La Xunta porfía en la batalla contra los alquileres turísticos por habitaciones

Obliga por ley a eliminar la oferta de pisos compartidos de plataformas como Airbnb después de que se lo impidiera el Supremo.

La Xunta está especialmente interesada en evitar el alquiler por habitaciones de los pisos turísticos. Ya intentó su prohibición mediante un decreto de enero de 2017, pero se lo impidió el Tribunal Supremo el pasado octubre. Lejos de dar su brazo a torcer, el Gobierno gallego ha emprendido una modificación de la Ley del Turismo que impone multas de hasta 9.000 euros a los propietarios que comercialicen sus viviendas por habitaciones a través de plataformas como Airbnb o Booking, aunque deja abierta la posibilidad de hacerlo de la forma tradicional, bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos
Los cambios los ha introducido a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos de la Xunta, cuya tramitación parlamentaria utiliza habitualmente el Gobierno gallego para los más variopintos cambios legislativos. En este caso, se trata de introducir nuevos artículos a la mencionada Ley del Turismo, con el objetivo de blindar la prohibición que establecía el decreto tumbado por el Supremo. Así, establece que las viviendas de uso turístico solo se podrán alquilar por la totalidad del inmueble, lo que excluye contratos por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de usuarios con contratos distintos.
Las viviendas de uso turístico solo se podrán alquilar por la totalidad del inmueble, lo que excluye contratos por habitaciones
La posibilidad de alquilar por estancias queda supeditada a que no sean de uso turístico, por lo que las competencias de su regulación serán de ámbito estatal, aunque como tales no podrán publicitarse ni comercializarse a través de los canales habituales de oferta turística. La Xunta trata así de consolidar un modelo de turismo tradicional frente a la irrupción en los últimos años de los portales que conectan a anfitriones y huéspedes. El grupo parlamentario popular argumenta en la exposición de motivos de su enmienda que su objetivo es establecer un desarrollo turístico sostenible “en busca de la excelencia y la calidad” que evite el desorden.
El alquiler por habitaciones es para los populares característico de negocios ajenos a los viajeros, como por ejemplo las pensiones. “En tales casos, no se estará ante alojamientos turísticos ni ante la prestación de servicios turísticos amparados por la normativa sectorial en materia de turismo, y en garantía y protección de los derechos de los usuarios, estas cesiones no podrán promocionarse, comercializarse ni publicitarse en canales de oferta turística o por cualquier otro modo, de tal forma que cree confusión con este tipo de servicios”, señala la enmienda parlamentaria.

Vía elconfidencial.com