La patronal acusa a la ministra de Trabajo de «aumentar la inseguridad jurídica e incrementar de forma injustificada la responsabilidad empresarial» con la nueva Ley
Un nuevo abismo se ha abierto entre los empresarios y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La aprobación en el Consejo de Ministros de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales pactada únicamente con los sindicatos, CC OO y UGT, ha provocado una nueva ruptura de relaciones entre CEOE y Cepyme y el Ministerio. El último desencuentro tiene que ver con la aprobación de este anteproyecto, con el que Díaz pretende «modernizar el vetusto» texto actual, vigente desde 1995. Pero su empeño de volver a saltarse llegar a un acuerdo en el diálogo social, ha provocado que los empresarios se hayan negado negado a firmar.
Díaz ha impulsado solo la primera vuelta del anteproyecto de ley, que deberá volver por segunda vez al Consejo antes de ser enviado a las Cortes para su tramitación como proyecto de ley que, ahora mismo, no cuenta con los votos suficientes para salir adelante, tras las reticencias mostradas públicamente por PP, Vox y Junts, por lo que una nueva medida impulsada por Sumar podría quedar de nuevo en nada.
Para CEOE, esta ley «aumenta la injerencia y la inseguridad jurídica, incrementa de forma injustificada la responsabilidad empresarial, sindicaliza la prevención y no es fruto de un proceso de negociación en el diálogo social, que se ha deteriorado, sino que además carece de un análisis de impacto riguroso».
Esta inseguridad jurídica tiene que ver con la figura del agente territorial de prevención de riesgos laborales, a la sazón unos «hombres de negro» impuestos por el Ministerio que podrán visitar los centros de trabajo y abrir expedientes informativos a las empresas para la adopción de medidas preventivas o acciones para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. Estos inspectores podrán actuar en empresas de hasta 10 trabajadores «para reforzar la prevención en pymes o compañías en las que no hay representación sindical», lo que ha elevado todas las alarmas empresariales y ha dinamitado definitivamente el pacto con Gobierno y sindicatos, al verlo como «una injerencia injustificada más en la actividad empresarial».
Fuentes empresariales han incidido en que durante las negociaciones «ya expresamos que, en la Estrategia Española para la Seguridad y Salud, que acordamos en el diálogo social, se definían los ejes a ejecutar esta nueva Ley, pero que la propuesta del Ministerio se encaminaba en otras direcciones y no resolvía ninguno los problemas». Pese a que CEOE quiso mantener las negociaciones abiertas, desde la patronal afean que «Trabajo siguió adelante con su propuesta y nos dejó, una vez más, fuera del diálogo. Solo hemos podido hacer aportaciones una vez el texto ya había salido a consulta pública». Así que, tras el paso dado por el Consejo de Ministros, «ha aumentado la inseguridad jurídica, incrementando de forma injustificada la responsabilidad empresarial y sindicalizaba la prevención, además de carecer de un análisis de impacto riguroso».
La visión desde el Ministerio de Trabajo es diametralmente opuesta. Niega falta de diálogo tras 20 meses de negociación con la patronal y los sindicatos, y defiende que solo ha acabado negociando con CC OO y UGT tras la actitud «inasumible, inconsecuente y de rémora» que había mostrado la CEOE en esta mesa y ha acusado a la patronal de «pretender seguir demorando esta negociación a la espera de que hubiera un nuevo Gobierno».
Tanto CEOE como Cepyme denuncian que el punto más polémico de la Ley permite a los delegados de prevención contar con un aumento del 20% en su crédito horario, convertidos en agentes territoriales de prevención que garantizarán que los sindicatos sean consultados en la elección de la mutua de accidentes de trabajo. «Es decir, sindicalizan por la puerta de atrás la prevención de riesgos», critican. El texto incluye la bonificación de la formación obligatoria en prevención de riesgos para empresas de menos de 10 trabajadores y establece que los delegados deberán contar al menos con formación de nivel básico, adaptada a cada sector. La norma reduce también los umbrales para constituir servicios de prevención propios (300 personas, 150 en actividades peligrosas) y limita a 10 el número máximo de trabajadores para que la empresa asuma personalmente la actividad preventiva. «Para la mayoría de las pymes, es inasumible».
