- La ex líder de Sumar la excluye de sus prioridades para la nueva fase de la Legislatura
- Podemos lanza una ofensiva para torpedear su hoja de ruta
- Alerta por despidos: siguen rompiendo todos los registros y más de la mitad son ‘gratis’
El paso atrás de Yolanda Díaz al frente de Sumar ha supuesto un terremoto político que sacude tanto a su propia formación con al Gobierno de coalición, en el que seguirá desempeñando los puestos de vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Pero también siembra dudas sobre la viabilidad de hoja de ruta planteada por la política gallega para esta nueva etapa, en la que destaca una significativa ausencia: la de la reforma del despido.
Que Díaz siga reteniendo intacto su peso en el Ejecutivo, al tiempo que dirige el grupo parlamentario se plantea, a priori, como una garantía de continuidad de las políticas que, durante su comparecencia para explicar su renuncia, enmarcó en “cinco retos“. De ellos, solo dos son competencia directa de su cartera actual: la reducción de la jornada laboral y los permisos retribuidos y prestación universal por hijo a cargo. Los otros tres son la reducción de los precios de la vivienda, una reforma fiscal y “asegurar la paz en Palestina”. Pero en todos ellos seguirá teniendo mucho que decir.
Precisamente este poder para fijar los objetivos augura una sucesión compleja en Sumar, amenazada por las tensiones internas con Podemos y Más Madrid tras los últimos descalabros electorales. Precisamente Díaz aprovechó el ciclo electoral para reafirmar su discurso sobre la regulación del despido, hablando de restringir las causas económicas que justifican los ceses con indemnización a 20 días por año, medida que describió como una derogación de las reformas laborales del PSOE de 2010 y el PP de 2012. Algo que había quedado descartado en la suya de finales de 2021. Pero ni siquiera esta promesa electoral movilizó a sus votantes.
A la inestabilidad interna de Sumar, se añade la debilidad parlamentaria del Gobierno, con el enfrentamiento entre Díaz y Podemos como uno de sus puntos calientes y que ya provocó la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo con la reforma de los subsidios. Los de Ione Belarra han puesto ahora el foco en el despido, con una propuesta que busca ganarse apoyos en ERC y Bildu y que supone un auténtico torpedo a la línea de flotación de los elaborados planes de la ministra de Trabajo para combatir los despidos, que han repuntado espectacularmente coincidiendo con la entrada en vigor de a reforma laboral.
La ex líder de Sumar echó a andar su estrategia inmediatamente después de la reforma laboral, que eludía explícitamente cualquier cambio en este sentido. Solo unos meses después, UGT y CCOO denunciaron ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) que la indemnización por despido improcedente, tasada en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no se ajustaba a la Carta Social Europea por no ser reparativa para muchos trabajadores ni disuasoria para los empresarios.
Díaz apoyó con entusiasmo los argumentos de la denuncia, si bien el PSOE, a través del Ministerio de Justicia, la rechazó en sus alegaciones. El problema va más allá de estas discrepancias, porque varios tribunales han dictado sentencias con indemnizaciones superiores al tope legal, acogiéndose a lo que dice la Carta Social Europea. Sobre esta cuestión se acabará pronunciando el Tribunal Supremo y los sindicatos temen que este que la legislación actual es válida, de ahí que recurran a Bruselas para obligar al Gobierno a un cambio legal. La sintonía con la ministra de Trabajo es más que evidente.
La ministra de Trabajo lleva desde 2022 defendiendo que unas indemnizaciones “variables” para cada caso servirían para cerrar la vía del ‘despido libre’ que se mantiene tras la reforma laboral de 2012. El mecanismo,como hemos contado en elEconomista.es es simple: se realiza un despido disciplinario, sin indemnización, que es recurrido por el trabajador. Esto lleva a u proceso de conciliación o judicial en el que se pacta la compensación que en ningún caso superan los 33 días. Aunque es más caro que un despido objetivo (a 20 días por año), el empresario se ahorra los trámites de justificarlo.
Opciones para cambiar el despido
El PSOE no está por la labor de abrir el melón de una nueva regulación de despido que se acercaría peligrosamente a una de las líneas rojas de su propia reforma laboral: derogar los cambios introducidos en la que aprobó el PP en 2012. Aunque para reeditar la coalición de Gobierno con Sumar aceptó “reforzar” de la causalidad del despido en función de la Carta Social Europea, está por ver el sentido que esto tiene para ellos.
Hace mes y medio, el CEDS comunicó al Gobierno su fallo que, como ocurrió en los casos de Francia, Italia y Finlandia, censuraba la legislación aboral española. Pero ninguno de los otros tres países ha atendido las resoluciones del Comité, argumentando que es una interpretación de la Carta que no es vinculante.
En este debate interno se halla inmerso ahora el Gobierno, que ni siquiera ha publicado el texto íntegro de la resolución. La idea es ganar tiempo para poder presentar una propuesta consensuada entre PSOE y Sumar, aunque el ciclo electoral ha tenido mucho que ver en este silencio. La fecha límite está en finales de julio, cuando lo hará el propio CEDS.
La cuestión es si el Gobierno cambiará la Ley. El PSOE ve garantías suficientes en la propia existencia de sentencias con indemnizaciones superiores a los 33 días en casos en los que hay perjuicio para el trabajador, por ejemplo, mayores de 45 años con dificultades para incorporarse al mercado laboral, o personas que sufren el despido tras poco tiempo trabajando (lo que sospecha que son temporales encubiertos.
Por lo tanto, son partidarios de no hacer nada, o plantean un mínimo ajuste para aportar seguridad jurídica, a la espera de la decisión que tome el Supremo. Pero desde Sumar y los sindicatos reclaman una legislación mucho más clara y explícita que regule los supuestos en los que operaría la indemnización adicional. Esta nueva ley, que Díaz quiere negociar con sindicatos y patronal (aunque estos últimos rechazan cualquier cambio), parece haber desaparecido de la agenda prioritaria en favor de la reducción de jornada.
De hecho, el único movimiento reciente de Sumar en materia de despidos ha sido una proposición de ley en el Congreso para prohibir los despidos colectivos a las empresas que deslocalicen su actividad a territorios que no formen parte de la UE.
En este contexto, Podemos lanza una propuesta radicalmente diferente, con una redacción alternativa al Estatuto de los Trabajadores, en la que plantea directamente eliminarla opción del despido improcedente para restringir los despidos disciplinarios. Si hasta ahora es el empresario el que elige entre readmitir al trabajador o abonarle la indemnización, la idea de Podemos es que ahora esta decisión recaiga únicamente en el trabajador. Si elige la compensación, esta será de 45 días por año trabajado en 42 mensualidades, la misma que existía antes de la reforma laboral de 2012.
Vuelta a primera línea de la negociación
La idea de Podemos, a priori, resulta mucho más atractiva para formaciones como Bildu o ERC, que apoyan al Gobierno en el Congreso, pero en la pasada Legislatura rechazaron la reforma de Díaz por no volver a los 45 días y estuvieron a punto de abrir el primer gran cisma en Unidas Podemos, el grupo que compartían Díaz y Belarra. Teniendo en cuenta el contexto político en Cataluña, el PSOE no quiere abrir este debate. La cuestión es si la propia Díaz está interesada en hacerlo, ante el miedo de que las ideas de Podemos encuentre apoyos también entre sus propios diputados.
Sobre todo, habiendo frentes más polémicos ya abiertos con sus los socialistas en el seno del Gobierno, como la reforma fiscal o la de la vivienda (sin olvidar la cuestión Palestina). En este punto, no son pocos los que interpretan que a Díaz prefiere que Trabajo se centre, por ahora, en cuestiones más encarriladas, como la reducción de la jornada laboral, en la que patronal y sindicatos siguen acercando posiciones sin depender del Ejecutivo.
Aun así, los interlocutores sociales interpretan que su salida de la dirección de Sumar implica un retorno a la primera línea de unas negociaciones que en los últimos meses ha pilotado su número dos en Trabajo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.
Aunque Díaz no ha dejado de tener la última palabra, sus compromisos políticos y electorales la han alejado de las cuestiones más técnicas y los flecos más delicadas Algo que se vio en la primera versión reforma de los subsidios, cuando la dificultad para justificar la decisión de eliminar la ‘sobrecotización’ para la futura jubilación de los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años fue aprovechada por Podemos para imponer la primera gran derrota parlamentaria de la Legislatura y obligar a la vicepresidenta a corregirla según sus propios términos. Un error que Díaz no quiere volver a cometer.
