- La base máxima alcanzará salarios hasta 20.000 superiores a la prestación máxima
- Un hipotético desvío del gasto será cubierto elevando la carga impositiva sobre los cotizantes
- Una proyección del Gobierno espera pensiones de 7.000 euros a futuro
La reforma de pensiones de Escrivá pone cifras a la conocida reforma silenciosa, es decir, cuantifica cuál será la brecha entre las cotizaciones del trabajador y la prestación máxima a la que aspira. En concreto, la base máxima de cotización subirá con la inflación media anual más el 1,2% cada año, y la pensión máxima lo hará con la inflación más el 0,115%. El resultado, al descontar la inflación que aún desconocemos, es que la brecha entre estos dos parámetros se duplicará y la prestación máxima que pagará la Seguridad Social supondrá el 59,3% de la base máxima de cotización prevista, cuando actualmente es el 79,4%.
Ampliar esta brecha supone una ruptura de uno de los principios básicos del sistema, el de contributividad, que se define como tanto aportas, tanto recibes. A cambio, el Gobierno espera mejorar los ingresos netos (al descontar los gastos previstos) de la Seguridad Social un 1,6% del PIB para cubrir el mayor tensionamiento del sistema en la década de 2030 y 2040, cuando el gasto en pensiones proyectado por diversos think tanks económicos se mueve entre el 16 y el 17% del PIB, cuatro puntos más que en la actualidad.
El carácter de la última reforma de pensiones tiene un objetivo claro: mejorar los ingresos, a costa de un leve o casi nulo recorte del gasto. Así presume el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que saca pecho por un paquete de medidas que “cambia el paradigma” de los ajustes que se han realizado históricamente en España.
Un informe que el propio Gobierno distribuyó con los grupos políticos en el Congreso y al que tuvo acceso elEconomista.es, a la espera de conocer la memoria con el impacto económico de las medidas, proyecta a la perfección en un gráfico cómo irá subiendo la base de cotización (color naranja claro) hacia tramos salariales cada vez más elevados, mientras la línea que señala el límite de la prestación pública máxima (color gris) sube a un ritmo menor.
Tras el periodo transitorio ya en 2050, bajo este supuesto que proyecta una inflación aleatoria, habría pensiones máximas ligeramente por encima de los 7.000 euros mensuales (84.000 anuales). Por su parte, las bases máximas de cotización alcanzarían a salarios de 12.000 euros mensuales (144.000 anuales). De forma aún desconocida, el Gobierno prevé que las pensiones recuperarán el terreno perdido con las bases de cotización a partir de 2050.
Más esfuerzo de los trabajadores
Así, por encima de la actual base máxima hay una masa salarial de 30.000 millones, según datos del último análisis que firma Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Un destope a las bravas engordaría la balanza de los ingresos, pero se quedaría ligeramente por debajo del 1% del PIB.
Esta medida, sin embargo, no ha estado sobre la mesa en ningún momento. En contrapartida, las palancas activadas para perseguir la sostenibilidad ha sido el citado aumento de la base de cotización (38% más IPC) a un mayor ritmo que la pensión máxima (3,15% más IPC); el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que grava el 0,6% del salario ya en 2023 y aumentará progresivamente hasta ser el 1,2%; y la denominada cuota de solidaridad, que gravará entre el 5,5% y el 7% de la parte del salario que supere la base máxima prevista una vez finalizado el periodo transitorio, en 2045. En términos actuales, la sobrecotización del 7% se aplicaría sobre sueldos superiores a 90.000 euros.
Una cotización con matices, ya que la Seguridad Social deja entrever indicios de ser una Hacienda paralela: el Mecanismo de Equidad es una cotización sobre todos los salarios pero que va a pagar parte de las pensiones del baby boom en la década de 2030 y 2040, pero que no genera derecho a pensión. Una situación similar ocurre que la cuota de solidaridad, que tampoco mejorará la base reguladora. Por tanto, más que cotizaciones transformadas en salario diferido en un futuro, podrían entenderse como impuestos.
A su vez, la regla de gasto que incluye la Ley explica que, si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB se ajustará con medidas extra sobre el gasto, los ingresos o ambas, acordadas en el diálogo social. En última instancia y como cláusula de escape, sería una subida adicional del Mecanismo de Equidad la que cubriría el desfase. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya prevé un ajuste en la primera revisión trianual, en 2025, lo que implicaría agravar el esfuerzo de los salarios para pagar pensiones sin generar un derecho adicional a su prestación.
