La nueva normativa obliga a las compañías a detallar el salario base y variable de los empleados, la jornada diaria, mensual y anual, así como los preavisos en caso de cambios de turnos, entre otros
La patronal CEOE está estudiando si denuncia ante los tribunales la nueva reforma de los contratos de trabajo que ha aprobado este martes el Gobierno en su Consejo de Ministros. Fuentes de la entidad empresarial explican que la normativa, recogida en un real decreto, podría invadir competencias del Estatuto de los Trabajadores y que el Ejecutivo estarían incumpliendo el principio de jerarquia al modificar contenido de una norma de mayor rango con un mecanismo de menor rango.
La ley aprobada por el Ejecutivo incrementa las obligaciones empresariales en materia informativa y les requiere que detallen en los nuevos contratos de trabajo cuestiones como el salario base y variable de un trabajador, su jornada diaria, mensual y anual, así como límites a los cambios de turno o sistemas de llamado de los fijos discontinuos, entre otros. “En CEOE estamos valorando la posibilidad o no de recurrirlo. Es algo que todavía no se ha decidido“, afirman fuentes de la patronal.
El Gobierno ha aprobado este martes en su Consejo de Ministros un real decreto que pretende transponer la directiva europea en materia de condiciones laborales transparentes. Así el Ejecutivo pretende dar cumplimiento a una obligación para con Europa que tiene pendiente desde hace varios años, hasta el punto de que desde 2022 que la directiva debería estar transpuesta y Bruselas ya estaba estudiando desde hace tiempo posibles sanciones ante el retraso.
Desde el Ministerio de Trabajo se ha querido tender puentes con la patronal y ha habilitado un periodo de transición de 20 días para dar un margen a las empresas para adaptarse a las nuevas obligaciones. Inicialmente, la entrada en vigor del nuevo real decreto estaba prevista para el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien finalmente se ha habilitado ese periodo de gracia de 20 días. “Se ha pactado con patronal, nos lo han pedido para las pymes y nosotros creemos que es razonable y nos parece bien”, afirman fuentes del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz.
El Ejecutivo ha decidido, a la vuelta de vacaciones, desempolvar esta cuestión y apretar el acelerador en la recta final de la legislatura. Este martes el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto que en un plazo de 30 días el Congreso deberá tumbar o apoyar. No está claro que los partidos de la coalición logren los votos necesaros para que el real decreto no decaiga.
De hecho, la patronal catalana Pimec avanza que reclamará a todos los grupos parlamentarios que voten en contra. La organización presidida por Antoni Cañete tiene especial ascendencia sobre Junts, clave para si prospera o no la norma.
“El Ministerio de Trabajo ha decidido romper consensos y no continuar la tramitació con la transposición de la directiva como proyecto de ley para no democratizar el texto. La tramitación ahora como real decreto es más que discutible des de un punto de vista de consistencia jurídica, máxime cuando establece cuestiones novedosas. Transparencia toda, condiciones previsibles, por supuesto, pero también seguridad jurídica para las empresas. Hacer algo así sin diálogo social ni consensos políticos no es razonable” , afirman desde Pimec.
En paralelo, la CEOE pondera si activa acciones legales o no ante una normativa que incrementará la carga burocrática de sus representados (y sobre todo de las gestorías). Los sindicatos defienden que una mayor simetría informativa complicaría el abuso laboral entre aquellas compañías incumplidoras.
Pendientes del registro de jornada
La entidad presidida por Antonio Garamendi puede sumar así otro choque con el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y no es la única impugnación judicial sobre la que está trabajando. Trabajo ultima la entrada en vigor del nuevo reglamento en materia de registro de jornada, que suprimirá el control horario a papel y boli y obligará a las compañías a digitalizar sus sistemas, con el ánimo de permitir a la Inspección de Trabajo que acceda en remoto a los mismos y reforzar así el control sobre los excesos horarios.
La CEOE ya ha adelantado que presentará acciones legales una vez el Consejo de Ministros valide esa norma, ya que entiende que abusa del instrumento de reforma reglamentaria y que cambios de tal calado debieren ir a través de una ley. Y una ley debiere pasar por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene los apoyos necesarios garantizados. Públicamente, el Ministerio de Trabajo ha dicho que pretende elevar a Consejo de Ministros el nuevo registro de jornada a lo largo del mes de septiembre.
