Escrivá se resigna a un acuerdo de mínimos para las cuotas de los autónomos

El Gobierno retomará la negociación oficial con los autónomos el viernes y planteará consensuar antes de julio un acuerdo de mínimos sobre el sistema de cuotas para cumplir con Bruselas

Reunión del ministro José Luis Escrivá y las organizaciones de autónomos

Nuevo intento de acercar posturas para el nuevo sistema de cuotas para los autónomos. El Ministerio de la Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha citado para este viernes, 13 de mayo, a las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) para intentar acercar posturas, para lo que prepara una nueva propuesta en aras de conseguir un acuerdo de mínimos antes del 30 de junio.

El plazo previsto para consensuar el grueso de la reforma para el nuevo sistema de cotización de los autónomos comprometido con Bruselas finaliza a finales de junio pero el encallamiento por las discrepancias en las negociaciones entre las distintas asociaciones han forzado al Gobierno a resignarse a intentar alcanzar un acuerdo de mínimos inicialmente y la reforma completa se postergará más allá de lo previsto.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que confirman la reanudación de manera oficial de las negociaciones este viernes, tras el bache del proceso desde el pasado 28 de febrero, con unas últimas semanas marcadas por aún un mayor distanciamiento entre las organizaciones de autónomos ante los contactos entre el Gobierno y dos de estas asociaciones (UPTA y Uatae), quedando al margen ATA, ligada a CEOE.

El Ministerio de la Seguridad Social está terminando de pergeñar su nueva propuesta, si bien desde este departamento admiten ya que con toda probabilidad no será posible lograr un acuerdo para la reforma laboral «al completo», sino que se alcanzarán determinados puntos inicialmente y más adelante se terminará de completar una de las medidas de mayor importancia de la reforma de pensiones acordada con Bruselas, clave para la recepción de fondos europeos.

El secretario de Estado de la SeguridaD social y Pensiones, Israel Arroyo, ha negado ya que haya «presión» por parte de Bruselas para cerrar este reforma en el primer semestre, ya que en el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio en el marco de la primera parte de la reforma de pensiones se estableció un periodo máximo de 9 años para la implantación del nuevo sistema de cuotas, si bien admite ya que solo se cerrarán algunos puntos.

Fuentes gubernamentales admiten a Economía Digital que aunque hay margen para poder aprobar y no supone «ningún tipo de incumplimiento» respecto a lo comprometido con Bruselas, se da por descartada la intención inicial del Gobierno de tenerla aprobada completamente antes del verano de 2022.

Nuevo planteamiento

Lo cierto es que el Gobierno lleva bregando en los últimos meses por intentar alcanzar posturas ante la lejanía de los planteamientos realizados por las organizaciones representativas de los autónomos, en medio de una negociación en la que también participan los agentes sociales (patronal y sindicatos) que se ha acalorado en las últimas semanas por los contactos bilaterales entre el Ejecutivo y parte de los interlocutores, al margen de ATA y CEOE.

El Gobierno mantiene la previsión de que pueda entrar en vigor progresivamente desde el año 2023, con un periodo transitorio de nueve años hasta su pleno funcionamiento en el ejercicio 2031, si bien para conseguir un acuerdo de mínimos el Ministerio busca ahora cerrar una reforma para los próximos tres años (2023-2025) y negociar más adelante las cuotas que operarían para los siguientes seis años.

Incluso, admiten desde Moncloa, en este primer acuerdo de mínimos podría no recogerse la modificación de las cuotas para los autónomos, el ámbito de mayor polémica entre las asociaciones, por lo que podrían añadirse en los Presupuestos para 2023, y ahora centrarse en determinar los rendimientos netos de los autónomos.

El departamento de José Luis Escrivá ha avanzado bastante en las últimas semanas en la interconexión y la mejora de los procedimientos para que los autónomos puedan tener una transición fácil de los datos, un nuevo sistema de información para saber cuánto cotizar y cuál será la base de cotización, así como cruces de datos con la Agencia Tributaria y las haciendas forales.

Uno de los últimos planteamientos que habría realizado el Ministerio, no definitivo, recogería una horquilla de cuotas de 13 tramos de entre 238 y 600 euros, solo circunscrita al año 2023, lo que supone una notable subida sobre todo en los tramos altos, ya que la anterior horquilla era entre 281,52 euros y 351,90 euros.

El anterior planteamiento de finales de febrero contemplaba para 2023 una cuota de 281,52 euros para los ingresos de menos de 900 euros, de 293,94 para los de entre 900 y 1.125,9 y desde ese nivel en adelante un cuota de 351,90 para todos los tramos.

ATA y UPTA mantendrán sus propuestas

Las negociaciones habían quedado paralizadas prácticamente desde el pasado 28 de febrero y desde entonces se han producido contactos informales. CEOE, Cepyme y ATA se movilizaron el pasado 20 de abril al denunciar la exclusión por parte del Ministerio de la Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá en las negociaciones para el nuevo sistema de cuotas por ingresos reales para los autónomos y trasladaron al Gobierno una propuesta que contempla un alza progresiva de cuotas de autónomos hasta 2025, con una horquilla entonces de entre 205 y 400,4 euros.

En concreto, el nuevo planteamiento de CEOE, Cepyme y ATA establece, para 12 tramos de ingresos, las bases de cotización mínimas y las cuotas a aplicar de forma progresiva en los próximos tres años, a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se procederá a su revisión, con unas horquillas de cuotas que van desde un mínimo de 205 euros en los tres años hasta un máximo de 329,7 euros en 2023, los 365 euros en 2024 y los 400,4 euros en 2025.

La propuesta de las patronales y la organización de autónomos de Lorenzo Amor se produjo tras los últimos movimientos realizados entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones UPTA (ligada a UGT) y Uatae (vinculada a CCOO) de los que habrían sido excluidos, según denunciaron.

«En estos momentos de incertidumbre, con incrementos de costes, no es el momento de momento de subir la cotización de forma desmesurada a los autónomos. Al contrario, es el momento de bajarla”, defiende el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien encontró apoyo en esta línea la semana pasada en su reunión con el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, desde UPTA adelantan a Economía Digital que se mostrarán «inflexibles» en los límites de su propuesta, es decir, bajar las cuotas a 2,2 millones de autónomos con los ingresos más bajos y subírsela al poco más de un millón con ingresos más altos. La propuesta de UPTA plantea diez tramos en lugar de los trece del Gobierno, y una bajada contributiva a los más de un millón de autónomos que pagan actualmente 295 euros al mes, al pedir que su cuota baje a los 183 euros hasta 2027, y luego subir a 208,08 euros. Su horquilla abarcaría en 2031 una horquilla de cuotas de entre 208,08 euros y 1.266,66 euros.

Además, la asociación presidida por Eduardo Abad propone una cotización especial para los autónomos que realicen una actividad artística o cultural, con dos tramos: para aquellos que obtengan rendimientos netos inferiores a 3.600,00 euros anuales, que cotizarían por una cuota fija de 90 euros al mes, y otra para aquellos que obtengan rendimientos netos entre 3.601,00 y 5.400,00 euros anuales, que cotizarían por una cuota fija de 135 euros al mes.

Ante el encallamiento de la negociación, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió el pasado viernes de que es de máxima importancia» avanzar en esta cuestión ante las realidades «muy diversas” del trabajo autónomo, ya que de los más de 3,3 millones de autónomos que hay dados de alta en el RETA, cerca de 1 millón de trabajadores por cuenta propia son dueños o miembros de una sociedad.

Además, hay más de 2 millones personas físicas y de éstas, 500.000 son autónomos que tienen una persona contratada a su cargo. “Desde luego, para un Gobierno progresista la mirada tiene que estar en este colectivo, porque estaremos de acuerdo en que los que más tienen, deben aportar para que los que menos tienen, vean compensadas justamente esas diferencias«, apuntó, dejando entrever sus preferencias.

Vía: https://www.economiadigital.es