España se encuentra a la cola de los países de la OCDE en materia de competitividad fiscal, según un informe del Instituto de Estudios Económicos
Si los contribuyentes españoles han notado recientemente que cada vez tienen que hacer un esfuerzo mayor para cumplir con sus obligaciones fiscales, son varios los datos que lo corroboran. Concretamente, para mantenerse al día con el fisco, un español debe esforzarse de media un 14 % más que un europeo y un 16,5 % en el caso de los impuestos directos. Así lo recoge un informe publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), elaborado a partir de la nueva edición del Índice de Competitividad Fiscal Internacional elaborado por la Tax Foundation. De hecho, la Comisión Europea advirtió el pasado viernes que España es el Estado miembro donde más ha aumentado la presión fiscal en la última década, con un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB entre el 2015 y el 2024. Esta evolución, añadió el organismo, está justificada «casi por completo» por el aumento de los ingresos procedentes de la tributación del trabajo o IRPF, mientras que los impuestos sobre el capital apenas han aumentado y los ingresos ligados al consumo han retrocedido.
En la misma línea, los autores del informe del IEE inciden en que España ha perdido competitividad fiscal entre el 2018 y el 2025, situándose ahora en la parte baja del ranking que realizan entre países de la OCDE, donde nuestro país se encuentra en el puesto de 34 de 38, con una puntuación de 57,9 puntos sobre 100 tras bajar cinco posiciones. Esto son 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea y 12,2 puntos menos que la media de la OCDE. Uno de los motivos a los que apunta Bruselas es que España es el único país de la UE que mantiene un impuesto sobre el patrimonio. «Las economías peor posicionadas suelen caracterizarse por una mayor complejidad normativa, una carga fiscal más elevada sobre la inversión y la presencia de impuestos que generan mayores distorsiones económicas», señalan desde el IEE. Por el contrario, los países que lideran la clasificación, como Estonia, Letonia, Nueva Zelanda, Suiza o Luxemburgo destacan por sus sistemas tributarios «más simples, neutrales y orientados a favorecer la inversión y el crecimiento económico».
Mayor recaudación
Además, mientras Europa redujo la presión fiscal en términos de recaudación entre el 2018 y el 2024, concretamente en un 0,6% del PIB, en España se situó en máximos históricos. Solamente en el último ejercicio cerrado, el del 2025, España recaudó un 10,4% más que en el período anterior, superando alcanzando la cifra de 325.356 millones de euros. Entre 2018 y 2024, la presión fiscal en términos de recaudación creció en nuestro país en 2,3 puntos de PIB.
Por otra parte, la presión fiscal normativa en España, que aproxima la carga derivada del diseño legal del sistema tributario, es casi un 17% superior a la media de la Unión Europea y de la OCDE, lo que refleja una menor competitividad fiscal en comparación con las principales economías avanzadas.
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La presión fiscal asfixia a las empresas
La presión fiscal en España también impacta de lleno en la actividad empresarial, de la que depende además un tercio de la recaudación total. En el 2024, las empresas aportaron casi el 34 % de los ingresos públicos, frente al 26 % de la UE, y su carga fiscal equivalió al 12,5 % del PIB, por encima del promedio europeo del 10,3 %.
En otros términos, entre el 2018 y el 2024 la presión fiscal empresarial en España aumentó cinco veces más que la media europea, lo que evidencia, de acuerdo con el informe, «un endurecimiento de la carga sobre las empresas que puede lastrar la inversión, la confianza empresarial y la competitividad internacional».
Otro agravante es la complejidad fiscal. España registra un Índice de Complejidad Fiscal de 114,8, casi 15 puntos por encima de la media europea, lo que añade costes administrativos y regulatorios especialmente gravosos para las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial español.
Subir el IVA turístico, un «error»
Asimismo, el informe recoge que una subida del IVA reducido aplicado a hoteles y restaurante hasta el tipo general del 21 %, tal y como propone la Comisión Europea, reduciría drásticamente la competitividad del sector turístico español, con efectos sobre la actividad, el empleo y la capacidad recaudatoria. «Supondría un error de política económica, al encarecer una actividad altamente sensible al precio, con márgenes estrechos y en directa competencia internacional como es la exportación de servicios», puntualiza el informe.
Entre el 2018 y el 2024, la presión fiscal sobre las empresas se incrementó en España cinco veces más que la media europea
Los argumentos son diversos. En primer lugar, sostiene el IEE, el IVA del turismo grava, en la práctica, una exportación, y encarecerla mediante impuestos indirectos equivale a aplicar un arancel a nuestras propias ventas al exterior. En segundo lugar, una subida de precios podría desplazar visitantes a destinos competidores, como son Grecia, Italia, Croacia, Turquía o el norte de África.
Para ejemplificarlo, el IEE se apoya en el caso de Portugal, que en el 2012 subió el IVA de la restauración y se vio obligado a revertir la medida cuatro años más tarde. «El resultado fue el cierre de establecimientos, la destrucción de empleo y un descenso de la recaudación», explican.
