El importe pendiente de pago corresponde a 2.220 millones, mientras que del presupuesto total de Red.es todavía quedan sin ejecutarse 3.030 millones, según el Tribunal de Cuentas en el tramo investigado

Pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas del Kit Digital deberían haber recibido la mayoría del importe de las soluciones de digitalización en un primer pago al agente digitalizador, tras la implantación y la justificación de los trabajos. El 30% restante se había tenido que abonar tras 12 meses de servicio. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, mediante su informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por Red.es para la ejecución del Plan de Recuperación entre 2021 y 2024, ha destapado graves retrasos en los pagos del programa Kit Digital, con 2.220 millones de euros pendientes a principios de 2025.
Aunque a lo largo del pasado ejercicio ha aumentado el ritmo de ejecución, la realidad es que los investigadores de este organismo apuntan que Red.es gestionó un presupuesto de 4.345 millones de euros, de los que 3.067 millones corresponden al Kit Digital. Del total del presupuesto de Red.es, la institución concluye que durante el periodo fiscalizado «el nivel de ejecución de pagos era bajo», pues se habían pagado 1.016 millones, que suponen el 25% del presupuesto, quedando pendientes 3.030 millones. El importe pendiente de pago corresponde principalmente a los 2.220 millones del Kit Digital, cifra que supone más del 70% del programa. También afean a los responsables que un 0,1% de los beneficiarios no podían recibir ayudas del programa y «aún así lo hicieron»
Entre los motivos que aduce la institución fiscalizadora para que se haya producido esta situación se encuentran la excesiva burocratización de los procesos, ante la necesidad de cumplir los plazos previstos en la normativa relacionados con la firma de acuerdos, la implantación de las prestaciones y su justificación. Por ello, el organismo considera que los procedimientos de gestión, los sistemas de información organizativa implantados por Red.es «cumplen las exigencias previstas para la ejecución» del Plan de Recuperación, como la prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, pero provocan retrasos injustificados que ralentizan la entrega de estos fondos, que acumulan un 70% de impagos.
Además, el Tribunal de Cuentas cree que Red.es debería haber contribuido a la ejecución de veinte hitos y objetivos del Plan de Recuperación, pero de los cuales solo se ha certificado el cumplimiento de dos de ellos ante la UE, mientras que el resto están todavía «en proceso de ejecución», al menos hasta la fecha fiscalizada. En este sentido, considera que debe mejorarse la metodología y las herramientas para la evaluación y seguimiento de estos hitos y objetivos, especialmente, los relacionados con el Kit Digital. Entre las recomendaciones que sugiere el organismo, se encuentran mejorar la planificación, reforzar los controles internos, actualizar la información registrada en los sistemas de seguimiento y garantizar la adecuada identificación de la financiación del Plan de Recuperación.
Esta situación de parón en la ejecución de partidas de los fondos no es nueva. El Partido Popular ha denunciado en reiteradas ocasiones que el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación «ha perdido la ambición transformadora y ha llevado la aplicación de los fondos europeos en España al fracaso global, pese al intento de tapar la incompetencia del Gobierno y de Pedro Sánchez anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones». Por ello, ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución de los fondos Next Generation y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo. Fuentes populares denuncian que el Gobierno ha renunciado al 37% de los fondos disponibles, que contabilizan 60.454 millones de euros de los 163.000 millones adjudicados; y ha renunciado al 40,4% de los Perte de transformación de la economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario.
Asimismo, el Consejo de la Productividad de España (CPE) – creado en 2024 como un órgano independiente del Ministerio de Economía formado por expertos– ha detectado «frenos estructurales a la inversión de las empresas jóvenes con alto potencial de crecimiento», por lo que considera necesario accionar varias palancas para mejorar la productividad como es la complementariedad entre la inversión productiva y el capital humano y «un replanteamiento de los fondos europeos, de su adenda y de otros instrumentos de política industrial».
Así lo recoge el informe publicado la semana pasada, en el que analiza la evolución de la productividad y resume que esta «solo mejoró destruyendo empleo». El grupo de expertos recomienda accionar varias palancas simultáneamente, desde el sistema financiero a la profundización del mercado interno o la unión de capitales, pasando por la complementariedad entre la inversión productiva y en capital humano y «un replanteamiento de los fondos europeos, de su adenda y de otros instrumentos de política industrial». El Consejo incide en que los Perte pueden ayudar a sectores con un mayor potencial de cambio estructural, pero recomienda «corregir deficiencias en el diseño y la gestión».