Los empresarios acuerdan la negativa oficial a la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo
“La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”. Con este recordatorio al artículo 37.1 de la Constitución, la CEOE ha rechazado formalmente y de manera definitiva la reducción de la jornada a 37,5 horas que quiere imponer por ley el Ministerio de Trabajo.
De este modo, los empresarios ponen fin a meses de negociaciones con el Gobierno y los sindicatos y dejan vía libre a Yolanda Díaz para sacar adelante la medida sólo con el acuerdo de los sindicatos, lo que implica, según ha venido amenazando la propia vicepresidenta, que la reducción de la jornada se aplicará sin las ayudas ofrecidas para facilitar su aplicación en las pequeñas empresas.
“El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes 5 de noviembre, ha rechazado por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral”, arranca el comunicado que han remitido a los medios de comunicación en la mañana de este martes, coincidiendo con los anuncios del Gobierno en materia económica para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.
“Después de haberse centrado de forma prioritaria en cómo colaborar a través de las empresas y el diálogo social en el apoyo humano y económico a las víctimas de la DANA, el Comité Ejecutivo ha abordado la propuesta normativa del Gobierno, dado el límite temporal establecido por el Ministerio en la mesa de negociación”, afirma la organización empresarial en referencia al ultimátum impuesto por Yolanda Díaz, que finaliza el próximo lunes, día 11 de noviembre.
La conclusión a la que han llegado CEOE y CEPYME es que “desde la responsabilidad”, no pueden apoyar dicha propuesta. “Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución”, advierten los empresarios.
En el comunicado conjunto, las patronales aseguran que “la aprobación de esta norma no hace sino debilitar el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años y, en la práctica, aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia”.
De este modo, rechazan la última oferta del Ministerio de Trabajo, que había puesto sobre la mesa un paquete de ayudas directas y subvenciones a la contratación para las empresas de menor tamaño, con programas específicos de ayudas a la digitalización para impulsar la productividad de los pequeños negocios de sectores como hostelería, comercio, agricultura, peluquerías y limpieza.
Los empresarios llevan semanas echando cuentas, especialmente en los últimos días, y han constatado que las ayudas planteadas para reducir la jornada no llegan a 800 euros por empresa y sólo cubren el 3% del agujero por las horas de trabajo perdidas, por lo que la CEOE venía inclinándose ya por rechazar la última oferta pese al ultimátum del Ministerio de Trabajo y las advertencias de Díaz sobre la retirada de estas ayudas si la patronal no entraba en el pacto tripartito.
En la nota difundida este martes, CEOE y CEPYME dejan claro que “difícilmente se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo”. Y añaden que “adoptar medidas como esta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas”.
Yolanda Díaz afirmó recientemente que “la patronal tiene que explicar si va a estar a la altura de su país” y advirtió de que, para llevar a cabo la reducción de la jornada “las pequeñas empresas necesitan acompañamiento” y de que, para que eso fructifique, “el diálogo social tiene que tener incentivos”. Al levantarse los empresarios de la mesa de negociación con este rechazo unánime, la vicepresidenta tiene vía libre para retirar el plan de acompañamiento a las pymes e intentar sacar adelante en el Congreso de los Diputados una reducción de la jornada a 37,5 horas ‘limpia’ y con el único acuerdo de los sindicatos CCOO y UGT.
