La reforma fiscal pone bajo el foco la capacidad normativa autonómica

La armonización planea sobre la escala dual del IRPF, sucesiones o patrimonio

Hoy vence el plazo de diez meses del que disponía el grupo de expertos a los que el Gobierno encargó la elaboración de una propuesta para abordar una reforma fiscal en profundidad en España. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró flexible con la posibilidad de extender unos días el plazo de entrega del documento, todo apunta a que su presentación es inminente, y con ella se conocerán las esperadas claves del rediseño del andamiaje tributario. El Ejecutivo lleva meses insistiendo en el objetivo del proceso es «mejorar la eficiencia del sistema fiscal», «adaptarlo» a los retos de una economía global y digitalizada y «garantizar la sostenibilidad pública».

De hecho, conseguir elevar la recaudación fiscal, aquejada de una brecha crónica con la media europea, es el caballo de batalla del Gobierno, que está dispuesto para ello a cegar cualquier vía de agua por la que se escapen los ingresos. «No se puede tener un Estado de primera con unos ingresos de tercera», sostiene Montero, recordando que España está siete puntos por debajo de la media europea en ingresos fiscales respecto al PIB, y también por debajo en presión fiscal, a distancia de países como Alemania, Francia o, por supuesto, los nórdicos.

Por ello, aunque la ministra ha asegurado que no se trata de aplicar una subida generalizada de impuestos con la que alimentar una caja pública puesta a prueba por la pandemia, sí se pretende replantear algunos tributos para que desplieguen su potencial recaudatorio. Así, además de sobre las nuevas formas de la economía digital (caso de las tasas Google y Tobin sobre transacciones digitales y financieras, respectivamente) o de aplicar de forma supranacional un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades —el Ejecutivo ya lo incluyó en los Presupuestos de este año—, el foco de la reforma está puesto sobre la capacidad normativa de las comunidades autónomas.

Y es que, a través de reducciones, deducciones, bonificaciones y exenciones, introducen una importante asimetría fiscal en algunos impuestos —es el caso del de patrimonio, sucesiones y donaciones o el IRPF en su tramo autonómico— que ha llegado a ser calificada de competencia desleal o dumpin fiscal, con la Comunidad de Madrid en la diana.

Tramo estatal en patrimonio

En el caso del impuesto de patrimonio, aunque los expertos sostienen que es una figura obsoleta y su mantenimiento una rareza dentro de Europa —el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) volvió a abogar el pasado jueves por su supresión—, el Gobierno no lo comparte. El comité de expertos que preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, y del que forman parte dos gallegos (Xabier Labandeira y Santiago Lago, catedráticos de Economía y Economía Aplicada, respectivamente, de la Universidade de Vigo) podría plantear reformular patrimonio y sucesiones y donaciones introduciendo un tramo estatal, que limite parcialmente la capacidad normativa —hasta ahora, plena— de las comunidades.

Porque, al ser impuestos cedidos, dicha capacidad provoca llamativas diferencias tributarias entre los contribuyentes en función del territorio en el que residan. Madrid, por ejemplo, bonifica al cien por cien el impuesto de patrimonio (solo deben presentar autoliquidación los contribuyentes cuyos bienes y derechos tengan un valor superior a dos millones de euros).

El mínimo exento para todo el Estado es de 700.000 euros actualmente, aunque algunas comunidades, como la valenciana, Cataluña o Extremadura, aplican cifras más bajas. Los tipos estatales van del 0,2 % al 3,5 % en ocho tramos y, por ejemplo, Galicia, Cataluña, Andalucía o Asturias tienen los más bajos, según el análisis comparativo que anualmente realiza el REAF.

El tramo estatal también se aplicaría a sucesiones y donaciones, que las comunidades han regulado de forma muy dispar. Muchos fiscalistas defienden su eliminación y desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) recuerdan que la mayor parte de los países de la UE no lo tienen, mientras que el tipo medio de la OCDE es del 15 %, frente al 34 % de media en España.

Tributación «más justa»

La ministra de Hacienda ha insistido en que se trata de diseñar una «tributación más justa». Así, además de rediseñar los impuestos cedidos a las comunidades, también se espera que la reforma toque el tramo autonómico del IRPF, sobre el que las comunidades tienen autonomía, para evitar una excesiva competencia entre territorios. Cabe recordar que la Xunta aplica desde enero una nueva bajada tributaria en la Renta, la tercera desde el 2014.

Por último otro de los pilares clave de la reforma será el impulso a la fiscalidad medioambiental, vital para frenar el cambio climático.

Otro cisma en el Gobierno por los cambios impositivos

Como en otros asuntos sensibles para la ciudadanía —como la vivienda o el ingreso mínimo vital—, Unidas Podemos también ha querido delimitar su territorio en materia fiscal y marcar distancias con su socio de Gobierno. Así, en un golpe de efecto, que desde el PSOE consideró «oportunismo político», y a pocas semanas de que expirara el plazo para que el grupo de expertos presentase el documento encargado por el Gobierno con la propuesta de reforma fiscal, la formación morada registró en el Congreso su propia propuesta en materia tributaria.

La proposición no de ley de los morados defendía, entre otras medidas fiscales, una subida
—transitoria, durante un lustro— de diez puntos en el impuesto de sociedades para las eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros, así como nuevos tramos en el IRPF para quienes declaren rentas por encima de los 120.000 euros anuales.

Aplicar un tipo mínimo efectivo del 15 % sobre el beneficio neto (en lugar de sobre la base imponible) en el impuesto de sociedades o reemplazar el de patrimonio por una nueva figura fiscal que grave las grandes fortunas eran otras de las medidas incluidas en su propuesta, junto con la bajada del IVA al 4 %, es decir, el tipo superreducido, a los productos de higiene femenina, las peluquerías y los servicios veterinarios.

La iniciativa de Unidas Podemos, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «inoportuna», no gustó en las filas socialistas, que hace menos de dos semanas votaron en contra en el Congreso. Alegaron que no era el momento y que lo que ahora toca es «respetar los tiempos que ha determinado el Gobierno», es decir, esperar a conocer el dictamen que el comité de expertos debería entregar hoy.

Cabe recordar que abordar una reforma fiscal en esta legislatura estaba incluido en el programa pactado a finales del 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para cimentar su Gobierno de coalición. Ahora la incógnita está en saber si lo que los expertos proponen será suficiente para los morados o provocará un nuevo cisma..

Vía: https://www.lavozdegalicia.es