La decisión se tomará con rapidez, ya que el Gobierno quiere aprobar el aumento de forma inminente, señalan fuentes del diálogo social
La noticia de que el Gobierno convocará una reunión el 1 de septiembre para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021, adelantada este jueves por EL PAÍS, ha satisfecho a sindicatos y preocupado a patronal, muestra del enfrentamiento en el diálogo social. La buena acogida por parte de los sindicatos no significa que no queden asperezas que limar en la negociación. UGT y Comisiones Obreras presionarán para lograr una subida que no sea simbólica ―ahora el SMI está en 950 euros al mes y 14 pagas― y, además, reprochan al Gobierno haberlo mantenido congelado durante los ocho meses de 2021. La CEOE, por su parte, se mantienen firme en su rechazo a la subida, que sigue considerando imprudente en un entorno en el que economía española todavía no se ha recuperado de la crisis del coronavirus.
“La convocatoria es positiva pero tardía, porque el salario mínimo tenía que haberse subido a primeros de año”, reconoce al otro lado del teléfono Unai Sordo, secretario general de CC OO. “Está más que contrastado que una nueva subida del SMI, en los términos en los que se mueve en España, no tiene efectos de destrucción de empleo, sino más bien al contrario”, amplía. En el bando opuesto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) defienden que un nuevo aumento puede dañar al mercado laboral. El Banco de España dictaminó el pasado junio que al alza del salario mínimo supuso un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menores salarios. “En la circunstancia actual no es el momento de hablar de SMI cuando estamos en fase de recuperación”, indicó antes de verano Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
Los tiempos de la negociación, teniendo en cuenta el objetivo que persigue el Gobierno de que la subida tenga repercusión ya en el mes de septiembre, pronostican una resolución que podría definirse el mismo 1 de septiembre. “No debería dar para mucho más”, vaticina Sordo. “La situación es clara, como mucho podrían presentarse dos alternativas y entre ellas decidir. Pero debería ser cosa, como máximo, de dos días”, añade.
A las trabas a la recuperación económica también recurrió el ala socialista del Gobierno, especialmente la vicepresidenta Nadia Calviño. Sin embargo, a tenor de los últimos datos ―el Gobierno pronostica que agosto terminará con el mismo nivel de empleo que antes de la pandemia― la ministra de Economía abrió la puerta a una nueva subida.
“No queremos una subida testimonial o estética. Con un contexto del IPC cercano al 3%, alto para lo que hemos conocido en los últimos tiempos, es evidente que la subida tiene que tener una cuantía importante tanto en este año como en el que viene”, sostiene Sordo. Su sindicato, al igual que UGT, reclama un incremento de 19 y 20 euros. Pero el Gobierno maneja cifras algo más bajas, ya que su baremo lo extrae del informe de la comisión de expertos que lo establecía entre 12 y 19. Sindicatos y Gobierno, aunque discrepen en la cuantía de la subida, coinciden en el objetivo de alcanzar al final de la legislatura, en 2023, un SMI equiparable al 60% del salario medio en España ―de entre 1.011 y 1.049 euros―, tal y como recomienda la Carta Social Europea. “Ya le hemos trasladado al Gobierno que estamos cansados, que si no hay movimiento de la subida del SMI se olviden de nosotros para negociar otras cuestiones”, ha declarado esta mañana Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en una entrevista en Radio Intereconomía.
Decisión unilateral
El Gobierno quiere alcanzar un acuerdo consensuado con los agentes sociales. Pero esto no es un requisito imprescindible, ya que está en su mano decretar la subida del SMI de manera unilateral, una circunstancia que le sitúa en posición de fuerza, algo que no agrada al resto de interlocutores. El propio Garamendi definió como “diálogo social entre comillas”, ya que, al fin y al cabo, “es el Gobierno el que decide”.
Desde que el Gobierno decidió mantener el SMI estabilizado a primeros de año, UGT y CC OO han llevado a cabo conjuntamente movilizaciones en contra de la congelación. “Queremos decirle [al Gobierno] que no ceda al chantaje ni al bloqueo de la patronal ni a la inaceptable política de la CEOE, porque se necesita mano de obra cualificada y trabajadores bien remunerados si queremos coger el tren europeo”, indicó en una de ellas Faustino Temprano, secretario general de UGT en Castilla y León.
