió esta reforma en 2022 reconocía que “la implantación del régimen de franquicia puede incentivar conductas fraudulentas encaminadas a no superar el umbral de exención establecido mediante la división artificial de una misma actividad entre varias personas o entidades”, según un documento interno del Ministerio al que ha tenido acceso este medio.
Reforma enquistada
Cumplir con la transposición de la directiva requiere una reforma del sistema de fiscal de los autónomos, una asignatura pendiente desde hace años. En 2022, el Ministerio de Hacienda configuró un grupo de trabajo junto a patronales, sindicatos y organizaciones de autónomos para tratar de pactar una reforma que abordara, entre otros, la supresión del IVA franquiciado, según acredita un resumen elaborado por el Ministerio y al que ha tenido acceso este medio.
Ese grupo de trabajo duró poco, sus reuniones no se prolongaron más de seis meses y el adelanto electoral precipitó que concluyera sin lograr conclusión alguna. Y es que la reforma fiscal de los autónomos debía abordar un tema espinoso como es la regulación especial que hoy día sigue vigente para ciertas profesiones, como los taxistas o los transportistas. Estos no cotizan como el resto de autónomos, sino que pagan una cantidad en función de unos tramos de ingresos establecidos por el Gobierno.
Desde 2016, cuando todavía gobernaba el PP, que los sucesivos ejecutivos han ido prorrogando esos módulos y posponiendo la supresión de los mismos, para evitarse así las potenciales protestas que hubiera podido generar entre colectivos históricamente fuertes cuando tienen que movilizarse.
El bloqueo de esa reforma fiscal ha contribuido a que España incumpla su deber de transponer la directiva 2020/285, que en lo que respecta al IVA franquiciado prometía simplificar la vida de miles de autónomos, especialmente aquellos con menores estructuras operativas y menor capacidad de caja.
Por ejemplo, un arquitecto, diseñador o abogado independientes, que únicamente facturan sus servicios y apenas tienen gastos de personal o material y para los que cobrar el IVA al cliente y pagárselo a Hacienda es más que un dolor de cabeza. Sobre todo si les quedan facturas pendientes o de cobro tardío, que les obligan a avanzar un dinero que pueden no tener a la espera de un futuro cobro.
Facturación electrónica
A expensas de cómo el Ministerio de Hacienda acabe transponiendo la directiva europea y pueda mediante la misma ahorrar trámites a los autónomos, estos deberán afrontar a partir del año que viene un cambio potencialmente sustancial en su día a día: la facturación electrónica obligatoria. A partir del 1 de enero de 2026, aquellos que tributen por Impuesto sobre Sociedades, y a partir del 1 de julio de 2026, el resto de empresas y autónomos, deberán facturar electrónicamente de manera obligada y emplear la plataforma oficial Verifactu.
Una transición que inquieta al colectivo de autónomos y pequeños empresarios. La patronal catalana Pimec ha reclamado este mismo martes en rueda de prensa una moratoria de dos años para que sectores como el comercio o la hostelería puedan tener más tiempo para adaptarse a la normativa.
