El organismo inspector dio de alta en la Seguridad Social a 96.000 personas, casi el doble que el año anterior. El sector del reparto de comida a domicilio es uno de los más intervenidos
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se dedica a vigilar el cumplimiento de las normas laborales. La memoria de actuación de este organismo en 2025 recoge un incremento de la actividad de los inspectores, lo que fructificó en más sanciones (de 541 millones de euros en 2024 a 858 millones en el último ejercicio) y más empleo regularizado. La labor de Inspección consiguió dar de alta en la Seguridad Social a 96.200 personas. Y de ellas, más de 47.000 eran falsos autónomos (personas que deberían ser asalariadas pero trabajan por cuenta propia), la cifra más alta en una serie histórica que empieza en 2015. Antes este era un fenómeno residual, pero ha ido a más con la economía de plataformas.
La memoria de Inspección presta especial atención a esos falsos autónomos: “El volumen de regularizaciones se debe principalmente al impulso llevado a cabo en plataformas digitales de implantación nacional que recurren a este tipo de contrataciones, las cuales, cuando emplean personas falsas autónomas lo hacen en un elevado número”. A lo largo de 2025 se produjo la transición de Glovo de un modelo de autónomos a otros de asalariados.
Las 47.100 conversiones a asalariados de falsos autónomos suponen la cifra más alta en un registro que empieza en 2015. El anterior guarismo más alto fue el de 2022, con 39.000 regularizaciones, que el ministerio ya reivindicó entonces como un récord. La cifra despega a partir del cambio de Gobierno, hecho que coincide con el alza de la economía de plataformas en España.
Regularizaciones de falsos autónomos
Al año
Esos falsos autónomos son parte de un total de 96.200 regularizados, lo que supone un incremento considerable respecto a la cifra total de 2024 (56.100) y de 2023 (80.600), superada por poco respecto a la de 2022 (98.500). De esas casi 100.000 personas a las que benefició la actuación de Inspección, 48.500 corresponde a faltas de alta (por norma general, personas sin contrato), 47.100 a falsas relaciones de trabajo autónomo y 601 a falsos becarios.
El fenómeno de los falsos autónomos ha sido especialmente relevante en el reparto de comida a domicilio, pero la acción del Gobierno y de los tribunales ha ido cambiado el escenario. Las millonarias sanciones de Inspección, la ley rider, la sentencias judiciales y, sobre todo, el cambio en el Código Penal que castiga a los directivos incumplidores, empujaron a Glovo al cambio de modelo en 2025.
Otra gran empresa del sector, Uber Eats, sigue operando en parte con autónomos, nueve meses después de prometer que pasaría a un modelo asalariado al 100%. Lanzó ese compromiso para evitar el castigo penal que sí persigue al máximo dirigente de Glovo, pero de momento no ha cumplido su palabra. Más allá del reparto de comida, los sindicatos advierten del impulso de la economía de plataformas (aparejada a altos índices de precariedad) en otros servicios, como la psicología, la limpieza o la abogacía.
Más empleo extranjero irregular
A la vez, también crece el número de extranjeros sin permiso de trabajo y que fueron regularizados: en 2024 fueron 12.200 personas, mientras que en 2025 fueron 18.700 personas. El sector con más intervenciones de este tipo es la hostelería, el 35% del total, donde se intervino en 6.200 ocasiones y se impusieron 4.980 infracciones. En comercio hubo 3.100 actuaciones y 2.300 infracciones y en la construcción, 2.300 actuaciones y 2.030 infracciones.
A la vez, Inspección ha prestado atención a las jornadas parciales fraudulentas. Es decir, trabajadores que realmente trabajan a jornada completo pero están empleadas a tiempo parcial. “La constatación de este modelo de fraude en el mercado de trabajo ha llevado en los últimos años a una intensificación de las actuaciones inspectoras en esta materia”, sostiene Inspección en la memoria, en la que se recogen 15.400 actuaciones que condujeron a 4.900 incrementos de jornada.
El Ministerio de Trabajo también subraya que la Inspección cerró 2025 “con más personal protegiendo y velando por los derechos de las personas trabajadoras, la calidad, la estabilidad, la seguridad y la salud en el empleo; persiguiendo el fraude y desarrollando una actividad de gran escala, con un marcado carácter preventivo y corrector”. El total se inspeccionaron 427.500 centros de trabajo.
En total, estas intervenciones detectaron 208.500 infracciones de la legislación del orden social, con un importe de 858 millones de euros en sanciones propuestas, frente a los 541 millones de euros de 2024. A estos datos ayudó el incremento en denuncias anónimas, según el ministerio. “En 2025, la Inspección finalizó un total de 11.800 actuaciones procedentes de comunicaciones recibidas a través de su buzón de denuncias, frente a las 10.060 del año anterior”, reivindica el ministerio.
