Si la inspección se alarga, el contador de la prescripción no se para y el contribuyente puede librarse de pagar La Administración es castigada por su lentitud y no podrá cobrar intereses de demora por su propio retraso El retraso no anula la liquidación, pero Hacienda pierde el efecto interruptivo y tiene 18 meses para notificar
En los supuestos en los que se supera el plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, el procedimiento debe continuar hasta su terminación y la consecuencia jurídica principal es la pérdida del efecto interruptivo de la prescripción, según establece el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), en resolución de 29 de septiembre.
La Sala determina que una vez reanudadas las actuaciones mediante un acto con virtualidad interruptiva de la prescripción, la actuación de la Administración ha de someterse a la limitación de la duración máxima de 18 meses (habida cuenta de la redacción del artículo 150.1 de la LGT aplicable al presente caso), procediendo confirmar la validez de la liquidación definitiva en el caso de que se notifique antes de que transcurra dicho plazo.
Al desaparecer el efecto interruptivo, el contador de los cuatro años de prescripción se considera que nunca se detuvo. Si entre el día en que finalizó el plazo voluntario para declarar y el momento en que Hacienda reanuda formalmente las actuaciones ya han transcurrido cuatro años, el derecho a liquidar ha prescrito y el contribuyente ya no tiene que pagar nada de ese ejercicio o impuesto.
Además. la legislación castiga la lentitud de la Administración impidiendo que cobre intereses por su propio retraso, ya que no se pueden exigir intereses de demora desde el momento en que se superó el plazo máximo legal hasta que se reanuden formalmente las actuaciones y si finalmente el contribuyente tiene que pagar, la factura por intereses será sensiblemente menor. Y, en esta misma línea, Hacienda queda atada a un plazo estricto tras la reanudación, como son los 18 meses señalados.
Si vuelve a demorarse o no notifica a tiempo, se arriesga definitivamente a la caducidad del procedimiento o a que la prescripción consuma el resto de los ejercicios revisados.
Cuando la liquidación tributaria definitiva se notifica al obligado tributario dentro del citado plazo de 18 meses desde la reanudación eficaz de las actuaciones, concurren los requisitos temporales exigidos por el ordenamiento jurídico.
Al no haberse producido la prescripción material del derecho administrativo a determinar la deuda y habiéndose dictado la resolución dentro del marco temporal legalmente habilitado, el acto administrativo resulta plenamente ajustado a Derecho.
En consecuencia, el exceso de duración inicial no vicia de nulidad la resolución final si la notificación se realiza en tiempo hábil tras la interrupción válida de la prescripción.
