El Gobierno ‘resetea’ las negociaciones, en medio de una división que obliga antes a que PSOE y UP pacten. Parten de posiciones ideológicas alejadas, más o menos cómplices con CCOO y UG
La reforma laboral de 2022 es mucho más que un choque entre socios de un Gobierno de coalición. El ruido político tapa lo verdaderamente importante: si el nuevo marco legal será capaz de desatar el nudo que desde hace décadas impide al mercado laboral español ser normal, en el sentido de que, a los retos que afronta hoy el futuro del trabajo (desaparición de profesiones, empleo juvenil, empleabilidad de los mayores de 55 años, productividad, calidad de los trabajos, formación, salarios, transición del paro a la actividad…) no añada otros endémicos que lo hagan todo más difícil.
A la complejidad del proceso se ha añadido la nueva metodología del Gobierno. Desde el próximo martes los ministerios de Asuntos Económicos y Seguridad Social discutirán -antes y después de las reuniones con los agentes sociales- con el de Trabajo los cambios que propone el Gobierno sobre el nuevo marco laboral. El diálogo tripartito se ha convertido en cuatripartito y hace temer a empresas y sindicatos la dilatación del proceso. A más negociadores, mayor número de exigencias, intercambio de concesiones y líneas rojas.
La reforma laboral de 2022 es mucho más que un choque entre socios de un Gobierno de coalición. El ruido político tapa lo verdaderamente importante: si el nuevo marco legal será capaz de desatar el nudo que desde hace décadas impide al mercado laboral español ser normal, en el sentido de que, a los retos que afronta hoy el futuro del trabajo (desaparición de profesiones, empleo juvenil, empleabilidad de los mayores de 55 años, productividad, calidad de los trabajos, formación, salarios, transición del paro a la actividad…) no añada otros endémicos que lo hagan todo más difícil.
A la complejidad del proceso se ha añadido la nueva metodología del Gobierno. Desde el próximo martes los ministerios de Asuntos Económicos y Seguridad Social discutirán -antes y después de las reuniones con los agentes sociales- con el de Trabajo los cambios que propone el Gobierno sobre el nuevo marco laboral. El diálogo tripartito se ha convertido en cuatripartito y hace temer a empresas y sindicatos la dilatación del proceso. A más negociadores, mayor número de exigencias, intercambio de concesiones y líneas rojas.
El punto de partida es la reforma laboral impulsada por Mariano Rajoy en febrero de 2012 sobre otra previa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Su derogación es un mantra que repiten CCOO y UGT, apoyados sobre la promesa del PSOE ese mismo año de derribarla en cuanto llegaran al Gobierno. La Encuesta de Población Activa sobre la que se apoyó la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez para impulsarla reflejaba un paro de 5.273.600 personas que había aumentado en 295.300 en solo tres meses para llevar la tasa hasta el 22,85%. Uno de cada dos jóvenes por debajo de 25 años no podía trabajar y la tasa de temporalidad era del 25%, similar a la actual.
El texto introdujo importantes cambios para flexibilizar el mercado. En medio de una gran recesión, en 2013, la tasa de paro escaló a su máximo histórico, un 26,9%. Casi una década después, se discute derogarla en plena recuperación de una segunda crisis que, gracias a los ERTE, ha contenido el paro en 3,47 millones de trabajadores, una tasa del 14,75% y un desempleo juvenil del 31%.
Con todo, España sigue a la cabeza de Europa como ejemplo de mercado laboral ineficaz. El pasado miércoles, ninguno de los asistentes a la reunión con el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey admitió tener líneas rojas. Pero estas negociaciones son así: no hay líneas rojas hasta que aparecen.
¿Modernizar o derogar?
La transformación del diálogo tripartito en cuatripartito pone sobre la mesa de negociación la necesidad de un acuerdo previo entre PSOE y Podemos que unifique la propuesta del Gobierno. Aunque hasta ahora la discusión entre Calviño y la vicepresidenta Díaz podría parecer semántica, el choque de las últimas semanas deja claro que no lo es. Si Díaz se aplica el pacta sunt servanda del programa de Unidas Podemos en 2019, tiene una clara línea roja. No puede admitir que la modernización que defiende Calviño deje en pie unas reformas laborales que fueron “escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios”.
La responsable de Asuntos Económicos, por su parte, debe vigilar que la devolución de mayores cuotas de participación sindical en las condiciones de trabajo de las empresas no reduzcan flexibilidad al mercado. Cambios más que derogaciones. Por eso su propuesta apunta a concentrar la negociación en un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Convenios y negociación colectiva
De entre las novedades del borrador queUGT y CCOOquieren salvar tras la llegada de Calviño, destaca la recuperación del papel preponderante de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Con el nuevo texto, los convenios sectoriales fijarían un suelo salarial que las empresas no podrían superar. También la ultraactividad de los convenios vencidos -periodo máximo de vigencia en caso de desacuerdo- quedó limitada a un año.
Para los sindicatos, dar la vuelta a todas estas condiciones resulta básico si quieren recuperar un papel relevante a nivel social. Ahora mismo, por ejemplo, UGT admite que carece de fuerza para negociar subidas de salarios y que por eso se vuelcan en lograr vía decreto del Gobierno un SMI cada vez más alto.
Subcontratación
La subcontratación es identificada por los sindicatos como una de las principales causantes de la precariedad de miles de trabajadores. La traducción al texto es introducir una serie de limitaciones que hagan más caro y sujeta a controles esta práctica. Para las empresas, sin embargo, se trata de un asunto muy sensible. Afecta a los sectores de la construcción, que cuenta incluso con su propia ley sectorial de subcontratación, del metal, limpieza, dependencia, seguridad, jardinería…
Los límites a este modo de organización se ven en las empresas como que las malas prácticas de una minoría se convierten en una amenaza para la estructura de negocio del resto. Para las pequeñas y medianas empresas que componen el 99% del tejido empresarial, se trata de un asunto en el que no vale la brocha gorda que propone el Gobierno.
Temporalidad
“El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. El mercado laboral español se ha convertido en un caso a estudiar en las economías desarrolladas por su exceso de temporalidad. El abuso es tan extendido que la Administración Pública es, con diferencia, la que más recurre a un tipo de contratación que la Comisión Europea anima a recortar.
Más de un30% de los empleados públicos, alrededor de un millón, están sujetos a estos contratos. Ahora bien, en la última propuesta, el Gobierno puso sobre la mesa un límite del 15% de contrataciones temporales en relación con el total de la plantilla, algo que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, consideró prácticamente un disparate. Llegó a hablar de un proyecto de reforma laboral «marxista», un calificativo que no cuesta vincular a Yolanda Díaz, militante del PCE.
Las empresas defienden que la temporalidad, por sí misma, responde a la naturaleza de muchos negocios y que hacer tabla rasa como pretende el borrador supondría resolver políticamente un problema trasladándoselo a las empresas y, también a los trabajadores.
Los ERTE
En la reforma laboral que propone el Gobierno hay una novedad más que relevante que se llama Mecanismo de Estabilidad en el Empleo. Es una prolongación de lo que Yolanda Díaz presume como uno de sus mayores éxitos, que ha sido el despliegue de los ERTE. Uno de los ministerios más molestos con el decida su modelo en exclusiva ha sido Seguridad Social y su ministro, José Luis Escrivá, que es quien ha diseñado las tablas de exoneraciones en las cotizaciones que pagan las empresas por los trabajadores. La herramienta pretende dar a los empresarios una alternativa al despido, cuyos costes fueron rebajados por la reforma de 2012. No es una de las áreas que mayores tensiones puede generar salvo por el aspecto de su financiación. La reforma de Rajoy supuso una rebaja en las indemnizaciones por despido que no están ahora en cuestión.
