UGT y CC OO cargan contra la ministra por incumplir su compromiso con el registro horario. CEOE y Cepyme la acusan de electoralista y de propiciar la inseguridad jurídica
El itinerario de negociación de la mesa de diálogo social se oscurece por momentos para el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz. Los sindicatos y las patronales han mostrado abiertamente sus desavenencias con la ministra –por cuestiones diferentes– y amenazan con abandonar las conversaciones abiertas con el Ministerio en temas tan importantes como el registro horario, la transparencia salarial, el empleo juvenil, reducción de la jornada laboral o la prevención de riesgos laborales. “El Gobierno, o cumple, o el diálogo social está tocado”.
Así de beligerante se ha mostrado esta semana el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha denunciado que el Consejo de Ministros lleva meses sin desarrollar “acuerdos pendientes”, como el del control horario en las empresas, que pide que sea aprobado como real decreto “como máximo en el segundo Consejo de Ministros del mes de septiembre”. Si la respuesta de Trabajo no fuera positiva ha advertido de que su organización “se va a plantear seriamente si merece la pena mantener las mesas de diálogo social o no en caso de que no se cumplan los tiempos marcados para la aprobación de una medida imprescindible”.
Álvarez también ha cargado contra la patronal por tener “una asignatura pendiente desde el mes de enero” al dejar sin renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, una vía que UGT querría que fuera “un instrumento de primer nivel”, pero que en la actualidad “está en vía muerta”. Por ello, si la situación se “complica de manera extraordinaria en las relaciones laborales” en España, abre la puerta a “la aparición de huelgas de carácter indefinido”.
Concretamente, Álvarez ha defendido que la reforma del registro horario es “absolutamente imprescindible” y ha apuntado que “hay tres millones de horas extraordinarias que cada semana se hacen en nuestro país y que no se cotizan ni aparecen en ningún sitio”. Esto supone “un agujero de salarios para las personas que hacen esas horas, de recaudación para la Seguridad Social, de recaudación para la Hacienda Pública”, por lo que ha reclamado a la ministra de Trabajo que, “de manera inmediata, se utilicen todos los medios”, que “hoy son muchos desde el punto de vista digital”, porque no se puede perder más tiempo.
Hoy mismo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro que el compromiso del Ministerio es que el decreto para regular el registro horario pueda llegar “cuanto antes” al Consejo de Ministros, y ha negado que existan actualmente discrepancias entre Trabajo y Economía al respecto. El secretario de Estado ha restado importancia al hecho de que todavía no esté aprobado y lo ha atribuido a “los procesos de elaboración de informes que se deben superar internamente” y negó que existan diferencias en el Ejecutivo, como sí que ocurrió con el decreto del refuerzo del control horario en las empresas. “Plena normalidad”, ha zanjado. “No hay, por tanto, ningún conflicto interno dentro del Gobierno”, sino que se trata de “un desarrollo normativo que tiene que seguir los pasos que tiene que seguir” y que está “en plena normalidad en su gestión y en su tramitación”.
En el mismo, sentido, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, también ha amenazado al Gobierno con congelar la firma de nuevos pactos dentro del diálogo social si no aprueba de forma inmediata el decreto sobre el registro horario. Hace unos días advirtió de que “es más que previsible que no vaya a haber acuerdos” con los sindicatos hasta que no “se resuelva” esta cuestión. “Se puede decir más alto, pero no más claro”. También afeó que “no es de recibo” que iniciativas acordadas como el refuerzo del control de jornada sea una cuestión que “siga empantanada” y dejó claro que desde su sindicato se va a hacer de este tema “causa belli”, de manera que “o el Gobierno decide tirar para adelante con los acuerdos o no vamos a seguir alcanzando acuerdos que luego no sirven para nada, porque entonces devaluamos el papel del diálogo social y de los agentes sociales”.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió esta semana que, en el nuevo curso político, no será posible, “casi con toda seguridad, compartir las opiniones de Yolanda Díaz. “Hasta ahora no era fácil la búsqueda de acuerdos con Díaz, pero ahora el problema es que parece que las elecciones comienzan al día siguiente de los comicios anteriores y que realicen anuncios pensando más en votos que en lo que es bueno” para el país, su economía, empresas y trabajadores”.
Garamendi ha dejado claro en sus últimas intervenciones que las mesas de negociación serán duras para luchar contra la “deriva institucional” y la “asfixia normativa” a las que les tiene sometidos el Ministerio de Trabajo y su titular, Yolanda Díaz, a la que ha acusado reiteradamente de propiciar “inseguridad jurídica” en la actividad empresarial, de “secuestrar, monopolizar y condicionar” el diálogo social para imponer su “visión política e ideológica”, y de multiplicar las “injerencias en la negociación colectiva. Con demasiada frecuencia, el espacio del diálogo social ha quedado reducido a un escenario para la fotografía, la declaración altisonante, la descalificación o el anuncio de medidas con evidente orientación electoralista”.
Por su parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha advertido de las dificultades que puede suponer para las microempresas la reforma del registro horario.
“Llevamos unos años donde tenemos 25.000 microempresas menos de las que teníamos en la época antes de la pandemia”, y ha atribuido en gran parte esta situación a “la sobrecarga normativa que hay”. De Miguel ha apuntado que hay “muchísimas empresas de uno o dos trabajadores que no tienen por qué estar digitalizadas” y “muchísimas en zonas donde no llega la cobertura”, además de señalar que “ninguna tiene un departamento de IT”. “¿Qué va a pasar cuando se caiga el sistema? ¿Cuánto va a tardar en venir alguien? ¿Quién va a pagar todos esos costes?”, ha planteado. Asimismo, ha señalado que las grandes y medianas empresas “ya tienen mecanismos electrónicos o digitales para controlar en la gran mayoría los horarios” y ha advertido de que la reforma puede “complicar la vida de la empresa más pequeña”, que afrontaría “una carga más” junto a otros costes.
