Las pequeñas empresas gallegas deben prever que el coste real de un nuevo empleado puede ser hasta un 35% superior al salario bruto, según un estudio
El verano del eclipse puede generar nuevas oportunidades para la hostelería, el comercio y los servicios en Galicia, pero también obliga a las pequeñas empresas a calcular cuánto cuesta realmente reforzar sus plantillas. Más allá del sueldo pactado, las cotizaciones y otros gastos asociados pueden elevar el coste total de una contratación entre un 30% y un 35% por encima del salario bruto.
La estimación procede de un análisis elaborado por los asesores laborales de Talenom, compañía especializada en servicios fiscales, contables, laborales y legales. La firma advierte de que se trata de un cálculo orientativo, ya que el porcentaje final depende del puesto, el convenio colectivo, el contrato y las características de cada empresa.
La campaña estival llega con perspectivas favorables para el turismo gallego. Galicia cerró 2025 con un máximo histórico de 8,8 millones de turistas, un 7,3% más que el año anterior, según los datos recogidos en la información facilitada.
El empleo vinculado al turismo también mantuvo una evolución positiva al comienzo de 2026. De acuerdo con el Instituto de Turismo de España, Galicia contabilizó 119.867 personas ocupadas en actividades turísticas durante el primer trimestre, un 1,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
A este escenario se suma el eclipse solar total, que puede incrementar la llegada de visitantes durante la primera quincena de agosto. La Xunta prevé que algunos destinos gallegos alcancen ocupaciones de entre el 90% y el 95%, lo que anticipa nuevas necesidades de personal en uno de los momentos de mayor actividad del año.
Ante el aumento de reservas y clientes, numerosas pymes pueden optar por ampliar horarios o incorporar trabajadores. Talenom recomienda que estas decisiones no se adopten atendiendo únicamente a la carga de trabajo inmediata, sino analizando también su efecto sobre la facturación, la productividad y los márgenes del negocio.
El salario bruto es solo el punto de partida
El sueldo acordado con el trabajador representa únicamente una parte del desembolso empresarial. A esta cantidad deben añadirse las cotizaciones a la Seguridad Social, así como los gastos de prevención de riesgos laborales, formación, gestión administrativa, equipos, herramientas o licencias.
Según los ejemplos orientativos incluidos en el análisis, una persona que perciba el salario mínimo interprofesional, fijado en 2026 en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, puede representar para la empresa un coste anual próximo a los 22.500 euros una vez incorporadas las cotizaciones sociales.
Cuando el salario bruto alcanza los 30.000 euros anuales, el desembolso total puede aproximarse a los 40.000 euros al año, al sumar las obligaciones sociales y otros gastos asociados al puesto. La cantidad concreta variará en función de las condiciones de cada incorporación.
Los asesores también alertan de un error habitual entre las empresas: confundir las cotizaciones sociales con las retenciones del IRPF. Este impuesto se descuenta de la nómina del empleado y la compañía actúa como intermediaria ante la Administración. Las cotizaciones empresariales, en cambio, constituyen un gasto adicional asumido directamente por el empleador.
La directora de Negocio de Talenom en Galicia, Ángela Cal, sostiene que una contratación debe valorarse como una inversión cuando responde a una necesidad real de crecimiento. Una nueva incorporación puede permitir atender más clientes, asumir proyectos o mejorar la productividad, aunque su rentabilidad debe analizarse previamente.
En sectores con una elevada estacionalidad, la planificación también permite diferenciar entre una necesidad puntual vinculada al verano y una demanda estructural que justifique mantener el puesto durante más tiempo.
Antes de formalizar el contrato, las empresas deben revisar las obligaciones recogidas en el convenio colectivo, como complementos salariales, pluses o condiciones específicas. También deben contemplar el periodo de adaptación, la formación inicial, el equipamiento necesario y las posibles reorganizaciones por bajas o ausencias.
El análisis recuerda, además, que algunas contrataciones pueden beneficiarse de bonificaciones e incentivos públicos, especialmente las dirigidas a jóvenes, personas desempleadas de larga duración, trabajadores con discapacidad y otros colectivos prioritarios.
