El ministro de inclusión cifra en 25.000 millones el coste de las medidas de protección de rentas hasta septiembre y precisa que se han financiado con fondos europeos
Las condiciones especialmente beneficiosas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para las empresas y trabajadores afectados por la pandemia tienen el 31 de enero próximo como fecha de caducidad. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no incluyen ninguna partida para financiar esta medida más allá del final de enero. Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado hoy que los ERTE bonificados y otras ayudas de protección de rentas “seguirán en 2021 el tiempo que haga falta, hasta que se normalice la situación, algo que aunque es incierto, es seguro que es temporal”.
Si bien ha precisado que el Gobierno tendrá “la flexibilidad suficiente para ir adaptando” todas estas herramientas de protección. “Nos hemos dado hasta enero –Gobierno y agentes sociales– y en ese momento veremos en qué punto está la pandemia, la vacuna y cuáles son las expectativas y, si fuera necesario, seguiremos con esta política y hay que ir extendiéndola hasta que haga falta hasta que se recupere la actividad y vuelva la demanda extranjera y parte doméstica”, ha insistido Escrivá.
Por ello, “se prepararán partidas presupuestarias si hicieran falta”, y esto será posible, según ha recordado, porque no hay reglas fiscales.
El ministro ha indicado que el conjunto de políticas de protección de rentas ha llegado hasta seis millones de personas, un tercio de la población ocupada, lo que ha tenido un coste de unos 25.000 millones de euros hasta septiembre, que se han financiado enteramente por fondos europeos, según ha indicado.
En materia de Presupuestos para el próximo año, Escrivá ha confirmado que la intención de su departamento es no aumentar las bases máximas y mínimas de cotización a la Seguridad Social, por no considerar que fuera el momento adecuado de incrementar los costes de las empresas en plena crisis. Si bien, no ha precisado que las bases mínimas sí podrían verse incrementadas si el Gobierno decidiera finalmente incrementar el salario mínimo interprofesional, que la ley vincula a dichas bases.
En cuanto a la próxima reforma de pensiones que prepara el Ministerio y que tendrá como guía la veintena de recomendaciones acordadas en el Pacto de Toledo, Escrivá avanzó que dicho texto parlamentario se aprobará en el Pleno del Congreso del próximo 17 de marzo y será el pistoletazo de salida para los próximos cambios legales.
