El viernes 13 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 de manera inmediata.
El grupo de expertos de Ejaso ETL Global analiza los efectos de estas medidas en el ámbito, mercantil, laboral, fiscal, de tecnologías de la información y protección de datos y litigación:
Fiscal
En el ámbito tributario, el real decreto publica una medida mediante la cual se permite solicitar, hasta el 30 de mayo, el aplazamiento en el pago de determinadas deudas tributarias con un límite de 30.000 euros y por un plazo de 6 meses (con una carencia de intereses en los 3 primeros), permitiendo extraordinariamente el aplazamiento respecto de las retenciones practicadas de IRPF, cuotas de IVA y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, que hasta ahora eran inaplazables; esta medida queda limitada únicamente a pymes y autónomos, con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido impulsar un paquete de medidas fiscales, únicamente para el ejercicio 2020, con el objetivo de mitigar los efectos económicos negativos que se pueden producir en determinados sectores de la economía de la ciudad siempre y cuando se mantenga el promedio de la plantilla de trabajadores entre los que destacan:
- Bonificación del 25 % de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
- Bonificación del 25 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
- Moratoria en los tributos a los ciudadanos IVTM, TPV.
A su vez la AEAT acaba de comunicar a través de un aviso informal en su página web la ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios mediante un cambio normativo inminente, por lo que hay que estar a la espera de las novedades que se lleven a cabo en relación a este punto.
Mercantil
En este ámbito, destacan dos tipos de medidas:
Ayudas al sector turístico: ampliación de la financiación “Thomas Cook”, (Artículo 4ª Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, promovida para atender las necesidades financieras del sector turístico consecuencia de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook) de aplicación a todas las empresas y autónomos con domicilio en España, ampliando la partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de garantía de los créditos de la línea ICO, en la cantidad de 400 millones de euros para atender a las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos del sector turístico, aplicándose la misma, de manera inmediata y de un modo automático.
Administración Pública. A partir de la publicación de este real decreto, se adoptará por parte de los organismos de la Administración General del Estado la tramitación de emergencia en la celebración de los contratos que sean necesarios para la protección de las personas, no siendo necesario la tramitación ordinaria de la Ley de Contratos del Sector Público como consecuencia de la propagación del COVID-19. Todo ello, en virtud del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, que permite a la Administración General del Estado la actuación inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones de grave peligro o necesidades de defensa nacional.
Protección de datos
Desde la perspectiva de la protección de datos personales se ha de recordar que, conforme a la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales, los empleados tienen el deber de informar a la empresa en caso de sospecha de contacto con el virus, resultando legítimos los tratamientos de datos por parte del empresario que sean necesarios para salvaguardar la salud tanto del empleado en cuestión como del resto de trabajadores del centro de trabajo. No obstante, dicho tratamiento debe realizarse dentro de los límites y con las garantías previstas en el RGPD.
Destaca también la importancia de implantar políticas adecuadas de teletrabajo con el fin de garantizar la seguridad de los datos personales y las limitaciones que pueden derivarse de esta modalidad de trabajo a la hora de establecer medidas de vigilancia y control sobre el desempeño de la actividad laboral de los empleados.
Laboral
Las organizaciones sindicales y empresariales han alcanzado un acuerdo por el cual instan al Gobierno a dictar un real decreto-ley en el que se articulen medidas laborales, entre las que se incluyen una nueva regulación más sencilla y laxa de los ERTE, donde se reconozca la existencia de fuerza mayor como consecuencia de las medidas que se están adoptando, y donde a los trabajadores que por ello se vean afectados no se les exija un mínimo de cotización previa a la Seguridad Social y tales periodos de desempleo no compute como tal a efectos de prestaciones
