- Los ceses de indefinidos se disparan un 873% desde la reforma laboral
- Trabajo limita que los convenios puedan ampliarlo en lugar de clarificar las causas
- Casi dos millones de españoles perdieron un empleo por despido o no superar el periodo de prueba en 2023
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la pasada semana su plan para limitar el abuso en el periodo de prueba, que en todo 2023 provocó 976.141 bajas de afiliación a la Seguridad Social. Esta fórmula, paralela al despido, pero que no se considera tal ni cuenta con indemnización, se ha convertido en uno de los puntos débiles de la reforma laboral, que castiga a especialmente a los trabajadores con contrato indefinido, cuyos ceses se han disparado un 837% desde que la norma está en vigor. Pero la estrategia de Trabajo se limita a reducir el papel de la negociación colectiva y no toca la verdadera raíz del problema: la volatilidad endémica del empleo en España.
A falta de conocer el texto, la ministra de Trabajo parece haber convertido la transposición de la directiva europea de transparencia en las condiciones salariales en una suerte para corregir flecos que quedaron pendientes de la reforma laboral de 2021, como el despido o ‘dimisión forzada’ por rechazar una modificación sustancial en las condiciones laborales, como un recorte de jornada, la unilateralidad en dichos cambios. Pero en lo que se refiere al periodo de prueba no se incluyen novedades respecto a un plan diseñado en la Legislatura anterior.
El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que “en defecto de pacto en convenio”, la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores, o tres si la empresa tiene menos de 25 trabajadores. Estos plazos se reducen a un mes para los contratos temporales de duración inferior a seis meses, aunque el anteproyecto establece que si los contratos duran menos de siete días no podrán tener periodo de prueba. El plan de Díaz pasa por modificar también la redacción en lo referido al “pacto en convenio”, para que los convenios no puedan “ampliar la duración de estos periodos de prueba” en ninguno de los supuestos.
La nueva redacción plantea que “podrá concertarse por escrito un periodo de prueba de conformidad con lo establecido en convenio colectivo” pero “habrá de respetar los límites” recogidos en la ley. Como ya contamos en elEconomista.es, esta idea se introdujo en la versión inicial de la transposición, que se negoció a finales de la pasada Legislatura y, salvo sorpresas de última hora en la redacción, no difiere de lo ya conocido por patronal y sindicatos. Trabajo justifica la decisión por el hecho de que la directiva europea fija que los periodos de prueba no puedan superar los seis meses.
Los convenios ignoran a Díaz
¿Porque esta cuestión no se introdujo en la reforma laboral de 2021? La idea inicial al no tocar este apartado en la reforma laboral era que los acuerdos entre patronales y sindicatos fueran los que acotaran a la baja la duración del periodo de prueba y evitara el riesgo de que las empresas aprovecharan para hacer contratos de muy corta duración sin derecho a indemnización que sustituyan a los extintos contratos temporales por obra y servicio. Pero a la vista de los datos, esto no ha sido así.
En 2023 se firmaron 1.351 convenios nuevos que afectan a 3,6 millones de trabajadores. El 82,9% de los acuerdos mantuvieron sin cambios la duración del periodo de prueba establecida en la ley. Pero el 17,1% que sí lo modificó afecta a 1,67 millones de trabajadores, lo que equivale al 44% de los empleados de nuevos convenios.
De ellos, 141 convenios, un 10,44% de todos los firmados, recogen un periodo de prueba inferior al legal. Afectan a 877.762 trabajadores, el 23,42% de los asalariados cubiertos por esos acuerdos. El restante 6,41% equivale a los 91 convenios que optaron por elevar el tope temporal. Los trabajadores afectados son 806.537, el 21,52% del total. Sin embargo, esta cifra es levemente menor que la registrada en 2021, cuando se alcanzaron los 838.904 empleados.
Pero en 2022, primer año de la reforma laboral, fueron solo 294.101, lo cual en un principio parecía avalar la estrategia de Díaz, pero hay que tener en cuenta que se trató de un año parco en negociación colectiva, a la espera de la firma del Acuerdo AENC en mayo del pasado año, que reivindica la transparencia y la adecuación del periodo de prueba, pero no que no superen el maximo legal.
La gran mayoría de estos pactos se incluyen en convenios sectoriales, así que los datos de 2023 dejan claro que la voluntad de patronales y sindicatos de alargar el periodo de prueba apenas se ha reducido tras la reforma laboral. Ello a pesar a que los agentes sociales eran conscientes de que el Gobierno iba a aprovechar la transposición para rebajar esta discrecionalidad.
Unos datos contundentes
¿Pero es la estrategia adecuada? Volvamos a los datos: la cifra de afectados por convenios que alargaban el periodo de prueba en 2023 es similar a la de 2021, pero las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado. En este sentido, en fuentes del diálogo social consideran que el problema no es la negociación colectiva, ya que también se mantienen en niveles similares los convenios que no cambian la duración laboral y los que la recortan. A su juicio, los periodos de prueba que da la norma ya son suficientemente largos para que las empresas conviertan los indefinidos en ‘temporales de facto’. Sobre todo, si no se acotan los supuestos y condiciones del periodo de prueba.
Como ya contamos en elEconomista.es, las 976.141 bajas acumuladas en 2023 por no superar el periodo de prueba solo quedan levemente por debajo de las 991.265 clasificadas como despidos propiamente dichos. Son cifras perfectamente bien conocidas por el Gobierno: el pasado año el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social revisó la publicación de las estadísticas de causa de bajas de afiliación para ampliar su contabilidad por partida doble.
Ahora se publican como media diaria, como ya se venía haciendo, y como el total de las registradas a último día de mes. Así, en diciembre (último dato disponible) se registraron 3.823,11 bajas diarias de media (de ahí los decimales) y 68.816 en el total del mes, aunque diciembre fue un mes relativamente flojo. En junio se registraron 105.102. Estas cifras muestran que la volatilidad endémica del empleo es un factor mucho más determinante que los cambios en la negociación colectiva.
Los fijos que no superan el periodo de prueba se disparan
Bajas de afiliación por tipo de contrato
https://flo.uri.sh/visualisation/16789242/embed
Pero esta volatilidad castiga especialmente a los trabajadores con contrato indefinido. Mientras tanto, los casos de temporales han caído un 43%, los de trabajadores fijos sumaron un total de 702.802 en todo 2023 y se han disparado un 29,5% respecto a 2022 y un 837% respecto a 2021.Recordemos que bajo el marco legal superior de prueba oscila entre seis y dos meses según la cualificación del puesto y tres meses para las pequeñas empresas.
La propia líder de Sumar parece comprender este problema con su promesa electoral de reforzar la causalidad del despido incluyó las bajas por periodo de prueba, para que no puedan usarse discrecionalmente. Aunque esto último no entró en el acuerdo que firmó con Pedro Sánchez para reeditar la coalición de Gobierno.
En este sentido, la medida incluida por la transposición queda lejos de una reforma del periodo de prueba para impedir abusos y supone una limitación parcial que en todo caso obligará a los convenios ajustarse. Pero el problema sigue siendo reducirlo por debajo del máximo legal. Sobre todo, porque si las bajas se producen para suplir contratos temporales de duración discrecional, un plazo de entre dos y tres meses (para las pymes) es más que suficiente.
