l Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales acabar con el secreto salarial y obligar a las empresas grandes y medianas a informar a sus trabajadores de los criterios que tienen en cuenta para subir los sueldos. Así consta en el borrador de real decreto para garantizar la transposición parcial de la directiva europea sobre igualdad retributiva y transparencia salarial que el Gobierno presentó este miércoles a los agentes sociales, casi un mes después de que el pasado 7 de junio expirase el plazo de tres años que tenía España para adaptar la norma al derecho interno. Entre otros aspectos, el documento considera «nulas y sin efecto» las cláusulas de los pactos individuales y las decisiones unilaterales de la empresa que impidan a las personas trabajadoras revelar o divulgar información sobre su retribución, terminando así con el secreto salarial.
Asimismo, el borrador refuerza el acceso a la información de las plantillas en materia retributiva, reconociéndoles el derecho a conocer los criterios que se utilizan por parte de la dirección de la compañía para fijar los salarios y los niveles retributivos del personal. En el caso de las empresas de 50 o más trabajadores, también deberán dar información sobre los criterios de progresión retributiva, es decir, de qué factores tienen en cuenta para subir los salarios a unos empleados y no a otros.
El borrador de decreto también refuerza la transparencia salarial mediante la inclusión de nuevos contenidos a la auditoría retributiva y al plan de actuación para la corrección de las diferencias de sueldos. Asimismo, se regulan los registros retributivos y el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional.
Las empresas informarán a todo su personal, al menos una vez al año, del derecho a solicitar y recibir la información y, una vez solicitada, deberán remitirla al trabajador en un plazo máximo de dos meses.
Tras la reunión mantenida este miércoles entre los representantes del ministerio, de la patronal y de los sindicatos, los representantes de CC.OO. y UGT urgieron al Gobierno a aprobar la reforma del registro horario, que consideran clave para atajar la brecha salarial.
