El coste de las bajas ha crecido más de un 200% desde la pandemia y asciende ya a 34.000 millones

Ni los pactos con las comunidades autónomas avanzan, ni la fórmula de las altas progresivas. La ‘batalla’ del Gobierno contra el absentismo no da frutos mientras su coste aumenta a velocidad de vértigo, convirtiendo el desequilibrio en uno de los agujeros negros de la economía junto a las pensiones. Hace ya dos años que los servicios de salud de las comunidades autónomas (tienen las competencias sanitarias), la Seguridad Social y las mutuas acordaron impulsar convenios con cada autonomía para que las últimas gestionaran parcialmente las bajas vinculadas a procesos traumatológicos, siempre que el trabajador lo autorizara, y bajo la supervisión del INSS, con el objetivo último de descongestionar la sanidad pública, agilizar los diagnósticos y con todo ello rebajar el coste millonario que tiene la incapacidad temporal para el Estado y las empresas, de 34.000 millones, más de un 200% superior a la cifra que había antes de la pandemia. La sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo, más de nueve millones el pasado ejercicio.
Los efectos de esta colaboración son en estos momentos muy limitados. Sólo cinco regiones han dado el paso: Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, además de Ceuta y Melilla. La rigidez de los convenios, su burocracia y complejidad no están remando a favor de que prospere la fórmula, lo que comienza a inquietar a la Seguridad Social. No ayuda que el Instituto Nacional de la Seguridad Social actúe como intermediario. Las mutuas ya colaboraban con las regiones antes de firmar el acuerdo con el Gobierno, que impuso un acuerdo tipo igual para todas ellas, lo que ha introducido más papeleo en el proceso.
Con el nuevo sistema, un trabajador que sufra una lesión podrá elegir entre el tratamiento en el servicio sanitario de su comunidad o con la mutua correspondiente. La hoja de ruta incluida en este convenio es que si el médico de cabecera considera que el trabajador necesita pruebas o tratamientos que en la sanidad pública tardarían más, le comunica al INSS su interés en que el paciente sea atendido en una mutua. El INSS, a su vez, comunica esta petición a la mutua, además de al centro elegido y la aseguradora tiene cinco días hábiles para aceptarlo o rechazarlo. El médico de atención primaria es, por tanto, el responsable del reconocimiento de la baja y el alta médica, la determinación del diagnóstico inicial y, en su caso, de las modificaciones diagnósticas.

Sólo Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla La Mancha y Cantabria, además de Ceuta y Melilla, han suscrito acuerdos con las mutuas
Las altas progresivas tampoco han despegado. La fórmula, en principio, no gusta ni a empresarios ni a sindicatos y en estos momentos sólo se está aplicando en algunos casos oncológicos. La idea de estas altas es aplicarla en procesos de baja de larga duración (más de 180 días) derivados de determinadas patologías como procesos oncológicos, isquémicos cardiacos o accidentes cardiovasculares o traumatológicos graves. Y tanto para trabajadores que tengan una jornada completa, como a tiempo parcial, superior al 80% de la jornada ordinaria. La idea es que durante el periodo de reincorporación progresiva el empleado trabaje la mitad de su jornada habitual y perciba la parte correspondiente del salario. De forma paralela, recibe una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad por la mitad de la jornada que no trabaja.
La incorporación progresiva al trabajo se está aplicando únicamente en algunos procesos oncológicos
Mientras las medidas no despegan, el problema crece y crece. Casi 1,6 millones de trabajadores no acuden ni un solo día a su puesto de trabajo, el 7% de los ocupados. Y en una década la incapacidad temporal ha crecido un 132%, hasta superar los 9,2 millones de bajas al cierre de 2025, evolución que ha elevado un 230% los desembolsos en este periodo, con un coste conjunto de 34.000 millones para la Seguridad Social y las empresas, el segundo gasto más elevado para el organismo que paga las pensiones, además del quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios, que abonan la prestación económica entre el 4º y el 15º día, el periodo con mayor crecimiento. Estos siguen dando la voz de alarma sobre el daño a la productividad y han propuesto medidas como dejar de pagar cotizaciones sociales durante las bajas laborales o acabar con los complementos que se incluyen en los convenios colectivos, que llegan a cubrir hasta el 100% del salario del trabajador que está ausente.
El farolillo rojo se mantiene encendido. Sólo el pasado año, el desembolso en prestaciones por incapacidad temporal realizado por la Seguridad Social se incrementó en casi 2.000 millones; la factura final fue un 56% superior a la partida inicialmente consignada en el presupuesto del departamento que dirige Elma Saiz y escaló hasta los 18.413 millones, un récord.
El colapso de la sanidad pública tampoco ayuda en un proceso en el que los casos de baja por salud mental no han parado de crecer desde el Covid, principalmente entre los más jóvenes, en una carrera meteórica que ha encendido todas las alarmas. Como ya informó ABC, la estadística de AMAT, la patronal de las mutuas, refleja que las bajas por causa mental han crecido más entre los jóvenes, en las franjas de edad de entre 16 y 35 años, donde han pasado de 32.538 en 2018 a 151.310 al cierre del pasado ejercicio, un 365% más en apenas siete años.
La voz de alarma sobre el absentismo desbocado ha sido objeto de atención por diversos organismos, uno de ellos, la Airef. Esta denunció la «deficiencia estructural» de la gestión de las bajas en España y advirtió del riesgo de «prolongaciones innecesarias». Sus recetas pasan por intensificar los controles, activar avisos de forma automática o ejercer una mayor vigilancia a través de las nuevas tecnologías, además del cruce de datos para parar la sangría millonaria en prestaciones. Según sus datos, un 25% de los trabajadores coge más de la mitad de las bajas en un año, el denominado efecto «reiteración».