Permiten evitar autorizaciones, pagos de tasas y esperas y desatascar la Administración
¿Una verbena organizada por la comisión de fiestas? Un permiso. ¿Una tala de árboles en una finca particular? Otro. ¿Reparar el tejado de una casa en un casco histórico para atajar una gotera? Meses de espera por la autorización. Así era hasta hace nada la relación de los gallegos con una Administración autonómica que acumula cuatro décadas de desarrollo legislativo y que ha vivido bajo el síndrome del nocivo «ti vai facendo» que tantos estropicios ha generado al paisaje.
La burocracia preventiva ha desesperado a los ciudadanos en los últimos años, al tiempo que se cronificaban los colapsos en departamentos clave de la Xunta que, lejos de aprovechar la pujante digitalización, se veían sepultados anualmente por miles de trámites de escasa relevancia. La presión solo tenía tres salidas: esperar hasta la desesperación, hacer las cosas por las bravas o que la Administración rebajase sus requisitos. De todo un poco sigue habiendo en esa relación con los administrados, pero el objetivo del Gobierno gallego es avanzar en la tercera opción a medida que se confeccionan nuevas normas que incluyan las declaraciones responsables como documentos válidos para avanzar en las gestiones, algo anecdótico hasta hace solo dos años. Un simple papel firmado por el interesado -la web de la Xunta ya tiene diversos modelos a disposición para cada caso- sirve para recibir un permiso prácticamente automático y realizar determinadas actuaciones de impacto público que eran imposibles de controlar por su alto volumen, y que terminaban por concederse a ciegas, sin control alguno de los inspectores, o por silencio administrativo.
Esta nueva relación de confianza empieza a desatascar el trabajo de los funcionarios, que ya notan un descenso en la cantidad de expedientes y pueden detenerse y resolver con mayor criterio «los que son más delicados». Es el caso de la Dirección Xeral de Patrimonio, que con la reciente Lei de Rehabilitación se está ahorrando «entre un 30 y un 40 % de los casos» que antes llegaban a las mesas de cada delegación provincial, aseguran en Medio Ambiente. En total, unos 3.500 trámites menos al año para abordar obras en fachadas, cubiertas o carpinterías exteriores que ya no requieren la autorización expresa de la Xunta. Una medida que no afecta a los bienes de interés cultural o aquellos inmuebles que tengan un alto grado de protección, en los que Patrimonio sigue poniendo la lupa. En el caso de la rehabilitación de viviendas, se trata de premiar con menos obstáculos al que hace y perseguir el inmovilismo de propietarios que se desentienden de sus inmuebles.
La iniciativa de la Xunta de promover las autorizaciones exprés tiene un efecto limitado a sus competencias. La decisión de prescindir de estos mismos permisos en obras menores junto a carreteras autonómicas y locales -que podían acumular hasta seis meses de espera- no afecta todavía a las vías provinciales, porque las diputaciones deben adaptar sus normas; y en los casos de actuaciones en propiedades que afectan a márgenes fluviales -unas 1.200 solicitudes al año- no son válidas para el ámbito hidrográfico Miño-Sil, dependiente del Estado.
La explosión de la pirotecnia de Tui, la gota que desbordó a Infraestruturas
El último departamento autonómico que se ha sumado a la tendencia administrativa de dar un voto de confianza a los ciudadanos ha sido la Consellería de Infraestruturas, que ha facilitado la ejecución de obras menores al borde de las carreteras autonómicas y locales, a las que la Xunta ya da vía libre solo con hacer constar quince días antes del inicio de los trabajos una declaración responsable que evitará demoras en la tramitación municipal, que sigue vigente. El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, admite que la tramitación masiva de autorizaciones tras la explosión de la pirotecnia de Tui fue determinante para entender que no había motivo para «retrasar y generar molestias» a los vecinos en casos que eran sencillos y evidentes.
Una figura clave para organizar conciertos y talar árboles
Una de las normativas recientes que más popularizó las declaraciones responsables para evitar papeleos con la Xunta fue la relativa a las verbenas. La Lei de Espectáculos de Galicia redujo notablemente sus exigencias a las comisiones de fiestas, que ahora solo tienen que presentar su papel firmado y los seguros adecuados, y son ahora las orquestas las que deben canalizar los trámites.
Más allá de las fiestas populares, el voto de confianza también ha sido clave para solventar la delicada situación en la que se vieron los locales de hostelería de pequeño tamaño que programaban conciertos en directo. La Administración gallega resolvió haciendo una limitación del aforo y otras medidas que deben avalarse con la declaración del organizador y el permiso de los ayuntamientos, que están revisando licencia a licencia las circunstancias de cada local.
A pesar de la gran incidencia de las celebraciones populares y culturales en Galicia, estos trámites son anecdóticos si se comparan con los que se generan en otro ámbito muy distinto: el forestal. Uno de los últimos pasos legales del Gobierno gallego en este mandato será el decreto que simplifica las autorizaciones de aprovechamientos forestales que cada año se hacen en la comunidad, ya sea para pastos, leña, setas o resinas. La norma, producto del desarrollo de la Lei de Montes, carga sobre la Consellería do Medio Rural la responsabilidad de valorar los informes preceptivos en un plazo máximo de dos meses, con silencio positivo a partir de ese tiempo. Pero también se amplía la declaración responsable como régimen de intervención administrativa general, lo que, según la Xunta, ahorrará unos 15.000 trámites anuales que hasta ahora deben gestionarse como autorización. En el ámbito forestal el impacto es aún mayor, ya que se están gestionando 100.000 expedientes al año. Un 60 % son ahora declaraciones responsables.
