Posibilidad contemplada en el Estatuto de los Trabajadores

Hasta hace poco tiempo, renunciar a un trabajo en España significaba perder automáticamente el derecho a cobrar el paro. Sin embargo, ahora, gracias a lo que se conoce como “autodespido justificado“, algunos trabajadores pueden extinguir su contrato por causas graves y reclamar la indemnización y la prestación por desempleo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y se siga el proceso legal establecido.
Se trata de una posibilidad contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, el cual permite al empleado solicitar la extinción del contrato si la empresa incurre en incumplimientos graves. Por ejemplo, el impago de salarios durante varios meses, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales sin acuerdo, traslados forzosos injustificados o incluso situaciones de acoso o un entorno laboral tóxico.
Casos en los que se puede solicitar
Los motivos más comunes para un autodespido son:
- Retrasos o impagos reiterados en el salario.
- Cambios unilaterales en el horario, funciones o lugar de trabajo.
- Situaciones de acoso laboral o deterioro grave del entorno profesional.
En estos tres supuestos, el trabajador tiene derecho a solicitar judicialmente la extinción del contrato y, si el juez le da la razón, recibirá la misma indemnización que por despido improcedente (33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades), además de poder cobrar el paro.
El proceso, paso a paso
No basta con simplemente marcharse de la empresa. Este procedimiento exige seguir una vía legal:
- Reunir pruebas que demuestren el incumplimiento (nóminas impagadas, correos, informes médicos…).
- Comunicar la situación formalmente a la empresa.
- Presentar una papeleta de conciliación.
- Si no hay acuerdo, presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.
No todos los casos valen
Es esencial contar con un asesoramiento legal previo al inicio de un proceso de este tipo. No todos los motivos personales o malestares justifican un autodespido con indemnización. Solo los incumplimientos graves por parte de la empresa, y correctamente acreditados, pueden ser reconocidos por un juez como causa válida.
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Este mecanismo se ha convertido en una herramienta útil para aquellas personas atrapadas en empleos con condiciones insostenibles, permitiéndoles salir de esa situación sin renunciar a sus derechos. Eso sí, conviene actuar con rigor y, si es posible, contar con el apoyo de un abogado o sindicato.