- En los bares, la subida del precio sobre la factura del año pasado es del 25%
- La subida coincide con gastos extra en medidas de higiene por la pandemia
El desmesurado encarecimiento del precio de la electricidad ha añadido más presión -si cabe- a cientos de pequeños negocios de autónomos y pymes cuya supervivencia llevaba ya año y medio en riesgo tras los cierres de la primavera de 2020 y la larga y lenta posterior recuperación.
Esta situación provocó una intensa caída de sus facturaciones a la que, actualmente, se añade un aumento de los costes que en muchos casos amenaza con fulminar los estrechos márgenes con los que subsisten. Los sectores del comercio y la hostelería denuncian, además, que esta subida se produce en un momento en el que han tenido que asumir una inversión extra en medidas de higiene por la pandemia, y facturando en la mayoría de los casos menos de la mitad.
Las cocinas de la mayoría de restaurantes y bares dependen considerablemente de la electricidad, ya que aparatos como freidoras, hornos, lavavajillas o cámaras frigoríficas son esenciales y su uso es casi constante, además de otros establecimientos, que, incluso, cuentan con habitaciones de frío para conservar la mercancía. Durante el verano los aires acondicionados también son protagonistas en las salas interiores. En los bares la subida sobre la factura inicial es de alrededor del 25%, cuenta el dueño de un establecimiento hostelero situado en pleno corazón de Madrid.
Emilio Gallego, secretario general de la patronal Hostelería de España, alerta de que “la energía representa entre el 8% y el 10% de los costes, por lo que una subida de un tercio puede provocar un aumento de entre el 2% y 3% de los gastos fijo en las empresas del sector”. La consecuencia inmediata, según comenta, es que la hostelería y el sector turístico “están perdiendo competitividad” frente a otros países. Ante todo ello, los hosteleros reclaman al Gobierno que se siente a negociar y se ponga sobre la mesa “un sistema de tarificación distinta”, aprovechando además los fondos europeos Next Generation para incrementar la eficiencia energética y buscar soluciones al encarecimiento de la electricidad.
Lastre para los autónomos
Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA (Asociación de Autónomos), asegura que “el precio que está alcanzando la luz es un auténtico escándalo. Es un lastre para muchos autónomos y para muchas pequeñas empresas que en estos momentos están viendo un coste añadido en su producción”. Comenta, además, que “de media, los autónomos pagaron un 35% de más en el mes de julio por los costes energéticos pero, en agosto, con la ola de calor y con la subida que esta teniendo la luz, desde luego los recibos se van a disparar. Un autónomo en estos momentos está pagando de media entre 200 o 300 euros más de coste energético que lo que hacía el año pasado y esto es un coste inasumible para muchos de ellos”.
Amor recuerda además que “en España los autónomos y las empresas pagan la luz más cara de Europa, con lo cual muchas empresas están perdiendo competitividad con vecinos europeos. El Gobierno tiene que poner freno a esto ya y no echar las culpas a otros. Este tiene la capacidad, y así lo ha dicho Europa, para controlar los precios de la luz y por ello también tiene la capacidad de poder aliviar a autónomos y empresas de estos costes que están teniendo actualmente”.
Rosana Bermúdez, propietaria de una carnicería en Córdoba desde hace 13 años, asegura que “nunca me he quejado de pagar por ser autónoma, ni de las trimestrales, ni del alquiler, pero si sigo pagando 800 euros este mes y el que viene, no creo que pueda mantener mi negocio abierto.
El precio por alquilar el local no baja y tampoco cobro en condiciones. Trabajamos para pagar y ni siquiera llegamos bien a eso”. Afirmando que “a este paso, los comercios de barrio van a desaparecer”. En su caso, no puede acceder a las ayudas que ofrece el Estado ya que afortunadamente no tuvo que cerrar durante la pandemia por tener productos de necesidad.
Medidas “a corto plazo”
Ante esta situación principalmente motivada por las alzas de los derechos de emisión y del gas natural, y con el fin de frenar lo máximo posible el impacto del pool eléctrico, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que encarece el recibo eléctrico del 21% al 10% y ha suspendido durante el tercer trimestre de este el impuesto a la generación eléctrica, que supone un 7%, y que pagan las productoras, algo que de todos modos no compensa ni a empresas ni a consumidores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, además, mantiene su disposición a estudiar todas las propuestas relacionadas con la luz, como las presentadas por varios ministros de sus socios de la formación morada, sabiendo que “hay un objetivo a largo plazo de reforma del sistema y un marco de lucha contra el cambio climático”.
