Los analistas de riesgo de la banca podrán decidir si el saldo es inferior. El Estado cobrará del 0,2% al 1,2% más un 0,05% de gastos de gestión
Las condiciones del plan maestro del Gobierno para reactivar la economía tras el varapalo que ha supuesto la pandemia del coronavirus Covid-19 quedaron finalmente aclaradas ayer en detalle con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la letra pequeña de los 100.000 millones en avales públicos desplegados. Más allá de hacer oficiales las tarifas que pagará la banca por estas garantías estatales, adelantadas ayer por este diario, la resolución de la Vicepresidencia de Asuntos Económicas aclara, por ejemplo, que para los créditos de más de 50 millones de euros el aval deberá ser autorizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sin embargo, en los préstamos de menor cuantía, será el propio departamento de evaluación de riesgos de cada entidad el que pueda decidir si el préstamo solicitado es susceptible de quedar cubierto por estas garantías públicas, “sin perjuicio de comprobaciones posteriores”.
El texto también aclara que el ICO cobrará una comisión de gestión y administración del 0,05% sobre volumen de cartera avalada.
Una comisión que se aplicará de forma generalizada sobre todas las tarifas. Estas parten del 0,2% de la cuantía del préstamo para todos los créditos de hasta un millón y medio de euros, lo que supone que la banca pagará hasta 3.000 euros por aval. El coste será el mismo para los préstamos superiores de hasta un año de duración dirigidos a pymes y autónomos. Para este colectivo, la garantía sobre grandes préstamos de hasta tres años será del 0,3% (una factura para la banca que parte de 4.500 euros) y del 0,8% hasta los cinco años (12.000 euros). Para grandes empresas, el coste varía en función de si la financiación es nueva. En dicho caso, se abonaría un 0,3% en vencimientos a un año, un 0,6% (9.000 euros) si el préstamo es de hasta tres años y un 1,2% (18.000 euros) a partir de ahí y hasta los cinco años, el plazo máximo admitido.
Para las renovaciones, la tarifa es del 0,25% a un año (3.750 euros), del 0,5% (7.500 euros) hasta los tres y del 1% (15.000 euros) si el préstamo de tres a cinco años.
De momento, el Gobierno ha puesto a disposición del sector financiero un primer tramo de 20.000 millones de euros en avales públicos, con coberturas del 80% del riesgo en préstamos a pymes, del 70% en créditos a otras empresas y del 60% en caso de renovación de líneas de crédito ya existentes.
Las garantías están disponibles de forma retroactiva desde la aprobación inicial del plan, el pasado 18 de marzo, y podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre, aunque el BOE matiza que el plazo podrá ser ampliable por el Consejo de Ministros.
Finalmente, el texto establece que “las entidades financieras se comprometen a mantener al menos hasta 30 de septiembre de 2020 los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados”.
