Advierte al Gobierno de que el país ya es el tercero con más ausencias
La OCDE acaba de entregarle al Gobierno de España un argumento de peso en una batalla crucial que lleva más de un año sin resolverse. El organismo internacional le ha presentado ya al Ministerio de Seguridad Social un informe que le había encargado y que constata algo que en España se debate, pero no se ataja: el país tiene un problema grave de absentismo y no están aplicando los instrumentos que funcionan en su entorno para corregirlo. Por ejemplo, las bajas parciales, la misma medida que la ministra Elma Saiz lleva meses intentando impulsar sin lograr el respaldo ni de la patronal ni de los sindicatos. Con el aval explícito de la OCDE, que lo considera «factor de éxito casi universal», el Ejecutivo tiene ahora cobertura técnica para llevar a cabo sus planes.
El diagnóstico del informe es contundente. España registra 4,9 semanas de baja por empleado al año, el tercer nivel más alto de la OCDE, solo por detrás de Noruega y Finlandia. Se trata de una tendencia sostenida durante los últimos doce años, que se ha intensificado de forma notable tras la pandemia, situando al país entre los de mayor absentismo, tras haber estado anteriormente por debajo de la media. Y el impacto económico es significativo: cerca de 18.000 millones de euros al año en prestaciones públicas y otros 16.000 millones en costes para las empresas. En contraste, los países analizados en el estudio —Austria, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y Suecia— han logrado estabilizar sus niveles entre las 2,5 y 3,5 semanas anuales.
En las 135 páginas que conforman el estudio, sus economistas sostienen que España no tiene que recortar sus «generosas prestaciones» —quizá siguiendo las órdenes del ministerio—, pero sí debe equilibrar el sistema para garantizar su sostenibilidad.
La solución que el informe identifica como más eficaz y más extendida es la baja parcial: la posibilidad de graduar la prestación al 25, 50 o 75 % para que el trabajador pueda compaginar la recuperación con una jornada reducida, una medida que en Suecia se utiliza masivamente y representa en torno al 30 % de los casos, según constata la OCDE.
Más en La Voz
El Pentágono plantea en un correo interno la expulsión de España de la OTAN
El marisqueo gallego, ante la peor crisis del siglo: las intensas lluvias y la baja salinidad se llevan la esencia del mar
Es precisamente lo que el Gobierno lleva meses intentando introducir en España bajo el nombre de «altas progresivas», una propuesta que hasta ahora no ha encontrado apoyo en el diálogo social. La fórmula que maneja la Seguridad Social —aunque presentará un nuevo borrador próximamente— es más restringida que la que planea la OCDE y contempla su aplicación solo en bajas de larga duración —más de 180 días— derivadas de enfermedades graves como procesos oncológicos, cardíacos o traumatológicos. Además, lo limita a una reincorporación gradual de un mes como máximo. Durante este tiempo, el trabajador haría la mitad de su jornada, cobraría el salario correspondiente a esas horas y percibiría, además, una prestación equivalente al 50 % de la que le correspondería por la jornada no trabajada.
Plan de adaptación
También en Austria funciona un programa equivalente por el que el empleado se reincorpora progresivamente con horas que aumentan semana a semana según un plan médico, con el salario cubierto por el seguro y no por la empresa. El dato que el informe aporta sobre su eficacia es difícil de ignorar: el 75 % de los participantes siguen empleados cinco años después. Alemania obliga por ley a las empresas a ofrecer un plan de adaptación del puesto a cualquier trabajador que acumule seis semanas de baja en un año, y los Países Bajos van más lejos: los empleadores que no acrediten esfuerzos suficientes de reintegración pueden verse obligados a pagar la prestación durante un tercer año.
Mecanismos de prevención
Pero no es la única recomendación que hace el organismo, que pide también un mayor control de las bajas, hacerlo, además, de forma temprana y establecer mecanismos de prevención. Así, Suecia evalúa en el día 180 de baja si el trabajador puede desempeñar cualquier trabajo en el mercado laboral y, si es así, interrumpe la prestación. Bélgica va más lejos todavía: interviene antes de que llegue la baja con programas de fisioterapia y apoyo psicológico ante los primeros síntomas de dolor lumbar o agotamiento profesional.
