Dos de cada tres autónomos están sujetos actualmente a restricciones administrativas a su actividad y 565.000 tienen el negocio cerrado
A poco tiempo de cumplirse un año del estallido de la crisis y la hibernación de la economía para detener la pandemia, los trabajadores autónomos admiten estar al límite. Con la gran mayoría asumiendo caídas de ingresos que en seis de cada diez casos superan el 60%, las ayudas desplegadas por el Gobierno no serán suficientes para evitar daños mayores y más de 300.000 prevén cerrar este año, según el barómetro sobre la situación de este colectivo elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
“Las ayudas llegan tarde”, lamenta el presidente de ATA, Lorenzo Amor. El anuncio por parte de Pedro Sánchez de que el Gobierno ultima un plan de ayudas de 11.000 millones de euros ha dejado en este colectivo más dudas que alivio. En concreto, la incertidumbre se centra en los criterios de reparto y una posible discriminación en función de la viabilidad de las empresas, no tanto de su solvencia. “ATA no va a apoyarlo, cuando el Gobierno ha decretado cierres administrativos los ha decretado para todos pero cuando reparte las ayudas, no”.
En realidad, lo que los autónomos señalan es que el establecimiento de criterios de viabilidad para determinar quién merece ayudas y quién no es una materia delicada, incluso desde el punto de vista jurídico. Habría que analizar la situación económica y financiera de cada negocio hace un año y a partir de ahí establecer si lo que ha deteriorado su solvencia y su viabilidad ha sido su propia estructura o la situación creada a partir de los cierres decretados para frenar la pandemia.
La posibilidad de que se suavicen de forma generalizada las restricciones de horarios y movilidad en las próximas semanas no acaba de aliviar al millón y medio de autónomos activos, ya que más de la mitad esperan que a la caída de facturación de 2020 se sume un nuevo descenso de ingresos este año. Los problemas derivados de esta situación son principalmente una situación financiera más que comprometida por falta de liquidez y la convicción de que sus negocios no se recuperarán hasta 2023.
Los 11.000 millones anunciados por Sánchez también han sembrado la confusión entre los sindicatos. CCOO y UGT han demandado al Gobierno información sobre cómo se van a canalizar. Los sindicatos piden criterios objetivables y con compromisos de mantenimiento del empleo. Además, demandan que los recursos estén vinculados al mantenimiento de la actividad y de los empleos.
En cualquier caso, las ayudas caerán sobre un tejido productivo muy vapuleado. Dos de cada tres autónomos están sujetos actualmente a restricciones administrativas a su actividad y 565.000 tienen el negocio cerrado. La difusión de estas circunstancias se produce en el momento en el que el Gobierno, a través de la vicepresidencia económica, diseña un plan de ayudas directas con el que espera apoyar a pymes y autónomos golpeados por la crisis.
A diferencia de las ayudas lanzadas hasta ahora, el nuevo plan establecerá unos requisitos de cumplimiento, de manera que no todos los negocios podrán beneficiarse de él para mantenerse a flote. Economía guarda celosamente qué criterios son los que empleará para discriminar beneficiarios más allá de afirmar que empleará los recursos públicos en rescatar empresas que aunque estén en situación de falta de liquidez o al borde de la insolvencia, se apoyen en un negocio con futuro incluso si deben hacer una reestructuración. Las empresas o negocios en graves dificultades que no cumplan estos requisitos se quedarán fuera de las ayudas y se situarán en peligro de cierre.
“Necesitamos un plan urgente de medidas económicas que establezca ayudas directas para amortiguar la caída de actividad y evitar el cierre de empresas, autónomos y la destrucción de empleo”, ha resumido el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
La delicada situación financiera de los negocios mantenidos por este colectivo pone en riesgo el empleo que sostienen. En muchos casos, las reestructuraciones de plantilla no se producen precisamente por falta de fondos para afrontar las indemnizaciones. Así, el 41,1% de los autónomos con trabajadores reconoce que ya ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el 20,7% prevé disminuir su plantilla en 2021. A estos números hay que sumarle un 7,3% de autónomos que asegura que ha solicitado o va a solicitar un ERTE a corto o medio plazo.
Son las ayudas desplegadas desde Trabajo y Seguridad Social las que impiden así la destrucción de empleo. Aún así, e el 12,3% de los autónomos con trabajadores a su cargo admite que se ha visto obligado a despedir como consecuencia de la caída de la facturación de su negocio. El número podría crecer en los próximos meses, ya que el 39,5% de los autónomos que han solicitado un ERTE asegura que no sabe si cuenta con los medios suficientes para volver a incorporar “en breve” a sus trabajadores.
