- PSOE y Sumar han pactado endurecer las causas y limitar la alternativa de los descuelgues
- Sánchez prometió a Bruselas no poner “obstáculos desproporcionados” a los ajustes de las empresas
La renovación de Yolanda Díaz al frente de la vicepresidencia segunda del Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social pone en marcha una hoja de ruta legislativa en su competencia a priori menos ambiciosa que la de la anterior Legislatura, cuyo hito fue la reforma laboral aprobada hace dos años. Sin embargo, sus planes para endurecer y encarecer el despido y limitar la alternativa que suponen los ‘descuelgues’, puede tener consecuencias inesperadas para la economía española, ya que podrían bloquear el pago de los fondos Next Gen por un incumplimiento retroactivo de los compromisos adquiridos con Bruselas.
Aunque la visión de ambos discrepa en varios puntos, hay puntos en los que hay un acuerdo claro: como reducir la jornada laboral a 37,5 horas o seguir subiendo el SMI para mantenerlo por encima del 60%. Son las medidas más promocionadas por el Ejecutivo, y aunque son cuestionadas por las empresas, no provocan recelos en la UE.
Pero este no es el caso del endurecimiento de la “causalidad” de los despidos, que facilitará declararlos improcedentes (y más caros) y que solo se pueda recurrir a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo si está en riesgo la viabilidad de la empresa.
Línea roja para la Comisión
A priori, parecen cambios menores comparados con la restricción a la contratación temporal, sobre todo teniendo en cuenta que el Ejecutivo ni siquiera han concretado la cuestión de las indemnizaciones de los despidos improcedentes. Pero en realidad se trata de dos pilares de la reforma laboral de 2012 que no se atrevió a tocar en la de 2021. Y la razón fue que se trataba de una línea roja para Bruselas.
La Comisión Europea y el Ecofin han aprobado la Adenda del Plan de Recuperación de España para movilizar hasta 2026 la totalidad de los fondos europeos Next Generation vinculados a su desarrollo, que ascenderán a un total de 163.000. De ellos resta por recibir 93.500, que se irán abonando repartidos en varios tramos.
En el marco de estos compromisos europeos, el componente 23 recoge las “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. Buena parte de ellas se han indo implementando desde 2021 con el visto bueno de la Comisión, aunque el desarrollo de algunas de ellas, como la reforma de los servicios públicos de empleo o de los subsidios, se vieron paralizadas por la convocatoria electoral.
Pero ese mismo acuerdo traza un límite muy claro: “los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad“. Lo incluyó además en el apartado dedicado a avanzar en las reformas de la negociación colectiva, una cuestión que señala directamente a los descuelgues que ahora se plantea endurecer.
Tal y como establece el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando reciba la solicitud española de abono de cada uno de los tramos, el Ejecutivo comunitario no solo tendrá que revisar el cumplimiento de las nuevas reformas, sino que no se hayan “revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente“.
Si se determina que se ha producido esa marcha atrás, y en función de la gravedad del incumplimiento, “se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo” recibido por nuestro país, que tendría un mes para presentar observaciones y corregir el problema. Es decir, que las alternativas son dar marcha atrás en la medida o perder los fondos.
Este riesgo ya sobrevoló la Ley de Empleo, aprobada a finales de la pasada legislatura. La norma incluyó un acuerdo con EH Bildu, para que la Inspección de Trabajo controle las causas de los despidos colectivos, lo que suponía recuperar la autorización administrativa previa de los EREs derogada por el PP en 2012.
Sin embargo, el Ejecutivo logró calmar a Bruselas gracias a la redacción ambigua de la norma y una aplicación más limitada de lo prometido, matizada por Díaz para intentar calmar a la CEOE. Por supuesto, también influyó el hecho de que el peso de la negociación en Bruselas lo lleva la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, cuyo discurso es muy diferente al de la número tres del Ejecutivo.
Continuidad en las reformas
Pero aquel equilibrio es mucho más difícil de mantener ahora cuando es el texto del acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar el que habla de revisar la causalidad de los despidos, para facilitar que sean declarados improcedentes, y limitar los descuelgues al mínimo.
Más allá de si introduce una “indemnización adicional” o no, como plantea Díaz, la combinación de ambas medidas limita la capacidad de las empresas para adaptarse, lo cual provocará más paro y judicializará el despido a niveles inéditos. Justo lo que la antigua regulación pretendía evitar. El Ejecutivo actual considera que este perjuicio se compensará gracias a los ERTEs y el Mecanismo Red, pero lo cierto es que su uso es prácticamente residual mientras los despidos se disparan.
El Gobierno lo presenta como una forma de “devolver derechos” a los trabajadores, pero el caso es que Bruselas está muy satisfecha con la reforma laboral de Díaz por su impacto en reducir la dualidad contractual del mercado de trabajo, pero también lo está con la que desarrolló su antecesora, Fátima Báñez, hace una década por la flexibilidad introducida en el empleo.
Considera que ambas normas son continuistas en el objetivo de corregir los problemas del mercado laboral, pese a algunos ‘ajustes’ introducidos por los Ejecutivos de Sánchez como por ejemplo en materia de despidos por absentismo. Pero se trata de cuestiones sobre las que ya se habían pronunciado los tribunales de nuestro país. Pero ahora se abre la puerta a una derogación explícita de una reforma estructural. Algo que Bruselas no podrá pasar por alto.
