La patronal madrileña aboga por recuperar el despido por causas objetivas cuando las ausencias por enfermedad del trabajador sean reiteradas
Cada día 1,4 millones de personas faltan a su puesto de trabajo porque están enfermos. Eso tiene un coste para las empresas y las arcas públicas, y la CEOE quiere que sea la Seguridad Social la que asuma el pago de prestaciones y cotizaciones de los trabajadores durante los primeros quince días de las bajas por incapacidad temporal. Ahora, el trabajador no cobra prestación alguna de la Seguridad Social durante los tres primeros días de la baja. Tampoco por parte de la empresa, salvo que esté recogido en convenio. A partir del cuarto día y hasta el decimoquinto, percibe el 60 % de su base reguladora, y el coste lo asume íntegramente la compañía. Del 16 al 20 sigue cobrando el 60 %, pero el coste pasa a ser abonado por la Seguridad Social o por la mutua. Del día 21 en adelante, pasa a percibir el 75 %, sufragado igualmente por la Seguridad Social o lo mutua.
También quiere la patronal que se exonere a los empresarios de cotizar por los contratos temporales de sustitución. Así lo reclamó ayer el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una jornada sobre absentismo que se celebró en Madrid. Allí se puso sobre la mesa que el coste de estas ausencias se ha triplicado en España en los últimos diez años, hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en el 2025, de los que las empresas asumen casi la mitad, unos 17.000 millones. «Se trata de la segunda partida de gasto, solo superada por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo», subrayó Garamendi durante su intervención. Posteriormente, en declaraciones a los medios, matizó que «mucha gente está enferma y hay que cuidarla», pero que «lo que no puede ser es que todas esas bajas hasta el día 15 las paguen las empresas», a lo que añadió que «si [el Estado] no pone remedio para que esto se arregle, por lo menos que nos evite el coste».
Más personal sanitario
Reclamó también el presidente de la gran patronal más profesionales sanitarios y, si es necesario, mejor pagados; más inspectores en los servicios públicos de salud y en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que se potencie el papel de las mutuas y que se adelanten los controles médicos a los tres, seis y nueve meses, en lugar de a partir del año como ocurre ahora.
«La solución no vendrá de una única institución y de un único actor, vendrá de la suma de esfuerzo, de la cooperación entre Administraciones, empresas, profesionales y agentes sociales. Porque cuando un problema es de todos, la solución también debe ser de todos», reivindicó Garamendi, que llamó una vez más a un diálogo social bipartito «real».
La directora de empleo, diversidad y protección social de la CEOE, Rosa Santos, por su parte, calificó como un «problema de país» la falta al trabajo cada día de cerca de 1,4 millones de personas, de baja por contingencia común. Ello, dijo, es un «lastre definitivo» para la productividad de las empresas, cuya causa no tiene tanto que ver con un problema de salud pública como con un conjunto de «ineficiencias de la Administración, del sistema de salud y de un entorno regulatorio que no es el más adecuado».
Mientras, la vicepresidenta de la patronal madrileña CEIM, Laly Escudero, abogó por recuperar el despido por causas objetivas en el caso de baja reiterada, Y reivindicó el derecho de las empresas a conocer el motivo de la incapacidad. Otra petición de CEIM que defienden han defendido más patronales es la de ligar en la negociación colectiva los complementos salariales que abonan las empresas durante las bajas al nivel de absentismo general, o que se suspenda cuando la baja sea repetitiva, corta o cuando el trabajador no colabore.
Reacción sindical
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, no tardaron en responder, dejando claro que no comparten con la patronal el diagnóstico sobre las causas que están provocando el incremento de las bajas laborales por incapacidad temporal, y rechazando de plano el argumento de que se está produciendo un uso abusivo de estas y que se estén concediendo «alegremente». «A ese juego no vamos a jugar», han advertido los dirigentes sindicales, que sí se han mostrado dispuestos a analizar toda la casuística que está haciendo que se incremente el número de bajas y la duración de las mismas «en profundidad y con rigor».
El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, ridiculizó ayer a los jóvenes de baja por salud mental, a los que no dudó en calificar como «memos», reduciendo sus problemas a que «los ha dejado la novia» o «el jefe les ha pedido que trabajen».
En una de las mesas del foro organizado por la CEOE —en el que para debatir un asunto tan complejo como el del absentismo solo se dio voz a empresarios, sin contar siquiera con la opinión de profesionales sanitarios—, ante otros líderes de patronales autonómicas, el jefe de los empresarios manchegos subió el tono para generalizar el comportamiento de toda una generación, asegurando que «cualquier cosa que les suceda en el trabajo ya es un problema, y que tengan que cumplir un horario ya les supone un acoso laboral». «Es un problema de educación y de fortaleza mental», remachó.
Se da la circunstancia de que Nicolás es director gerente de Solimat, una mutua colaboradora con la Seguridad Social, que entre sus atribuciones tiene precisamente la de gestionar las prestaciones de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y controlar la evolución de las bajas, proponiendo de verlo conveniente el alta del trabajador enfermo (que en último término debe autorizar un médico del sistema público de salud). «Nos inflamos [a proponer altas]», presumió el empresario, que insistió ante el auditorio en que el 20 % de los trabajadores a los que se les da la baja no tienen ninguna patología, un argumento que ya había empleado en el pasado. En su escalada verbal, llegó a proponer realizar reconocimientos médicos a todos los trabajadores antes de contratarlos.
Tal fue el tono del dirigente de la patronal manchega que provocó molestias en sus colegas y obligó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a desautorizarlo en público: «Hay una realidad de la salud mental que está ahí, que es mundial, que viene en muchos casos también del efecto covid, también en la propia infancia, y que tenemos que resolver la sociedad en su conjunto».
