- La cifra aprobada por el Gobierno deja ‘obsoletos’ estos acuerdos colectivos
- El sueldo base de hasta 43 pactos es inferior a 1.221 euros, según UGT
Los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI) se han convertido en uno aspectos más característicos de la política económica del Gobierno. Su paso de los 735 euros mensuales de 2018 a los actuales 1.221 ha impulsado el poder adquisitivo de estos trabajadores, pero también condiciona la negociación colectiva que llevan a cabo la patronal y los sindicatos, puesto que algunos de los pactos que alcanzan quedan ‘obsoletos’ en cuestión de días, en tanto que el salario marcado por el Ministerio de Trabajo supera al sueldo más bajo recogido en el convenio colectivo.
Lejos de ser algo anecdótico, el SMI ha rebasado el salario base negociado para las categorías más bajas del 45% de los convenios sectoriales (de ámbito superior a la empresa, sectoriales y territoriales) publicados este año entre el 1 de enero y el 30 de abril, según el análisis llevado a cabo por UGT y consultado por elEconomista.es. Esto son 43 acuerdos laborales que se ven afectados por el salario más bajo marcado por ley del total de 84 que fueron publicados en el BOE a lo largo de los cuatro primeros meses del año, si no se suman los pluses.
La doctrina del Tribunal Supremo establece que la remuneración mínima que tienen que dar las empresas a un trabajador a jornada completa es el SMI, pero que pueden llegar a esta cifra con la suma del salario base y los complementos salariales. Un planteamiento que rechazan los sindicatos, que en el último acuerdo para elevar el SMI llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para evitar que las compañías puedan reducir o borrar los complementos que tuviera el trabajador para evitar verse obligados mejorar sus salarios con el cambio.
Es por ello que a partir de este análisis quieren evidenciar que en un número de convenios relevante el sueldo base recogido en las tablas del convenio guarda una distancia con el salario mínimo en vigor, al tiempo que desde UGT subrayan la importancia de sentarse a negociar con CEOE y Cepyme la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que pautar las subidas salariales y evitar un “solapamiento” de categorías por el que a pesar de tener diferentes niveles de responsabilidad, se obtiene el mismo salario a final de mes, el SMI.
El Gobierno formalizó el pacto con CCOO y UGT sobre la subida del salario mínimo el 16 de febrero y la reflejó en el BOE tan solo dos días después, una actualización del 3,1%, que superó el mínimo pactado en convenios como el de la jardinería (publicado el 20 de enero) y que establecía una remuneración de 1.184 euros (el SMI de 2025) para los trabajadores de las categorías ‘peón’ y ‘aprendiz’ que no tengan derecho a un plus por antigüedad. Este salario, por tanto, dejó de ser válido y las empresas del sector tienen que pagarles 1.221 euros con efectos desde el 1 de enero, a pesar de que pactaron con los sindicatos una cifra inferior.
En la mayoría de convenios, los complementos salariales recogidos por conceptos como actividad, el plus de convenio o por puesto de trabajo, hacen que los trabajadores ubicados en las categorías más bajas alcancen el salario mínimo, por lo que la actualización del SMI no tuvo efectos prácticos para las empresas que estaban bajo el paraguas de estos acuerdos colectivos. No obstante, los más de 45 sectores sí que experimentan el aplanamiento de las tablas salariales que opera como un desincentivo para que las plantillas asuman cargos que tienen asociada mayor responsabilidad, disponibilidad o carga de trabajo.
Este efecto también ha sido denunciado de forma recurrente en los últimos años por las organizaciones empresariales, sobre todo por Cepyme, debido a que el SMI establecido a nivel nacional ha llegado a superar el 70% del salario medio que tienen los trabajadores de regiones como Extremadura o Canarias o el que abonan en promedio las pequeñas y medianas empresas, según sus estimaciones. La magnitud de las subidas aplicadas por el ministerio de Yolanda Díaz fue leída por los empresarios como una injerencia en el diálogo social, por este efecto de superar los consensos alcanzados en convenio.
Los datos de los convenios cerrados en el ámbito de la empresa, entre la representación de los trabajadores y el empleador reflejan que los acuerdos que afectan a un número más limitado de trabajadores tampoco son ajenos a esto. De los 25 convenios colectivos de este tipo que se publicaron en los cuatro primeros meses del año, 9 recogían salarios base inferiores al SMI en sus categorías más bajas, un 36%. Al igual que sucedía con los sectoriales, esta situación no conlleva un sobrecoste económico para la empresa si ya alcanzaban los 1.221 euros al mes a través de los pluses salariales, pero habrán tenido que revisar sus salarios si no es así.
Las fuentes sindicales consultadas apuntan que han visto como el porcentaje de convenios afectados se ha ido incrementando a medida que lo han hecho las mejoras del SMI. Es habitual que los convenios acuerden subidas muy pegadas al IPC y que el incremento aplicado por el Gobierno al salario mínimo supere este porcentaje, por lo que se impone frente a una parte de los salarios base acordados. Algunos ya incluyen una cláusula de que si se aprueba un SMI que supere el salario más bajo que se recoge en sus tablas, este se ajuste automáticamente, como es el caso del VII Convenio colectivo general de ámbito nacional del sector de aparcamientos y garajes que se publicó este jueves en el BOE.
Sin novedades respecto a los pluses
El acuerdo alcanzado en febrero por los dos sindicatos mayoritarios y el Gobierno para elevar el salario mínimo incluía el compromiso de la cartera de Trabajo de cambiar la redacción que regula el SMI para evitar que se “compensen” o “absorban” ciertos tipos de pluses salariales percibidos por los trabajadores. Los sindicatos argumentan que no es justo que se deje de compensar a estos profesionales por estar expuestos a un peligro.
El Gobierno tenía previsto introducir este cambio en la directiva de salarios mínimos, no obstante, los firmantes no tienen novedades acerca de este texto desde hace meses y no saben si va a materializarse, ya que CEOE ha amenazado con recurrirlo en los tribunales según tome forma y Trabajo sigue intentando salvar el real decreto con el que quería modificar el registro de jornada, que fue evaluado negativamente por el Consejo de Estado, a partir de los informes publicados por el Ministerio de Economía.
