La CEOE pone su línea roja en una subida del salario mínimo del 3% y que se cubran los costes en los contratos con la Administración
La Mesa del Diálogo Social vuelve a activarse para negociar un nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024 entre Gobierno, sindicatos y empresarios que, de inicio, ya parten sobre posiciones muy alejadas: la patronal apuesta por un 3%; Yolanda Díaz presentará una propuesta por encima del 3,8% con el que cerrará el IPC de noviembre; y los sindicatos no han adelantado una cifra concreta, pero su posición se centrará sobre la subida de la cesta de la compra, en el 9,5% según el dato adelantado de noviembre por el INE.
Aunque las organizaciones empresariales no se oponen a elevar la cuantía, sí han fijado un tope máximo, un 3% en 2024 y otro tanto en 2025, o lo que es lo mismo, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar una subida similar para 2025, lo que le situaría el SMI en 1.145,77 euros mensuales. Pero los empresarios, que ya se negaron a rubricar la anterior subida, van a plantear varias líneas rojas, sobre las que darán poco margen de mejora.
Advierten de que esta vez tampoco darán su apoyo si no se respeta lo acordado con CC OO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en mayo de este año y que recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo.
Además, la CEOE ha vuelto a plantear que su voto afirmativo sólo sería posible si el incremento del SMI va acompañado de una subida similar del importe de los contratos públicos, para compensar el incremento de costes de esas empresas. «No puede ser que el SMI haya subido casi un 50% mientras la cuantía de los contratos lo haya hecho cero. Si el Gobierno pretende que los empresarios paguen más a sus trabajadores, tendrán que poner también de su parte, no solo lo tienen que hacer siempre los empresarios», explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido la misma cuantía en los contratos públicos, que no se ha renovado desde la reforma de Cristóbal Montoro de 2015 -pese a la revisión del 2017-. La revisión extraordinaria de precios de 2022 abordó las consecuencias de la inflación, pero solo admitía la «revisión excepcional» en contratos de obras en ejecución y «cuando el incremento del coste de los materiales empleados haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato». De momento, la consecuencia directa es que el número de licitaciones desiertas en todos los tipos contractuales se incrementaron en 2022 en un 34%, mientras en el caso de los contratos de obras lo hicieron un 140%.
