La cobertura de paro de los ERTE será retroactiva

La cobertura de parto de los ERTE que recoge el borrador de Real Decreto-ley que ha estudiado el Gobierno será retroactiva.

Así lo recoge el texto al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que en su Disposición transitoria única establece que «a los procedimientos comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto- ley y basados en las causas previstas en el mismo, les serán de aplicación las medidas extraordinarias recogidas en su artículo 3«.

El citado artículo recoge que todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a «las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello».

Sin embargo, este efecto retroactivo no afecta a la agilización de los procedimientos, lo que reclamaban las empresas, con lo que la avalancha de ERTE que se empezaron a declarar la semana pasada hasta que entre en vigor esta norma no se verán flexibilizados y no tendrán consideración de fuerza mayor. Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos. Todas estas medidas de agilización no se ven afectadas por el efecto de retroactividad.

El citado artículo recoge que todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a «las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello».

Sin embargo, este efecto retroactivo no afecta a la agilización de los procedimientos, lo que reclamaban las empresas, con lo que la avalancha de ERTE que se empezaron a declarar la semana pasada hasta que entre en vigor esta norma no se verán flexibilizados y no tendrán consideración de fuerza mayor. Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos. Todas estas medidas de agilización no se ven afectadas por el efecto de retroactividad.

El citado artículo recoge que todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a «las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello».

Sin embargo, este efecto retroactivo no afecta a la agilización de los procedimientos, lo que reclamaban las empresas, con lo que la avalancha de ERTE que se empezaron a declarar la semana pasada hasta que entre en vigor esta norma no se verán flexibilizados y no tendrán consideración de fuerza mayor. Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos. Todas estas medidas de agilización no se ven afectadas por el efecto de retroactividad.

El citado artículo recoge que todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a la crisis sanitaria del coronavirus tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo y ese tiempo consumido de paro no contará como gastado. También se introducen cambios para reconocer el derecho a cobrar el paro a «las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello».

Sin embargo, este efecto retroactivo no afecta a la agilización de los procedimientos, lo que reclamaban las empresas, con lo que la avalancha de ERTE que se empezaron a declarar la semana pasada hasta que entre en vigor esta norma no se verán flexibilizados y no tendrán consideración de fuerza mayor. Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos, de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.

La autoridad laboral resolverá la solicitud en un plazo máximo de siete días, una vez que haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado. Además, se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos. Todas estas medidas de agilización no se ven afectadas por el efecto de retroactividad.

Vía: https://www.expansion.com