- Las Administraciones de la UE pueden solicitar información sobre contribuyentes a otros países sin referencias precisas
- La sentencia exige que se haya iniciado un procedimiento de investigación con garantías
Hacienda puede solicitar información tributaria de un contribuyente en manos de, por ejemplo, una entidad financiera (facturas, contratos, pagos, etc.) a otras Administraciones tributarias de la Unión Europea sin necesidad de aportar datos precisos, lo que facilita su obtención.
Así, lo determina el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 6 de octubre de 2020, en la que exige criterios personales (los datos de quien tiene la información y del contribuyente), temporales (ejercicios tributarios a los que se refiere la solicitud) y materiales (impuestos que se investigan) que pongan de manifiesto su relación con la investigación y con el contribuyente investigado.
l ponente, el magistrado Jií Malenovský, en una de sus últimas sentencias antes de su jubilación, considera que con estos datos se pueden considerar la solicitud de datos tributarios “previsiblemente pertinente” a los efectos de la Directiva 2011/16, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.
Razona el magistrado que “esta combinación de criterios es suficiente para considerar que la información solicitada no carece manifiestamente de toda pertinencia previsible, de suerte que no necesita una delimitación más precisa”.
Limites a la carga impuesta
En su jurisprudencia (sentencia de 16 de mayo de 2017) , el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) interpreta que el artículo 1.1 de la Directiva 2011/16 tiene por objeto: “permitir a la autoridad requirente solicitar y obtener toda la información que razonablemente pueda considerar que resultará pertinente para su investigación, sin autorizarla no obstante a sobrepasar manifiestamente el marco de esta ni a imponer una carga excesiva a la autoridad requerida”.
Esta referencia, además, es interpretada bajo el principio general del Derecho de la Unión que impone la protección de las personas físicas o jurídicas frente a la intervención de los poderes públicos en su esfera de actividad privada que sean arbitrarias o desproporcionadas.
La sentencia se asienta en las mismas bases que la recientemente emitida por el Tribunal Supremo, de 1 de octubre, en la que el magistrado Navarro Sánchis exige a la Inspección de Hacienda para solicitar una autorización judicial para entrar en un domicilio del contribuyente o en la empresa, que se haya abierto un proceso de inspección, con toda la motivación exigible.
Como en el caso de esta sentencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia exige esta sentencia que una decisión de requerimiento de información adoptada por la autoridad del país que es querido para tramitar una solicitud de intercambio de información por otro Estado de la UE, no puede estar dirigida a que se efectúe una investigación ‘aleatoria’, en el sentido del considerando 9 de la Directiva 2011/16, puesto que entonces se deberá considerar una intervención arbitraria o desproporcionada de los poderes públicos.
En el caso de que un tercero interponga un recurso contra la decisión de requerimiento de información que ha recibido, el juez competente debe controlar que la motivación de esta decisión y de la solicitud sea suficiente para concluir que ésta no carece de “toda pertinencia previsible”, teniendo en cuenta la identidad del contribuyente investigado, la del tercero en cuyo poder se halla esa información y las necesidades de la investigación.
