Con el incremento previsto para este año, España seguirá siendo el séptimo país de la Unión Europea con un SMI más elevado
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) superará por primera vez los 1.300 euros al mes en 2024, con lo que España mantendrá su posición como séptimo país de la Unión Europea con un sueldo mínimo más elevado, sólo por detrás de Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Francia, según los datos de Eurostat. Hace diez años, en 2013,España era ya el séptimo país con el SMI más alto de la UE, y una década antes se situaba en el octavo puesto, lo que supone que nuestro país no ha mejorado relativamente respecto al resto de países comunitarios en los últimos veinte años, porque en los demás también se han producido incrementos considerables.
Al publicar información sobre los salarios mínimos en la Unión Europea, Eurostat clasifica a los países en tres grupos: uno para los que tienen un SMI superior a los 1.500 euros mensuales -en el que figuran Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda y Francia, con salarios que van desde los 2.508 euros a los 1.747 euros en el país vecino-; un segundo grupo para aquellos que tienen un SMI que oscila entre los 1.000 y los 1.500 euros, y en el que sólo figuran Eslovenia (1.203 euros al mes en 2023) y España, que permanecerá en este grupo pese al incremento previsto para este año; y un tercero con países en los que el SMI no llega a los mil euros. En este último se encuentran todos los demás, siendo Bulgaria el país de la UE con el SMI más bajo, inferior a los 400 euros mensuales.
Desde 2018 en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el Salario Mínimo Interprofesionalha subido un 46,76% en España, al pasar de los 735,9 euros en catorce pagas a los 1.080 euros, pero hay diez países en la UE que han experimentado en el mismo periodo un incremento superior, con lo que la clasificación no se ha alterado.
En 2024 está previsto que el SMI se eleve como mínimo un 5%, hasta los 1.134 euros en catorce pagas o 1.323 euros al mes, ya que se asume que las patronales CEOE y Cepyme no apoyarán la propuesta del Gobierno para elevarlo un 4% en un pacto tripartito, al haber ignorado sus dos condiciones sine qua non: la modificación de la Ley de Desindexación y la aprobación de bonificaciones a las cotizaciones para el sector agrario para compensarles por el incremento de costes derivado de elevar el SMI.
Los sindicatos han pedido al Ejecutivo que, si las patronales no están en el acuerdo, el incremento sea coherente con el que ha aprobado para otros indicadores mínimos, es decir, que se sitúe entre el 5% y el 7%. “Pedimos al Gobierno coherencia: si las pensiones mínimas contributivas han subido entre el 5% y el 7%, si las mínimas no contributivas han subido el 6,9%, y si el Ingreso Mínimo Vital ha subido el 6,9%, el Salario Mínimo Interprofesional se debe fijar en los mismos parámetros”, dijo este lunes Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, al término de la reunión que se celebró en el Ministerio.
En caso de que las patronales se mantengan al margen, el SMI podría llegar a estar entre los 1.134 euros en catorce pagas y los 1.155 euros (1.323 – 1.347,5 mensuales), con lo que acumularía un incremento en los últimos seis años superior al 53%, más del triple del que han registrado los precios en el mismo periodo, ya que la inflación acumulada desde 2018 se sitúa en el 15,9%, según los datos del INE.
Presión a la patronal
Cuando se inició la negociación para elevar el SMI de cara a 2024, CEOE y Cepyme propusieron que se elevara un 3% -en línea con el incremento salarial recomendado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva-, un alza que apoyarían siempre y cuando se cumplieran sus dos condiciones.
Frente a este posicionamiento, CCOO pidió desde el principio un incremento del 5%, mientras que UGT fue rebajando poco a poco sus expectativas desde su solicitud inicial de elevarlo a 1.200 euros en catorce pagas.
Entre el 3% de las patronales y el 5% de los sindicatos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, propuso un incremento del 4% -a medio camino- que le permitiría llegar a un acuerdo, pero su Ministerio no ha conseguido que Hacienda acceda a modificar la Ley de Desindexación -algo que apoyaban también los sindicatos- como exigía CEOE. La bonificación de las empresas agrarias no contaba con el visto bueno sindical, por lo que es algo en lo que Trabajo no ha puesto esfuerzos.
“No hemos conseguido nada de lo que le hemos pedido al Gobierno, así que sería raro que apoyáramos una subida del Salario Mínimo Interprofesional un punto superior a la que habíamos propuesto inicialmente”, señalan fuentes patronales a EL MUNDO. Aún así, CEOE y Cepyme van a consensuar su posición internamente con sus asociados y en la próxima reunión con el Ministerio y los sindicatos, prevista para finales de la semana, confirmarán su decisión.
El Ministerio y los sindicatos dicen tener esperanza en que todavía se pueda aprobar el incremento con un acuerdo a tres bandas, pero admiten que desde el principio han dudado de las verdaderas intenciones de la patronal de llegar a un pacto. Fuentes cercanas a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, admiten que él mismo sabía que sus condiciones eran imposibles de cumplir y que, en el fondo, nunca quiso el acuerdo con un Gobierno al que ha criticado mucho por sus concesiones de investidura.
El propio presidente de la patronal este martes ha calificado de “chantaje” la proposición del Gobierno, al ofrecerle una subida y, en caso de que no le guste, amenazarle con “taza y media”, según ha dicho en una entrevista en televisión.
Ante esta situación, Trabajo presiona. El secretario de Estado, Joaquín Pérez-Rey, ya advirtió ayer a las patronales de que si no firman, la subida será superior, más alineada con lo que piden los sindicatos, intentando presionar así a sus líderes para que convenzan a las organizaciones que las integran de que es mejor firmar el mal menor (una subida del 4%) que exponerse a un aumento de costes empresariales más fuerte.
La búsqueda del mal menor fue precisamente lo que llevó a la CEOE a participar del acuerdo para subir el SMI de 900 a 950 euros en el año 2020, frente a unas ambiciones sindicales y de parte del Gobierno de llevarlo a 1.000 euros. Aunque se evitó así una subida superior, el acuerdo -y la foto del mismo, en la que salía también el entonces vicepresidente Pablo Iglesias– le costó muchas críticas a Garamendi, incluso desde dentro de su organización; algo que ahora podría querer evitar.
