La patronal es consciente de que la resolución no llegaría a tiempo para pararla, pero deja abierta la puerta a recurrirla después si no transcurre de manera pacífica y no se respetan los servicios mínimos
Apenas cuatro días después de avanzar que lo haría, la CEOE ha decidido finalmente que no impugnará la huelga general del próximo 11 de noviembre, al menos antes de que se produzca. A pesar de que su presidente, Antonio Garamendi, aseguró el pasado lunes que la recurrirían ante los tribunales porque no era legal —aunque «se ha trufado de temas laborales» para dar la apariencia de serlo—, la patronal da marcha atrás en sus pretensiones ante la certeza de que no llegarán a tiempo para pararla, puesto que la resolución no iba a estar lista antes del 11N.
Desde el primer momento, la organización empresarial venía defendiendo que el paro por la vivienda no era legítimo porque no versaba de temas laborales para poder serlo. Además, la CEOE censuraba que la protesta tenía un marcado carácter electoral porque se producía solo dos días antes del inicio de la campaña para los próximos comicios del 29 de noviembre.
Conscientes de ello, los sindicatos CC.OO. y UGT decidieron revestir la movilización de reivindicaciones del mundo del trabajo para que nadie dude de su legitimidad. Finalmente, la patronal decidió que no recurrirá ante los tribunales el paro de 24 horas antes de que se produzca, aunque deja la puerta abierta a hacerlo después si las protestas no discurren de manera pacífica, si no se cumplen los servicios mínimos y si no se garantiza el derecho al trabajo de aquellas personas que no quieran participar de las protestas, según confirmaron fuentes de la patronal.
Desde la CEOE recordaron que los empresarios son «los paganos o damnificados de una huelga que va contra algo que no es nuestra responsabilidad», como es el acceso a la vivienda, y por ello tampoco quieren poner el foco sobre las empresas y parecer los culpables, como así sucedería si la impugnan. En esta línea, la CEOE recuerda que «existe un derecho al trabajo, a unos servicios mínimos garantizados» y confía en que la huelga suceda de forma pacífica y cívica. «A partir de ahí, haremos un seguimiento de la misma y, en función de lo que ocurra, adoptaremos las medidas que correspondan», avisó.
«Salarios, vivienda y precios»
Bajo el lema «Salarios, vivienda y precios», los sindicatos volverán a salir a la calle catorce años después de que se produjera el último paro total. El Sindicato de Inquilinas venía reivindicando esta protesta desde hace mucho tiempo, pero no fue hasta el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones cuando CC.OO. y UGT recogieron el guante y decidieron sumarse a este paro que adquirió carácter de huelga general. Los sindicatos mayoritarios saldrán a la calle junto a CGT, CNT, Co.Bas, Intersindical, Unión de Actores y Actrices, Solidaridad Obrera y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.
Aunque el tema principal es la vivienda, CC.OO. y UGT reclamarán también que se revalorice al menos un 7 % el salario mínimo interprofesional del 2027; que la patronal ponga fin al bloqueo de la negociación del nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para elevar los salarios entre un 4 y un 7 % anual hasta el 2028; que se defienda el sistema público de pensiones y que se garantice a la Seguridad Social la gestión de las bajas laborales.
Sin embargo, en las protestas no les acompañarán otras grandes organizaciones de trabajadores como USO, Fetico, los funcionarios de CSIF, los profesores de ANPE, los de médicos de Amyts, el de ferroviarios Semaf, el de transporte SLT, el de pilotos Sepla o el del sector financiero FINE porque ven motivos políticos tras las protestas.
