El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha realizado un borrador con varias novedades en materia de riesgos laborales
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Las empresas españolas tendrán que prestar atención a una serie de factores que, hasta ahora, no eran relevantes dentro del entorno laboral. Y es que el pasado 16 de marzo de 2026, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó el borrador del anteproyecto de reforma de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, por el cual las empresas están obligadas a atender a sus empleados y a evaluar, prevenir y reducir los riesgos laborales, garantizando un entorno seguro, una formación adecuada y vigilando en todo momento la salud.
En caso de que el texto siga su curso y se apruebe en los plazos previstos, este podría empezar a aplicarse a partir del 2 de enero de 2027, con algunas disposiciones sobre formación preventiva que se aplicarán hasta un año después.
Dentro de este nuevo marco, las empresas tendrán que atender a nuevas problemáticas que surgen alrededor del empleado como son la digitalización, la fatiga mental y el estrés.
El estrés pasará a estar vigilado
A partir de esta nueva normativa, el empleado va a quedar más protegido. Todo se debe a que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social se han incorporado al nuevo texto de Prevención de Riesgos Laborales nuevos problemas que ocurren en el día a día del trabajador.
Y es que la actual norma cuenta con más de 30 años de vigencia, por lo que el Gobierno ha establecido que es necesaria una modificación que tenga en cuenta el contexto laboral actual. De esta forma, se introduce el concepto de riesgos psicosociales para vigilar aquellos puestos que conlleven una combinación de factores organizativos que puedan generar fatiga mental o estrés grave, entre otros problemas, a causa de jornadas prolongadas, ritmos acelerados o una gran carga de trabajo.
El objetivo de la futura ley no es otro que el de tener en cuenta los daños derivados del trabajo como las enfermedades, patologías o lesiones generadas por el empleo que puedan afectar al “ámbito físico, fisiológico, cognitivo, emocional, conductual o social”.
Hasta el momento, la norma excluía estos trastornos mentales dentro de los riesgos laborales, obligando a los empleados a demostrar ante los tribunales su conexión con el trabajo.
La desconexión digital también ganará fuerza
Además de los problemas como la fatiga o el estrés, la nueva normativa también entregará relevancia a la desconexión digital. En concreto, la norma establece que la desconexión digital “forma parte del derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, de tal forma que se protege al empleado frente al vínculo entre digitalización y salud mental.
Asimismo, se obligará a las empresas a aplicar medidas para prevenir y asegurar que las nuevas tecnologías implantadas “no incrementan los riesgos, en especial aquellos producidos por la digitalización“.
Por otro lado, los exámenes médicos que realicen las empresas deberán tener en cuenta el factor de la salud mental, es decir, en las pruebas y exámenes que realicen los profesionales a los empleados tendrá que tenerse en cuenta los aspectos psicológicos.
Por último, la nueva normativa establece una pequeña modificación del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, reflejando por primera vez el derecho de los empleados a su integridad física y “moral” y a una correcta protección de los riesgos laborales.
El cambio climático como riesgo laboral
No solo se incorpora el estrés o la desconexión digital, criterios que en la actualidad suponen un desgaste en las personas, sino que también se añade el cambio climático como factor de riesgo laboral.
La norma obligará a las empresas a evaluar los peligros ante fenómenos meteorológicos adversos y catástrofes y aprobar políticas de actuación que se puedan aplicar cuando los episodios climáticos dificulten a los empleados acudir a su puesto de trabajo.
¿Cuándo se aprobará la nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales?
Tras publicarse el borrador del anteproyecto de ley de Prevención de Riesgos Laborales, el texto deberá pasar una serie de trámites antes de ser aplicada de manera definitiva. En primer lugar, la ley estará en fase de audiencia pública hasta el 8 de abril para que las personas, organizaciones o instituciones afectadas emitan opiniones, formulen alegaciones o realicen propuestas.
Tras ello, el texto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros para que sea aprobado y remitido al Congreso de los Diputados, lugar donde se iniciará su tramitación parlamentaria y se decidirá si entra en vigor finalmente o no.
Tal y como ha quedado definido, y si los plazos se cumplen, la norma podría comenzar a aplicarse a partir de inicios de 2027.
