- El Gobierno volverá a presentar el Proyecto de Ley para recortar el tiempo de Trabajo
- Trabajo aprobará cambios menores en el registro horario y activará la subida del SMI
La negativa del Congreso al texto con el que el Gobierno buscaba reducir la jornada laboral en 2,5 horas no representa el fin del debate para el Ministerio de Trabajo. En los últimos días, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha preparado el terreno para el veto de Junts y ha marcado la hoja de ruta a seguir a partir de este miércoles. Su departamento tiene previsto volver a llevar al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con los sindicatos en diciembre para que se envíe de nuevo a la Cámara Baja.
No obstante, ante la perspectiva de que su tramitación en esta segunda ocasión tampoco vaya a ser sencilla y que el debate vuelva a demorarse varios meses, el departamento tiene previsto desgranar algunos aspectos referidos al registro de jornada para aprobarlos a través de un reglamento. Es una materia en la que CCOO y UGT llevan meses insistiendo al no entender por qué la mejora de la norma de 2019 tenía que ir ligada al recorte del tiempo de trabajo. Sin embargo, por esta vía solo puede introducir la obligación de que el registro sea digital.
“Vemos que pueden existir grandes diferencias en función de si los cambios se enmarcan en el Proyecto de Ley o van en un reglamento” apunta Victoria Miravall de la compañía de soluciones de gestión Wolters Kluwer a elEconomista.es. “Es probable que tal y como se expresan las exigencias de objetividad, fiabilidad y accesibilidad con las que tiene que cumplir el registro horario pueda introducirse la obligación a recurrir a sistemas digitales mediante un real decreto” detalla. Este sería el paso necesario para dar acceso en remoto a la Inspección de Trabajo, recientemente reforzada.
Si bien, el endurecimiento de las sanciones por incumplir estas obligaciones quedaría fuera de su marco de actuación con esta fórmula. Yolanda Díaz necesitaría el aval del Congreso de los Diputados tanto para elevar la sanción máxima como para establecer que las multas se pongan por cada trabajador y no por cada compañía, como sucedía hasta ahora.
En el corto plazo, también está previsto que Trabajo convoque a la Comisión de Expertos del SMI para pedirles que hagan una recomendación de subida para que este umbral mínimo se mantenga en el 60% del salario medio, un hito que dieron por alcanzado en el año 2023. Este sería el primer paso para la elaboración del informe en el que se basará el Ministerio de Trabajo para elaborar su propuesta de actualización del SMI en las consultas a los representantes de la patronal y los sindicatos.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya ha instado a la titular de Trabajo a convocar la primera reunión del grupo de expertos la próxima semana. Los sindicatos han situado que el incremento del próximo año debe superar a la inflación (2,7% en agosto) aunque todavía no han hecho pública qué cifra demandarán a Trabajo. Lo habitual es que tomen como referencia cuánto están creciendo los salarios pactados en convenio (por encima del 3%), aunque UGT también quiere introducir el precio de la vivienda como una variable a tener en cuenta de cara a la fijación del SMI.
La remuneración mínima para cualquier trabajador que desarrolle un empleo a tiempo completo quedó fijada en 1.184 euros al mes en 14 pagas a comienzos de 2025, lo que hace más que probable que esta cifra supere la barrera de los 1.200 euros con el próximo incremento. Los empresarios, por su parte, suelen proponer el porcentaje comprometido en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), pero para el año 2026 no hay acuerdo.
Reforma de la indemnización por despido
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa emitió dos dictámenes en los que daba la razón a las demandas presentadas por CCOO y UGT contra España y señalaba que la indemnización por despido improcedente, tasada en 33 días por año de salario con un máximo de dos años no puede resarcir el daño causado al trabajador cesado. Posteriormente, el Supremo cerró la puerta al establecimiento de indemnizaciones adicionales, por lo que el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a llevar a cabo una reforma legal que vaya en la línea del conocido como despido a la carta.
Si bien, esta iniciativa tendrá que esperar, dado que el departamento pospuso esta iniciativa hasta que se resolviera el debate de la reducción de jornada –que buscan mantener abierto– y se aprobara el Estatuto del Becario, el acuerdo alcanzado con los sindicatos antes de las elecciones de julio de 2023 y que todavía no ha llegado al Consejo de Ministros. De esta forma, la mesa de diálogo social que aborde estos cambios no se constituiría hasta el comienzo de 2026.
El acuerdo de coalición con el PSOE hacia referencia a la aprobación de cambios en la regulación del despido y se hablaba de hacerla acorde a los establecido en la Carta Social Europea en la que se basó el organismo europeo para hacer sus juicios sobre la ley española. No obstante, no hay consenso dentro del Ejecutivo para estipular que la indemnización que se aplique en cada caso dependerá de la situación personal del despedido, si tiene o no una hipoteca, hijos a cargo o su edad, ya que esta puede condicionar sus opciones de encontrar un nuevo empleo.
