- El análisis programado para enero de 2025 fue encargado con retraso y entregado en el mes de febrero
- Si esta evaluación no demostraba una caída de la temporalidad, tendría que modificarse la normativa laboral
La reforma laboral de 2021, aprobada con el apoyo de la patronal y los sindicatos, constituye el mayor hito político de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. No obstante, a las puertas de acudir a las urnas, sigue incumpliendo la obligación de evaluar el impacto de esta ley y publicar cómo ha cambiado las tasas de temporalidad de los diferentes sectores económicos. El Gobierno recibió el informe hace ocho meses, pero parece haber renunciado a presentarlo, para sorpresa de los que se encargaron de elaborarlo.
Este examen venía marcado por la ley en una disposición adicional que pretendía garantizar que esta norma cumplía su objetivo: reducir la temporalidad del sector privado. Para ello, se establecía que Moncloa efectuaría en enero de 2025 “una evaluación de los resultados obtenidos” por las medidas incluidas en este real decreto-ley, es decir, al cumplirse tres años de su aplicación. El Ministerio de Trabajo no encargó este análisis hasta ese abril, lo que demoró su entrega un año respecto al plazo recogido en el BOE.
El análisis estaba a cargo de un grupo coordinado por el catedrático en Economía de la UNED, Luis Ayala, y compuesto por representantes de los ministerios de Trabajo, Economía y Seguridad Social, los sindicatos CCOO y UGT e inicialmente, de CEOE y Cepyme. Sin embargo, las personas elegidas por las organizaciones empresariales abandonaron la comisión tras las primeras reuniones, al discrepar de la intención defendida por el resto del grupo de incluir en la evaluación otros aspectos diferentes a la tasa de temporalidad.
Como adelantó elEconomista.es, el documento fue finalizado y enviado al departamento de Díaz a finales de febrero. Desde entonces, solo ha habido un intento de presentarlo, en el mes de abril, cita que finalmente no se materializó por motivos de agenda. El informe fue elaborado con los datos recopilados hasta diciembre de 2025, por lo que hay un gran malestar entre los economistas que lo firmaron, en tanto que en el caso de salir a la luz habrá quedado desactualizado, según trasladan las fuentes consultadas por este periódico. Dentro del grupo, tampoco entienden la decisión del Ministerio de Trabajo de retrasar sine die su publicación, en tanto que apuntan a que el balance de la ley es positivo y que solo incluye “algunas matizaciones”.
El incumplimiento de la obligación que se recogía en la reforma no es baladí, en tanto que la ley recoge expresamente que “en el caso de que los resultados de la evaluación anterior demuestren que no se avanza en la reducción de la tasa de temporalidad, ya sea en la general o en la de los diferentes sectores, el Gobierno elevará a la mesa de diálogo social una propuesta de medidas adicionales que permitan la consecución de dicho objetivo, general o sectorial, para su discusión y eventual acuerdo con los interlocutores sociales”. Si bien, este objetivo se habría cumplido, de acuerdo con las estadísticas que publica trimestralmente el INE al elaborar la EPA.
La reforma pactada por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en 2021 cambió el sistema de contratación para que todos los acuerdos fueran por defecto indefinidos. La norma eliminó el antiguo contrato por obra y servicio, de forma que la mayoría de las contrataciones pasaron a ser indefinidas (siendo algunas de ellas fijas discontinuas).
La última estadística publicada, correspondiente al segundo trimestre recogía que 2.950 trabajadores tenían un contrato temporal, un 12,9% del conjunto de ocupados. Esta media está impulsada por el avance del sector privado, dado que las administraciones públicas siguen arrastrando un problema de temporalidad por el que apenas han reducido su tasa en los últimos años, si bien, la reforma estaba dirigida a las empresas privadas.
Tarea del próximo Gobierno
El departamento de Trabajo no ha contestado a las preguntas de este medio sobre si descarta presentar este documento antes de las elecciones del 29 de noviembre. No obstante, la ley también traslada la obligación de evaluar esta reforma al próximo Gobierno, en tanto que establece que “dicha evaluación deberá repetirse cada dos años”. En teoría, esta debería producirse en enero de 2027, ya que el plazo señalado inicialmente era enero de 2025 o al inicio de 2028, en el caso de tomar como referencia la fecha en la que se culminó el examen.
El Partido Popular, el partido que parte como favorito en todas las encuestas electorales excepto en la que elabora el CIS, se posicionó en contra de la reforma de la normativa laboral de 2021. De hecho, fue un voto equivocado de un miembro de su bancada el que propició que la reforma pudiese superar el trámite parlamentario, pese a tener el respaldo de todos los agentes sociales.
Durante los años que ha estado en vigor, el grupo parlamentario que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Gobierno de “maquillar los datos de empleo” por no ser transparente respecto a los fijos discontinuos que se encuentran inactivos y que perciben una prestación por desempleo. No obstante, en los primeros días de precampaña no se ha pronunciado sobre este tema. En 2023, el líder popular situó que haría retoques mínimos a esta ley, pero que no la cambiaría en su fondo.
En cambio, esta formación ha puesto el foco en las medidas dirigidas a reducir el número de bajas por incapacidad temporal, el que para las empresas es desde hace más de un año el principal problema en materia laboral. El PP quiere dar más competencias a las mutuas colaboradoras con Seguridad Social para que puedan dar el alta y planteó evitar que los convenios complementen la prestación que perciben los trabajadores mientras están de baja, con el fin de que un profesional enfermo no cobre lo mismo que el que sigue trabajando. También ha asegurado la subida de las pensiones con el IPC, pese a que tampoco respaldó las reformas de 2021 y 2023
