- La Administración también notifica irregularidades en las horas ‘extra’
- Los inspectores ponen el foco en los negocios de hostelería
- El gasto en ERTE superará los 40.000 millones al final de septiembre
La intensificación de las inspecciones a empresas por parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo en las últimas semanas está dando su fruto. Al menos, esta ampliación del número de visitas a empresas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo aplicados durante los peores meses de la crisis sanitaria en España ha servido para detectar ciertos fraudes tal y como aseguran fuentes ministeriales acerca del resultado que se está observando a partir de estas operaciones.
Principalmente, los expedientes de fraude en los ERTE que está abriendo en estos momentos la Inspección de Trabajo son por situaciones de reincorporación irregular de los empleados incluidos en el expediente. Es decir, el trabajador en ERTE vuelve a su puesto de trabajo, la empresa no lo notifica en el SEPE y esa persona sigue percibiendo la prestación por desempleo y la renta del trabajo. “Son la mayoría de casos”, aseguran las fuentes consultadas por elEconomista. Aunque también se estarían notificando por parte de la Inspección irregularidades que tienen que ver con el fraude en las horas extra de los empleados, que se han visto afectados por reducciones de jornada.
En este sentido, si bien no existen datos netos sobre el volumen de operaciones que está llevando a cabo el Ministerio y que implican un fraude en el uso de los expedientes de empleo, es cierto que uno de los sectores que más estaría incurriendo en estos procesos es el de la hostelería. Que más allá, es uno de los sectores que mejor respuesta está dando a la reincorporación de trabajadores procedentes del ERTE. “Hemos lanzado una campaña de concienciación” sobre el buen uso del dinero público -con el que se está sufragando la financiación de prestaciones y exenciones-, apuntan desde el Ejecut¡vo en relación a este proceso iniciado desde la Inspección. Una batida de empresas que, más allá de estar vinculada a una elevada detección de fraudes, se trata de una dinámica que aseguran las mismas fuentes se viene produciendo desde el momento de la aprobación de los primeros ERTE.
Por encima del 60%
Uno de los datos que pone sobre relieve el verdadero alcance de estos fraudes es la evolución agregada de los procesos de levantamiento de expedientes. Así, en esta semana del mes de mayo, desde la Seguridad Social, el propio ministro José Luis Escrivá, notificó que en torno a un 60% de todos los empleados que se han visto afectados por un ERTE desde la aplicación del estado de alarma. Ello, revela que el volumen de fraude no sería elevado sino que el ciclo de reactivación está siendo el correcto en la mayoría de los casos.
De este modo, desde el Ejecutivo resaltan que los incentivos, basados en mayores bonificaciones para los trabajadores activados que para los suspendidos, están facilitando “el retorno más rápido de los que pueden regresar a sus puestos”. Cabe recordar que este fue uno de los extremos que alargó la negociación con patronal y sindicatos para la prolongación de los ERTE hasta el 30 de septiembre, junto con la reducción de las exenciones en la cotización de los empleados afectados.
Negociación en ciernes
Con todo ello, aún queda por negociar la próxima estación. La extensión de los ERTE más allá de septiembre, hasta el mes de diciembre contará con numerosos obstáculos de cara a que el Gobierno extienda la cobertura de estos planes de empleo que ya cuestan al Estado desde su inicio en el mes de marzo. Y precisamente, la proliferación de ciertas conductas por parte de algunas empresas podría suponer un palo más en la rueda de la negociación.
En este sentido, más allá de las controversias por la anécdota del fraude en ciertos ERTE, la verdadera piedra de toque esta en el coste para las arcas del Estado que ya acumula esta cobertura de las cotizaciones de los empleados que solo hasta el mes de septiembre supondrá un coste agregado de 43.000 millones de euros solo en esta partida, dentro del pliego de ayudas aprobadas por la pandemia.
